El pasado 26 de mayo tuvo lugar un encuentro de debate y discusión organizado por ACTRAV OIT con la participación de centrales sindicales de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Panamá, El Salvador, Uruguay y representantes de la Internacional de Trabajadores de la Construcción. En representación de la CTA Autónoma participó Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad a nivel nacional. Por parte de la OIT, participó Maribel Batista, Especialista Principal de Actividades para los Trabajadores, quien realizó las palabras de apertura.
Maribel Batista felicitó al PITCNT por la iniciativa de proponer esta reunión. Recogió las palabras de Guy Ryder, el director general de la OIT, en cuanto a que el COVID-19 es la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial, la pandemia sigue afectando gravemente a la salud pública y causando perturbaciones sin precedentes en las economías y los mercados de trabajo.
A continuación añadió: “desde que el 31 de diciembre se notificó El primer caso de Covid-19 en la ciudad de Wuhan, Chila el virus se ha esparcido con rapidez por toda la Tierra, alcanzando ya más de 5.244.728 casos y más de 338.837 fallecidos. El virus se expande por América Latina, la región acumula más de la mitad de los contagiados en el mundo, con 657.000 casos confirmados, la OMS señaló que la región, y sobre todo Sudamérica, es el nuevo epicentro de la enfermedad.
Esta pandemia ha tenido un profundo impacto en el mundo del trabajo, la OIT estima que para mediados de año habrá una pérdida equivalente a 305 millones de puestos de trabajo en el mundo, pero también ha revelado de la manera más cruel, la extraordinaria precariedad y las injusticias de nuestro mundo laboral. Se trata de los agujeros enormes de los sistemas de protección social, incluso de los países más ricos, que han dejado a millones de persona en situación muy precaria. Se trata de la falta de garantías de seguridad en el trabajo, que cada año condena a casi tres millones de personas a morir debido al trabajo que realizan. Y se trata de la dinámica incontrolada de la creciente desigualdad que hace que, si en términos médicos, el virus no discrimina entre sus víctimas, en su impacto social y económico, pero si discrimina brutalmente a los más pobres y vulnerables.
Dentro los más pobres y vulnerables se encuentran, trabajadores de la economía informal, sector donde muchas personas con discapacidad logran incorporarse a actividades productivas, pero también están los migrantes, las trabajadoras domesticas, les mujeres y los jóvenes. Las personas con discapacidad representan el 15% de la población mundial. Alrededor del 80 por ciento están en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente, es con frecuencia denegado. Las personas con discapacidad, en particular las mujeres con discapacidad, se enfrentan a enormes barreras actitudinales, físicas y de la información que dificultan el disfrute a la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. En comparación con las personas sin discapacidad, las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social insuficiente -la cual es clave para reducir la pobreza extrema”.
Batista culminó su exposición diciendo que “la crisis del COVID-19 es nueva. Exige que todos actuemos, interactuemos y nos comuniquemos de manera diferente a la que conocemos. No obstante, las desigualdades agravadas por el impacto del COVID-19 sobre las personas con discapacidad no son nuevas. El riesgo que acarrea la respuesta a la crisis actual es que las personas con discapacidad se queden, de nuevo, atrás. La buena noticia es que ya sabemos lo que funciona. Principalmente, necesitamos justicia social, inclusión efectiva, igualdad de oportunidades y trabajo decente”
Transcribimos a continuación la intervención de Ferreres, quien puso de relieve la necesidad de “pensar y actuar sobre la problemática de la discapacidad considerando especialmente la situación económica de país, la mirada de los trabajadores y del conjunto de la sociedad sobre las personas con discapacidad (PCD) como sujetos productivos, como trabajadores/as.
La pandemia provoca el derrumbe de las economías de los países y produce desocupación, despidos, más precarización laboral. Las paritarias desaparecieron y muchos trabajadores no reciben su salario. Los cuentapropistas y los no registrados están en una situación desesperada. Los cálculos más optimistas hablan de un 30 % de desocupación. post- pandemia.
Vivimos un panorama mundial tan catastrófico como imprevisible, donde grandes jugadores como EEUU y Brasil han optado por negar o menospreciar la pandemia y cargar con miles de muertes innecesarias mientras otros han actuado a tiempo como es el caso de China. Cada uno hizo sus apuestas para buscar un mejor posicionamiento post pandemia en la economía mundial.
Las deudas de los países agudizan la crisis impidiendo una economía de desarrollo en procura de los ingentes intereses que se deben afrontar. este condicionamiento limita la creación de nuevos puestos de trabajo. Se prevee menos consumo y los países más ricos cerrarán sus economías dejando a la deriva a los países emergentes proveedores de materias primas sin valor agregado.
En este sentido, los sindicatos deberán negociar desde una posición mucho más débil que la pre- pandemia para proteger salarios y evitar despidos. El sector empresarial no ha demostrado solidaridad social y su única preocupación es su capital y la forma de reproducirlo. En la argentina se dedicaron a la timba financiera y con el gobierno de Macri, tomaron la mayor deuda en nuestra historia y fugaron prácticamente todo el capital que nos fuera prestado. Esa deuda ahora es de los trabajadores y del conjunto del pueblo. Pretenden que la crisis la paguemos los trabajadores con nuestro salario, con el desfinanciamiento del sistema educativo, el de salud y el de la seguridad social. Además de condicionar el desarrollo productivo del país, se niegan a contribuir con un impuesto a las grandes riquezas. Al declararse la cuarentena privilegiaron la economía a la salud, despidieron trabajadores aún cuando estaba prohibido y aún cuando reciben parte de los salarios pagados por el estado.
Mientras tanto, el gobierno no llama al consejo del salario y la producción para discutir juntos cuáles son las soluciones. Hace algunas semanas dirigentes de la CGT y de la UIA acordaron una rebaja del salario de los privados suspendidos de sus trabajos durante la cuarentena en un 25%. Y aún así no lo cumplen, no lo pagan.
Ante este panorama, nuestra CTA Autónoma reclama paritarias libres, la convocatoria a la mesa de diálogo social y al consejo del salario mínimo vital y móvil, con participación de las organizaciones sociales. Simultáneamente, estamos articulando con otros sectores para apoyar el impuesto a las grandes riquezas para financiar un modelo más justo, para que pueda comer el conjunto del pueblo. El gobierno ha tomado varias medidas de política social y económica de ayuda que significaron movilizar grandes sumas de dinero, a través por ejemplo del Ingreso Familiar de Emergencia o la Tarjeta Alimentaria, así como aumentos en las transferencias ya existentes.
La pregunta es cómo encarar el trabajo decente para las PCD en este contexto: creo que se impone la capacitación de nuestros delegados/as y paritarios/as. El último congreso de la CTA Autónoma, en el mes de diciembre del año pasado, hizo suyas las conclusiones aprobadas en el último seminario del Cono Sur organizado por la OIT como por ejemplo la inclusión en los Convenios Colectivos sobre los derechos de las personas con discapacidad al trabajo, entre otras. De la misma manera, todas las audiencias y reuniones de nuestra dirigencia con las autoridades del gobierno, ministros y con el presidente hacen eco de estas demandas y de la problemática de discapacidad. La cuarentena no nos permite manifestarnos en las calles, por lo cual como sindicalistas debemos encontrar otras vías de discusión, debate y visibilización de nuestros reclamos. Debemos aprender a dar pelea vía Zoom.
Es necesario que avancemos paralelamente en campañas de concientización social para que no solo los trabajadores afiliados a sindicatos sino toda la sociedad, perciban a las PCD como seres capaces de producir riqueza, como trabajadores y como personas con sus necesidades específicas. En este camino debemos trabajar juntos a nivel nacional y transfronterizo. Por eso adherimos a la propuesta de una Movilización global el 3 de diciembre, día internacional de las PCD. Asimismo, nuestra CTA propone la realización de una reunión intermedia para la segunda mitad de septiembre, donde evaluemos juntos la situación post pandemia y los nuevos desafíos de los trabajadores/as en procura del trabajo decente para las PCD”.
Como producto de este encuentro se elaboró también declaración conjunta suscrita por los participantes de este primer encuentro regional que será finalizada próximamente. En ella se incluye la previsión del impacto particular que el COVID19 tendrá para la PCD, inclusive aumentando el número de ellas. Asimismo, se plantea un enfoque propositivo para un cambio sistémico en instituciones públicas y privadas, para la inclusión de las PCD y también su igual trato.
A continuación reproducimos la declaración completa:
