En la Argentina salieron a la luz videos en donde se corrobora como la gestión de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires planificaba ataques a organizaciones sindicales. Eran tiempos en donde Mauricio Macri soñaba con dinamitar al emblemático Astillero Río Santiago. Por eso, los ataques de gravedad institucional a la democracia requieren el máximo de las penas.
Por Adolfo Aguirre*
Entre 2015 y 2019 gobernó la Argentina la más rancia oligarquía, un clan de empresarios inescrupulosos cuyo objetivo era saquear al país y quebrar toda resistencia popular. El Estado, que debía proteger a los actores del Diálogo Social tripartito, se ensañó con uno de ellos de manera artera hasta el punto de buscar la eliminación física. En una de esas reuniones que salieron a la luz pública recientemente, el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dijo: “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. Habló ante unas quince personas del más alto poder y nadie se inmutó. Señaló a las centrales obreras, a los sindicatos, a dirigentes y delegados, como víctimas propiciatorias de una operación política que involucró a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a empresarios y a espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Con este odio gobernó Mauricio Macri durante 4 años.
Destaco al respecto la contundente respuesta del presidente Alberto Fernández: “El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible. Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos.”
Es importante recordar, que ya en 2017 nuestra CTA-Autónoma, junto a las demás centrales argentinas, había denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “un plan sistemático de criminalización de la protesta social, estigmatización de dirigentes sindicales (incluyendo arrestos y detenciones), estigmatización de jueces, intervención, suspensión y disolución de sindicatos, denegación de sus registros, restricciones al cobro de la cuota sindical, apuntando a un reforma laboral regresiva para ofrendarla a las corporaciones económicas y que logramos frenar con las movilizaciones en la calle. Actos como estos buscaban desacreditarnos frente a la sociedad, para luego encarcelarnos y someter a nuestras organizaciones al chantaje y a la pérdida de derechos. Constituían una verdadera organización mafiosa entre funcionarios, jefes de gobierno, agentes de inteligencia, funcionarios del Poder Judicial y patronales, junto a la complicidad de sectores de la prensa hegemónica”.
La filmación de la reunión entre integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), funcionarios de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, hoy diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires; el intendente de La Plata; empresarios de la construcción; y funcionarios judiciales demuestra cómo se acordaban estrategias de persecución y criminalización contra el mundo sindical.
El caso Astillero
El Astillero Río Santiago (ARS) es uno de los más importantes de América Latina. Fue fundado en 1953 durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Su tarea es vital en el área naval y de defensa nacional. Sus trabajadores han protagonizado luchas heroicas en defensa del patrimonio de todos los argentinos, y la solidaridad de la clase trabajadora en su conjunto y de las organizaciones ha sido vital. Nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTAA) y en la Coordinación Nacional de Trabajadoras/es de la Industria (CNTI-CTAA) han luchado y han vencido.
Cuando Macri dijo “habría que dinamitar el Astillero Río Santiago” fue contundente la respuesta obrera, de nuestra ATE, de nuestra CTA-A, de la comunidad y organizaciones hermanas. Como recordó Francisco «Pancho» Banegas, secretario general de ATE Ensenada y ARS y coordinador de Industria Naval de la CNTI: «Vinieron por nuestras conquistas y una gran resistencia hizo que podamos defendernos. Había un plan y en función de eso nos atacaron. La campaña era poner a los trabajadores en contra nuestra y eso hacían. Hubo un ataque sistemático a las organizaciones. Tenían que ir por la organización gremial porque era la única manera de cerrar al Astillero».
Esto debe alertar a las organizaciones sindicales no solo en Argentina, sino también en el resto del mundo, se trata de una operación que incluye no solo la pata judicial, sino también la mediática y la financiera al servicio de las empresas multinacionales. Un entramado para destruir a quienes organizan a la clase trabajadora. Como bien lo explica Pancho Banegas: “Esta persecución, después de la del año 76, fue la peor. Ni siquiera la de los 90 tenía una connotación de este tipo, y ver que un ministro que llamaba a dialogar, que decía que iba a resolver los problemas consensuando pasó a querer armar una Gestapo. Eso es muy repudiable y es una actitud que la Justicia no puede dejar pasar, que debe investigar en serio y que todas las causas que nos armaron se deben caer. Nos hacían seguir con autos negros, sacaban fotos frente a la organización gremial, siempre han buscado intimidar la resistencia de los trabajadores”.
Recordemos que en 2018 el fiscal del Crimen de La Plata, Marcelo Romero, alfil del procurador Julio Conte Grand, inició una causa trucha contra Fransisco Banegas y Oscar de Isasi, secretario general de ATE y CTAA provincia de Buenos Aires por la “toma” del Ministerio de Economía bonaerense, cuando en realidad fue una permanencia pacífica, es otra prueba de la criminalización, cercenar el derecho de manifestación. Por eso, ambos, duramente perseguidos durante la era Macri-Vidal, hoy son querellantes en la causa de la “Gestapo Antisindical”.
Como bien afirma de Isasi: “Esta es la prueba fílmica de la intención que tuvieron los gobiernos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri de perpetuarse en el poder para transferir riquezas generadas por trabajadoras y trabajadores a los grupos más concentrados. El ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, muestra con mucha claridad cuál es la estrategia desde una concepción neonazi, como el mismo lo dice, que sería capaz de crear una Gestapo para destruir las organizaciones sindicales. Para ellos, estas son un verdadero obstáculo para que en la Argentina se instale lo que ellos llaman progreso entre comillas, que se trata de la apropiación de la riquezas en pocas manos”.
El objetivo del macrismo era quebrar a la organización sindical para luego cercenar derechos laborales y flexibilizar al máximo destruyendo así las conquistas. El sueño final era el cierre del Astillero. Para eso se reunían, para armar causas judiciales truchas y luego operarlas en los medios de comunicación hegemónicos.
Este método criminal no fue solo argentino, en Brasil también operó una “mesa judicial” que llevó a la cárcel al ex presidente y líder sindical de la CUT, Luiz Inacio Lula Da Silva. Su propio verdugo, el juez Sergio Moro, quien además tiene aceitados vínculos conspirativos en Estados Unidos, y es candidato presidencial, admitió esta semana que esas causas fueron solo un instrumento para perseguir al Partido de los Trabajadores (PT).
La Gestapo fue la policía secreta de Hitler. Es decir, el macrismo pretende el exterminio de sus enemigos, en este caso, de su única barrera para un país sin derechos laborales, las organizaciones sindicales. Y es una advertencia, porque no dudarán en la violar leyes y manipular a la opinión pública para desprestigiar al objeto de su odio.
Lamentablemente, no se trata de un caso aislado. Macri y sus secuaces empresariales, judiciales, políticos y mediáticos bregan por una agenda antisindical y sin derechos a escala continental.
*Secretario de Relaciones Interncionales de la CTA-Autónoma y Coordinador General Nacional de la CNTI.