Centenares de personas marcharon desde Cajarmaca a Lima, unos 800 kilómetros para reclamarle al Gobierno nacional que declare el agua como derecho humano.
Centenares de personas marcharon desde Cajarmaca a Lima, unos 800 kilómetros para reclamarle al Gobierno nacional que declare el agua como derecho humano.
“Un país más justo, fraterno y solidario se ha puesto en marcha, la defensa del agua y de la Madre Tierra nos inspira, nos convoca, nos une”, dice el manifiesto de la Gran Marcha Nacional por el Derecho al Agua y la Vida, que movilizó a varios centenares de personas que marcharon 800 km desde el norandino departamento de Cajamarca, centro de conflictos por un controvertido proyecto minero, hacia Lima, la capital.
El ex sacerdote Marco Arana, dirigente del Movimiento Tierra y Libertad y uno de los impulsores de la movilización que se llevó a cabo del 1 al 10 de febrero, explicó en entrevista con el diario La República que los objetivos de la marcha eran presentar propuestas legislativas que incluyan una reforma constitucional para declarar que el agua es un derecho humano, y prohibir la minería en las cabeceras de cuencas y glaciares, así como el uso de mercurio y cianuro usados en las operaciones mineras, particularmente en la extracción de oro.
“El Estado debe garantizar el acceso al agua potable a todos sus ciudadanos”, dijo Arana.
En Lima se llevó a cabo una masiva manifestación de apoyo a la movilización. Aunque la mayoría de medios de comunicación así como voceros gubernamentales satanizaron o ignoraron la marcha, lo cierto es que la movilización “ha colocado en la agenda de discusión el tema del agua, que es importante para cualquier estrategia de desarrollo sostenible”, dijo José de Echave, integrante de la organización no gubernamental CooperAcción, que monitorea la industria minera.
Por su parte, el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, manifestó que la marcha “ha logrado el objetivo que se trazó, de sensibilizar a la opinión pública nacional sobre la importancia de proteger las fuentes acuíferas de la depredación de la actividad minera”.
Santos se refería específicamente al proyecto Conga, un emprendimiento de US$4.8 millardos para extraer oro y cobre que se encuentran debajo de cuatro lagunas ubicadas en la parte sureste de Cajamarca y que desarrollará Minera Yanacocha, de propiedad de la empresa estadunidense Newmont Mining, la peruana Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional (IFC), afiliada al Banco Mundial.
La población de Cajamarca se ha opuesto tenazmente al proyecto ubicado en una cabecera de cuenca y que pretende trasvasar las aguas de las lagunas a reservorios artificiales. Una revisión realizada en noviembre pasado por el Ministerio del Ambiente al estudio de impacto ambiental (EIA) de Conga encontró graves vacíos, incluyendo la inexistencia de un estudio hidrogeológico, indispensable para entender el funcionamiento de las lagunas, y no haber valorizado los servicios ambientales que prestan esos ecosistemas. Las masivas protestas contra Conga en Cajamarca y la defensa cerrada del presidente Ollanta Humana al proyecto —contraria a su posición durante su campaña preelectoral cuando ponía en primer lugar la defensa del agua— desencadenaron la caída del gabinete a principios de diciembre.
El proyecto -que actualmente se encuentra paralizado hasta que tres peritos extranjeros contratados por el Estado identifiquen y propongan medidas que permitan mejorar las acciones ambientales planteadas en el EIA- “pasará a la historia como el primer caso de un conflicto minero que, en el Perú y América Latina, se trajo abajo todo un gabinete y significó el giro en la orientación política del gobierno”, precisó De Echave.
(Noticias Aliadas: 22.02.2012)