Desde junio del pasado año, MERCOSUR y EFTA, la Asociación de Libre Comercio Europea integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza nacida en 1960, han entablado conversaciones para negociar un acuerdo de libre comercio. La última ronda de negociaciones ha tenido lugar en julio de este año, pero el secretismo y la falta de transparencia han primado desde el inicio respecto al contenido del acuerdo y su información a la sociedad civil en general.
En el contexto general de un cuestionamiento al libre comercio y el escaso éxito de la política exterior del Gobierno Nacional -sintetizado principalmente en la reanudación y posterior estancamiento de las negociaciones para un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el MERCOSUR-, un acuerdo de libre comercio con la EFTA podría ser para la administración de Mauricio Macri una “buena señal” en el mar de desconcierto que prima a escala mundial en lo que atañe al comercio y las disputas entre EEUU, Rusia y China por controlar porciones cada vez más grandes de dichos intercambios.
A su vez, “desbloquear” un acuerdo de libre comercio con EFTA, le serviría al MERCOSUR como antecedente para reimpulsar las negociaciones con la Unión Europea. De hecho, a partir de la escasa información disponible, sabemos que la estructura y capítulos de ambos acuerdos son prácticamente idénticos, teniendo secciones de inversiones, compras públicas, indicaciones geográficas, reglas de origen, aranceles a productos industriales, entre otros elementos destacados. En suma, esta todo dado para que con tal de mostrar un “éxito” en política exterior, el gobierno nacional argentino firme lo que sea tanto a nivel de EFTA como en lo que atañe a las negociaciones con Unión Europea. El problema es que en el medio estamos los trabajadores y trabajadoras, nuestras condiciones de trabajo y la puja por soberanía y vida digna.
Tal como sucede con las negociaciones con Unión Europea, además de la falta de transparencia, nos topamos nuevamente con la ausencia de estudios de impacto no sólo en términos del saldo para la balanza comercial, sino también en lo que hace a su sostenibilidad y a DDHH fundamentales como son la soberanía alimentaria y la salud.
Actualmente, según los propios datos que ofrece EFTA, Argentina comercia principalmente con Suiza y la balanza es desfavorable para nuestro país: las importaciones desde Suiza son alrededor de cuatro veces mayores a las exportaciones desde nuestro país. Ello se debe principalmente a que lo más atractivo que Argentina tiene para ofrecer en términos de exportaciones -productos agrícolas-, encuentra fuertes barreras para el ingreso a Suiza por la protección de la que gozan la pequeña industria de los productores campesinos en el país europeo y las restricciones al uso de semillas genéticamente modificadas, que en Argentina son más laxas. Por ello mismo tampoco parece haber grandes posibilidades de mejorar este saldo con un acuerdo de libre comercio.
De hecho, tal como sucede con las negociaciones entre MERCOSUR y Unión Europea, los mayores peligros que implicaría la concreción de un acuerdo de libre comercio con EFTA giran en torno a la destrucción de empleos en la industria, con particular impacto en las PYMEs, en gran medida como consecuencia de la reducción de aranceles que actualmente se encuentran fijados, mayoritariamente, en el 35% Eso a su vez empujará a una mayor precariedad en las condiciones laborales y baja de los salarios en los empleos que se conserven, como modo de abaratar costos por parte de los empleadores. Se trata de historias por demás conocidas para los trabajadores y trabajadoras de la región y que aparecen con cada oleada neoliberal.
Por otra parte, observamos la presencia de cláusulas que favorecen el trato igual de empresas extranjeras respecto a las nativas para lo que hace a compras públicas. A ello se añade también que establece estrictas defensas a los derechos de propiedad intelectual y patentes, algo que pone en jaque a la industria farmacéutica nacional y sobre todo a sus consumidores en cuanto a costos y acceso a medicamentos genéricos. En último lugar, están abiertas al debate aún las condiciones respecto a las indicaciones geográficas de los productos que integrarán las ofertas y las reglas de origen que deberían impedir la triangulación de productos desde otros mercados a través de un re-etiquetado.
Pero incluso el acuerdo más beneficioso para MERCOSUR y en particular para Argentina, no ofrecería más que beneficios orientados a profundizar un modelo económico primarizado basado en la exportación de productos agrícolas, cuyos cimientos y sostenibilidad ambiental -por el uso intensivo de suelos y la deforestación que implica- son bastante endebles, como da sobradas muestras la fragilidad que vive nuestro país en la medida en que los precios de los commodities caen.
De esta manera, el panorama para los trabajadores y trabajadoras, pero también para el pueblo en su conjunto en el Sur es bastante sombrío: el acuerdo podría poner en jaque la defensa de industrias estratégicas, aumentar la precariedad laboral, destruir empleos y empresas pequeñas y medianas y atacar el derecho a la salud y la soberanía alimentaria, todo ello en contradicción evidente con los compromisos de los Estados de MERCOSUR en cuanto a normativas internacionales tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de NN.UU. y los convenios de la Organización Internacionales del Trabajo.
Por todo ello -y ante una próxima ronda de negociaciones entre el MERCOSUR y la EFTA en noviembre-, como trabajadores y trabajadoras del sur expresamos nuestra exigencia en primer lugar por transparencia en las negociaciones de cualquier tipo de acuerdo. Consideramos que es indispensable que todo acuerdo incorpore una cláusula relativa a mecanismos de control que garanticen trabajo decente, respeto de DDHH fundamentales y sanciones vinculantes para quienes incumplan estas cláusulas, especialmente empresas transnacionales.
*Por Adolfo Aguirre, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma