Ollanta Humala llega a la presidencia en el 2011 presentadose como la alternativa progresista capaz de hacer una transformación social y con promesas de saldar la deuda histórica que existe con el pueblo peruano. Sin embargo, esas promesas de campaña y los acuerdos con las organizaciones de trabajadores y del campo popular, fueron traicionadas al poco tiempo de su asunción continuando con el mismo rumbo económico y político de Alan García, Fujimori y Toledo. El modelo fue trazado bajo una política “libre comercio y apertura económica” y sustentado en un modelo primario de explotación minera sujeto al acuerdo de la Asociación Transpacífico (TPP).
Los crecimientos del 6% durante los tres primeros años de su gestión no fueron suficientes para equiparar los niveles de desigualdad. El descontento y la conflictividad social son moneda corriente en Perú y la población sabe que los números macroeconómicos no son el reflejo de lo que se percibe en la cotidianidad.
La caída de los precios internacionales de los minerales y el retroceso de otros rubros de la economía impactaron en el empleo. En los primeros 11 meses de 2015, 175 mil trabajadores quedaron desocupados por la caída de las exportaciones, informaron los empresarios nucleados en la Asociación de Exportadores: “Es posible que este año cierren unas 1.681 empresas exportadoras que acumulan tres años de caídas en sus ventas”, advirtió el presidente del organismo. Las exportaciones de productos tradicionales cayeron un 17,5% y las de los no tradicionales un 8,3% durante los tres últimos años.
En algunos meses el Congreso deberá ratificar el acuerdo Transpacífico (TPP), de carácter secreto, que multiplicará la apertura de la economía, impondrá legislación internacional para la resolución de controversias con empresas, entre otros. Perú está además inmerso en las negociaciones para la firma de un Acuerdo en Comercio de Servicios (conocido como TISA), que preocupa incluso a empresarios nacionales.
En el marco de la crisis económica internacional, siguiendo este camino, el descontento actual podría transformarse en potencial jaque a la gobernabilidad actual, en un futuro cercano.
El próximo 10 de abril se efectuaran las eleciones en Perú donde se deberá elegir un nuevo Presidente en medio de una crisis institucional y de representatividad. Las elecciones llegan llenas de denuncias impugnaciones y acusaciones cruzadas por corrupción. Hasta la fecha se presentan 19 candidatos en su mayoría liberales, donde las alternativas de izquierda o progresistas deben lidiar con la estigmatización de haber acompañado a Ollanta en su llegada a la presidencia.
El escenario electoral
El escenario electoral se presenta en medio de una crisis de representatividad de los propios partidos políticos con un electorado de indecisos que supera a mas del 50% de los votantes, quienes decidirán el mismo día de la elección quien será candidato.
Las encuestas colocan a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 30 puntos de intención de voto. La candidata es hija de quien fuera presidente bajo régimen dictatorial, Alberto Fujimori. El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori disolvió el Parlamento e intervino el Poder Judicial con el apoyo de las fuerzas armadas y anuló la Constitución de 1979, reemplazada por la de 1993 (vigente hasta ahora).
En segundo lugar en las encuestas se encuentra Pedro Pablo Kaczynski por el partido “Peruanos por el Kambio” quien fuera ministro de economía en la gestión del gobierno de Toledo, para muchos sectores de la sociedad representa la extrema derecha y quien está hoy vinculado al caso Panama Papers, al igual que Keiko Fujimori.
Creciendo en las encuestas Veronika Mendoza, con el Frente Amplio, se presenta como una nueva alternativa, quien propone realizar un cambio profundo en el modelo económico. Sus propuestas están orientadas a un cambio de régimen tributario de mayor igualdad. Su programa incluye elevar el sueldo mínimo y un conjunto de demandas históricas de organizaciones de trabajadores, campesinas e indigenas.
Otro candidato que se mantiene en las encuestas, en un empate técnico en tercer lugar pero con una baja a horas de los comicios, es Alfredo Barbechea por la fuerza Acción popular. Quien presenta un programa destinado a estimular la industria nacional, y pone el acento en una transformación en inversión de obra publica y en la generación de energía. En su programa se esboza preocupación por la educación y salud publica y en gestionar el estado en forma efectiva, trasparente y moderna. Para ello propone modificaciones de fondo en el poder judicial, poner acento en la seguridad y luchar contra la corrupción. Barbechea fue diputado Aprista entre 1985 al 1990 durante el gobierno de Alan Garcia, pero renunció a su afiliación en 1988 al oponerse a la estatización de la banca. Sin proponer cambios radicalmente estructurales se presenta como un candidato moderado con aceptación dentro de la población.
Según las encuestas se ubica a Keiko Fujimori con un del 30% de intención de voto; pero este 30 % se presenta también como su propio techo que le permitiría ir a una segunda vuelta pero en una situación incomoda para llegar a la presidencia. Desde su candidatura tuvo que enfrentarse a múltiples denuncias por corrupción y movilizaciones de distintos sectores en su repudio. En la coyuntura planteada, las elecciones están abiertas para que cualquiera pueda llegar a un posible balotaje.
El mercado laboral en Perú.
La aplicación de las continuas políticas neoliberales, apertura de mercados y libre comercio desde 1985 hasta la actualidad, llevaron a una acumulación sideral de ganancias en un pequeño sector empresarial ligado a la transnacionales en detrimento de la gran mayoría de pueblo peruano. Durante el gobierno de Fujimori se estableció una reforma laboral flexibilizadora que tuvo como objetivo, en primer lugar, desmontar todas las instituciones colectivas del derecho del trabajo y poner el acento en las relaciones individuales del trabajo en desmedro de las relaciones colectivas. El resultado de mas de 20 años de reformas laborales de los 90 se reflejan en los siguientes ejes:
En primer lugar el alto nivel de informalidad laboral que llega al 60 %. De cada 100 trabajadores, 60 son informales y no están registrados en planilla, y del total de trabajadores registrados el 75% tienen un contrato de trabajo a plazo fijo o temporal. El trabajo temporal es un trabajo precario, donde los trabajadores no gozan de seguridad social vacaciones y aguinaldos, el trabajador temporal gana menos que un trabajador formal o por tiempo indeterminado y no es capacitado ya que su permanencia es tomada como como variable de ajuste en función de la rentabilidad de la empresa. Además, el trabajador temporal no puede sindicalizarse ya que pesa sobre el la amenaza de no renovar el contrato si se sindicaliza. Antes de la década de los 90 el sector privado tenia una tasa de sindicalización superior al 20%, una tasa por debajo de los países industrializados pero con un sindicalismo con capacidad de interlocución e intervención. Veinte años de políticas liberales llevaron a que esa tasa se desplomara por debajo del 5%.
En el ámbito del sector publico la tasa se encuentra actualmente en un 14%. En la ley de presupuesto vigente y la ley de servicio civil se ha puesto un candado en la ley de negociación colectiva en el sector publico, se les prohibe negociar colectivamente a los sindicatos del sector publico en materia económica (salario). Vulnerando los convenios firmados por Peru se vulnera la constitución y se ha implantado una política inconstitucional de restricción a la negociación colectiva en el sector publico, no se fomenta la negociación colectiva como establece la ley sino que por el contrario, se restringe y prohibe y se ha desatado una persecución a los árbitros que fallan a favor de los trabajadores.
Como consecuencia de la caída de la tasa de sindicalización la conflictividad social no tiene a la huelga como protagonista, también los trabajadores deben enfrentarse a una administración publica y funcionarios que ven a la huelga como algo patológico y no como la expresión de un derecho elemental. Esto no significa que la conflictividad no exista sino que se traslado al escenario donde el empresariado se siente mas a gusto, el escenario del poder judicial que es un escenario lento y engorroso, donde solo los abogados entienden los vericuetos legales, con despachos llenos de expedientes. Un proceso lento y un proceso injusto en su resultado no es solo un “mal proceso”, es un acceso a una justicia pobre para ciudadanos de tercera. Los derechos laborales, la democracia y libertad sindical desde hace mas de 20 años son continuamente violados.
Corrupción y narco-política.
El crecimiento exponencial del narcotráfico y el uso de las ganancias que genera para financiar y corromper instituciones estatales y partidos se aceleró en la última década. La prueba más burda ocurrió luego del triunfo electoral de Alan García en 2006, que durante su mandato indultó a 1.167 presos por narcotráfico agravado, una cifra inédita a nivel mundial. Según la ONU, el país se convirtió en el principal productor mundial de cocaína y pasta base de cocaína en 2012 y los vínculos entre el narco y la política ya se comparan con los de México y Colombia, aunque la violencia sea menor. Un informe de la Procuraduría Anticorrupción de 2014 comprobó que 1.699 alcaldes provinciales y distritales del país (el 92%) era investigado por distintos posibles delitos de corrupción, al igual que otros 1.755 ex alcaldes.
Según el investigador especializado en el tema, Jaime Antezana, hay al menos seis “narco candidatos”. Antezana afirmó en diciembre que la representación del narcotráfico en el próximo Congreso, que también se votará en abril, será la mayor de la historia: “Hay gente que está regalando miles de carros sangucheros y bolsas de víveres. Ese despilfarro de dinero no se puede explicar solamente por el supuesto éxito empresarial de algunos candidatos. Todo es anómalo, hay que decirle a la gente que el origen es del narcotráfico”, denunció públicamente Antezana, quien alertó también sobre el aumento de los asesinatos.
Por Nicolás Honigesz-
Fuentes:
AmericaXXI. Articulo “El fracaso de Humala”.
Telesur. Articulo “Contexto electoral en Peru”
Base de datos de la Confederación Sindical de las Américas CSA.