El secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-Autónoma afirmó en Kenia, durante el encuentro “Transición energética justa para el Sur Global”, que hay un “agotamiento de un modelo de acumulación y desarrollo global que hoy se expone no solo injusto y depredador, sino inviable para la mera supervivencia del conjunto de la humanidad y la vida en la tierra”. Así lo expuso ante 60 dirigentes de la alianza internacional de Sindicatos por la Democracia Energética.
En su disertación en el encuentro inaugural sobre transición energética justa para el Sur Global, que comenzó este martes en Nairobi, Kenia, el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-Autónoma, Adolfo Aguirre, llamó a reconocer que “los debates, discursos y políticas en torno a la transición energética y climática no se desarrollan en un terreno neutral o vacío”, ya que “las fuerzas y actores que sostienen al capitalismo dan cuenta de una gran capacidad para adoptar y adaptar premisas de cambio vaciadas de verdadero contenido transformador”. Y citó como ejemplo al “capitalismo verde, sustentable, la transición a secas, el conjunto de mecanismos ya puestos en movimiento para legitimar la reproducción del status quo actual y de sus asimetrías”.
El dirigente habló en el panel “Energía y clima: Hacia un internacionalismo sindical integrado”, organizado por alianza internacional de Sindicatos por la Democracia Energética (TUED por sus siglas en inglés), y estuvo acompañado por Everline A. Aketch, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP); Tendai Makanza, de IndustriALL Global Union; John Mark Mwanika, del Sindicato de Trabajadores Generales y del Transporte de Uganda; y Joel Odigie de la Confederación Sindical Internacional (CSI-África). Más de 60 dirigentes destacados que representan a 27 países de África, América Latina y Asia-Pacífico participan de este encuentro que se extenderá hasta el jueves en diferentes paneles temáticos.
“El orden actual ha abrazado la crisis global y civilizatoria como una ventana para rehacerse. Ese proceso se manifiesta con distintos grados de intensidad y profundidad en la fractura expuesta de las instituciones de gobernanza global, el sistema financiero, la nueva beligerancia en la competencia entre potencias, el incremento exacerbado de las migraciones forzadas por la violencia, el hambre o el deterioro del medio ambiente, la pérdida de legitimidad de sistemas democráticos y de Estados débiles, y en la misma crisis de sentido de las identidades, lazos comunitarios y de solidaridad. No se trata de pintar un panorama apocalíptico, sino de reconocer la urgencia por buscar una alternativa”, graficó Aguirre.
Para ello “debemos emprender un esfuerzo que reúna por igual conceptos técnicos, políticos y morales, que sitúen el bienestar de los pueblos trabajadores, de las mayorías rurales y urbanas que sostienen el mismo sistema que luego hace descansar sobre sus hombros los costos, riesgos y daños”. Al respecto denunció la imposición de “deudas ilegítimas, programas de privatización, criminalización de la organización popular, degradación de sistemas de salud, educación y de trabajo”, pero consideró que “es en los saberes prácticos y colectivos de estas multitudes y en el compromiso activo de sus organizaciones que podremos encontrar las soluciones”, detalló el también referente de la Coordinación Nacional de Trabajadoras/es de la Industria (CNTI-CTAA).
En esa línea, apuntó que se necesita “responder a la fragmentación política y económica de los países con la integración regional multinivel, Estados y movimientos populares, creando marcos de cooperación para la integración de redes de transporte y suministro de energía, proyectos de inversión científica, tecnológica y de infraestructura conjuntos”.
Aguirre convocó a una “coordinación política y comunicacional entre organizaciones sindicales, sociales, indígenas, vecinales, más universidades y grupos de estudios para la democratización de la energía para dejar atrás el concepto del consumidor pasivo cuyo derecho se reduce al acceso al mercado por un esquema donde trabajadores, investigadores y habitantes tengan incidencia en la gestión y control de los usos de la energía y los impactos de esta actividad, que requiere además asimilar las diferencias entre país”.
Por eso demandó “instalar una tecnología de la justicia social frente a la tecnología del saqueo” para que se avance en “planes para la industrialización en origen de los recursos de importancia estratégica para la diversificación energética”, pero también forjar “cadenas de suministros regionales que fortalezcan el rol protagónico de los países del sur en lugar de situarlos como simple fuente de materias a extraer”. Esto requiere “un programa político que recupere las capacidades y facultades públicas para la supervisión, control, planificación y gestión de la energía”, sostuvo.
“La experiencia indica que hay movimientos ambientales y sociales con los que compartimos luchas pero que no comparten la necesidad de una política de industrial que tenga un componente extractivo. Tener capacidad de articulación será una de las tareas más importantes a futuro, a la vez que hacemos responsables a las grandes empresas que están detrás del sistema de producción y consumo que rige hoy y es el principal origen de la crisis climática”, concluyó Adolfo Aguirre.
TUED presentó para el encuentro “Transición energética justa para el Sur Global” un documento base de 85 páginas que realiza un diagnóstico de situación. “La política neoliberal insiste en que para abordar la pobreza energética es necesario que los gobiernos creen un «entorno propicio» para los inversores y promotores privados. Esta política está fracasando. En 2021, 860 millones de personas no tenían acceso a la electricidad. En la actualidad, un tercio de la humanidad carece de acceso a energía fiable. En 2017, 573 millones de personas en el África subsahariana (es decir, el 53% de la población) carecían de acceso”.
