La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos en Ecuador, de la que participa la CTA-Autónoma, denunció que “cinco personas han sido asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad” en el marco del paro indefinido que ya lleva quince días.
“De la testimonios, pruebas materiales y registro audiovisuales, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos en Ecuador afirma que hubo no solo una múltiple violación de los derechos humanos, sino también cinco personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad, con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal. Dichas víctimas son Henry Quesada, Marcelino Villa, Wairon Watatuka, Franco Iñiguez y Jon Muenala”, señala el primer informe de la comisión argentina que llegó el 23 de junio al Ecuador. Agrega que hay “más de 132 detenidos en forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta”.
Desde el 12 de junio, la Conferencia Nacional de Nacionalidades Indígenas (Conaie) realiza un paro general indefinido y la movilización en las provincias y en la capital, Quito. Su presidente Leonidas Iza —que además fue detenido al inicio de las protestas y luego liberado por la presión social e internacional— ratificó la continuidad de las medidas de fuerza hasta que el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso cumpla los 10 puntos de la agenda propuesta por la organización indígena.
La Conaie exige: reducción y congelamiento del precio del combustible; refinanciamiento de deudas por un año para el sector agrícola; control en los precios de los productos para el campo; la no precarización de la jornada laboral; revisión de los proyectos extractivistas; respeto de los derechos colectivos, como la educación bilingüe y la justicia indígena; la no privatización de los sectores estratégicos; el control de la especulación de precios; un presupuesto digno para la salud y educación y la generación de políticas públicas de seguridad.
La Misión expresó además su preocupación por las declaraciones de Lasso, quien habló este domingo en cadena nacional ratificando su intención de criminalización y judicialización de la protesta social y la continuidad de la policía y las Fuerzas Armadas en las calles “mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden”.
La Misión argentina junto a vecinos de la localidad de Pichincha
“El presidente Lasso anuncia criminalización de toda la dirigencia social en franca violación al artículo 98 de la Constitución Nacional ecuatoriana y a la normativa internacional que contempla el derecho a la resistencia”, denunció la Misión.
En diálogo con ACTA, María José Cano, directora del Departamento de Derechos de Los Pueblos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTAA), e integrante de la misión argentina en Ecuador, destacó la importancia de los dos reportes emitidos que “son la expresión de distintos testimonios recabados en territorio por la Misión y que contienen testimonios desgarradores de violaciones a los derechos humanos. No hay límites en el uso de la fuerza ante manifestantes que reclaman pacíficamente vivir de manera digna y no hay garantías para ejercer el derecho a la protesta”.
“En función de las distintas declaraciones y testimonios tomados, se observa un plan sistemático para impedir la protesta y ejercer el derecho a la resistencia como establece la constitución en Ecuador, siendo el mecanismo y la única respuesta estatal en el marco del paro nacional”, explicó Cano.
La dirigenta citó como ejemplo “la actuación de la policía nacional y el ejército en tándem y en ocasiones con colaboración de grupos civiles; la represión comienza sin mediar palabra con las personas que se encuentran manifestando pacíficamente o en un bloqueo, la utilización de gases lacrimógenos, munición anti-tumulto y proyectiles de plomo de manera horizontal y a la altura del tórax y la judicialización de líderes y lideresas sociales por luchar”.
La delegación “ha recabado dolorosos y desgarradores testimonios de víctimas, familiares, vecinos de las comunidades y ciudadanos pacíficamente movilizados, que dan cuenta de gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía Nacional en el marco del estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional”. Cano informó que “hoy continuaremos tomando declaraciones en territorio, y ya preparando el informe preliminar que presentaremos en conferencia de prensa mañana por la mañana”. 
María José Cano toma el testimonio de una víctima de la represión
La Misión está conformada por un conjunto de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, populares, sindicales y de la sociedad civil. “Es imperioso contribuir al cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en material de defensa de los Derechos Humanos. Las necesidades de los pueblos son esenciales y deben garantizarse, no desoírlas y mucho menos reprimirlas”.
El grupo está integrado por María José Cano (ATE Nacional y CTA Autónoma); Claudia Rocca (Asociación Argentina de Juristas); Juan Grabois (Patria Grande y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano); Pablo Garciarena (XUMEK Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos); Nicolás Tauber Sanz (LIBERPUEBLO); Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha); Alicia Montoya (Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores); Melisa Gargarello (FOL).
