La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó su más reciente Nota Técnica bajo el título “Empleo e informalidad en América Latina y el Caribe: una recuperación insuficiente y desigual”. En ella da cuenta de la frágil situación que atraviesa el mundo del trabajo, golpeado por el impacto social y económico de la pandemia de COVID-19, la reducción de la actividad, el desempleo y un marcado incremento del trabajo informal y precario. Nadie es ajeno a esta angustiante realidad y los desafíos que presenta. Especialmente los trabajadores y trabajadoras de nuestra región, quienes más han cargado con los costos de la crisis sanitaria, económica y la ofensiva empresarial que busca aprovechar el contexto para afianzar un modelo que hace de la vida humana un bien descartable, presionando por la flexibilización y desregulación a costa del respeto de derechos fundamentales.
Igualmente, los cambios en el mercado de trabajo han influido en la informalización del empleo incluso en el marco de empresas y actividades formales con fuerte impacto en las actividades sindicales. Resulta fundamental también analizar y diseñar medidas de prevención desde la perspectiva sindical que contribuyan a la prevención de destrucción de empleos formales y que luego se establecen en el marco de la informalidad, tomando como base las disposiciones de la Recomendación 204, en el marco de las políticas públicas y la adopción de normas dirigidas a la prevención de la informalización.
La Recomendación 204 de la OIT, adoptada en 2015, reconoce la alta incidencia de la economía informal como un obstáculo para los derechos fundamentales de los trabajadores, con especial impacto en los déficits de protección social y de trabajo decente. Este fenómeno genera un círculo vicioso de impacto negativo que incide también en las capacidades para lograr un desarrollo inclusivo porque dificulta el impulso a las empresas sostenibles, la captación de ingresos públicos y la consistencia de las políticas económicas, sociales y ambientales.
Sin embargo, junto a los desafíos, este escenario también trae consigo enseñanzas que resaltan la urgencia de transformar el modelo económico, comercial y financiero global vigente. Además de señalar las responsabilidades donde se debe, corresponde abrir y fortalecer los espacios para la representación y participación de los trabajadores y trabajadoras junto a sus organizaciones en las instancias de consulta, debate y toma de decisiones.
Solo así, cualquier diseño de estrategias y políticas podrá incorporar las necesidades y experiencias de quienes día a día sostienen la actividad y producción mundial para ofrecer una salida integral que no sea a costa del bienestar de la clase trabajadora. Para ello, la formación, el debate, la organización y la solidaridad son imprescindibles, tanto al interior del movimiento sindical como en diálogo con otros actores sociales e institucionales. Es necesario tomar y profundizar la legislación y compromisos actuales como base para un nuevo modelo con centro en el bienestar y derechos de las personas, de cuya construcción todos los actores sociales e institucionales que intervienen en el mundo del trabajo han de ser responsables.
Resaltamos los esfuerzos y logros que desde la CTA-Autónoma han podido impulsarse para defender el trabajo digno frente a cesantías y despidos. También el empeño por incorporar a más trabajadores y colectivos dentro de nuestras herramientas organizativas, fortaleciendo las condiciones desde donde defender y ampliar derechos. Igualmente, queremos destacar lo obtenido a partir de la coordinación con ACTRAV-OIT, con quienes estamos abordando el estudio y debate en torno a la informalidad laboral a fin de poder generar estrategias efectivas que cuenten con el protagonismo sindical para poder fortalecer el respeto por los derechos y condiciones que hacen a un trabajo digno.