Las Confederación Sindical Internacional, su par en las Américas y organizaciones del mundo advirtieron que “reclamar derechos no es delito”.
El 13 de junio la justicia condenó a Olga Reinoso a tres meses de prisión en suspenso y a Alejandro Garzón a 9 meses, con dos años de trabajo comunitario de dos horas por semana a ambos. El delito, ya obsoleto, contemplado en el artículo 194 del Código Penal, se refiere al perjuicio provocado al normal funcionamiento del transporte Público.
“Se castiga a los sectores vulnerables de la sociedad y a aquellos dirigentes que hemos puesto el cuerpo por los trabajadores, dando total impunidad a quienes llevan adelante el macabro plan económico de la mano del FMI y las corporaciones para empobrecer y dejar sin posibilidad de reacción al campo popular. Nuestro único delito ha sido defender a los trabajadores como dirigentes sindicales en momentos críticos que vivía nuestra provincia.”, expresó Garzón.
En tanto que Reinoso dijo que “siguen condenando y criminalizando la protesta social, prefieren debatir si hay una o dos cubiertas en la ruta, que discutir el hambre, los tarifazos y la quita de derechos”, en este sentido “no se ha contemplado a la organización”.
«Recordamos que el juez actuante es el primer magistrado en intervenir en el Caso Maldonado y fue removido por mal desempeño, cuando se develó su parcialidad, por lo que “ante semejantes antecedentes también apelaremos todo este disparate”, sentenciaron los dirigentes santacruceños.
Apoyos internacionales
La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 207 millones de trabajadores en 163 países y su afiliada regional, la Confederación Sindical de las Américas (CSA), repudiaron la persecución judicial “contra los dirigentes de la CTA-A y ATE, Olga Reinoso y Alejandro Garzón, y exigieron que “no se criminalice la protesta social” ya que “reclamar derechos no es delito”.
Asimismo, la Red Internacional de Solidaridad y de Luchas, que agrupa a organizaciones en América, Europa, África y Asia, repudió la «criminalización de la protesta en Santa Cruz» contra ambos dirigentes.
Desde España las centrales obreras USO, la Intersindical Valenciana y la CUT de Aragón enviaron la «solidaridad con los compañeros encausados” y rechazaron el accionar de “esas autoridades que castigan a los trabajadores, los reprimen, censuran y persiguen tanto a ellos como a sus sindicatos».
Desde el País Vasco, LAB expresó un contundente: «Stop a la criminalización de la acción Sindical. Solidaridad para desenmascarar el modelo neo-liberal, ultra-derechista y autoritario del gobierno de Mauricio Macri». En tanto que la central mayoritaria de esa región, ELA, dijo que esta condena es un «ejemplo de la creciente criminalización de la protesta social y revela el modelo represivo instaurado en Argentina por Mauricio Macri».