En septiembre de 2015 en la sesión de la septuagésima Asamblea General de las Naciones Unidas, el entonces Presidente Rafael Correa, hizo un llamado a los países del mundo para crear un Tratado Vinculante que sancione a las empresas transnacionales que vulneren los derechos humanos.
“Ecuador hace un llamado a los Estados miembros a participar en la elaboración de un Tratado Vinculante para sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los derechos humanos o cuando atenten contra la naturaleza”, expuso Correa. Tres años después, el Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución de respaldo al Tratado Vinculante de La ONU sobre transnacionales y derechos humanos que acabará con la impunidad.
La resolución insta a la Unión Europea a apoyar el instrumento vinculante de la ONU sobre multinacionales y Derechos Humanos. La votación obtuvo 301 votos a favor, 288 en contra y 17 abstenciones. En la semana del 15 al 19 de octubre, se decidirá en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el contenido del instrumento vinculante que pretende obligar a las empresas transnacionales a cumplir con el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos.
El sindicalismo congregado en la Confederación Sindical de las Américas junto a movimientos sociales y diversas expresiones de la sociedad civil viene apoyando y trabajando para la sanción de un Tratado Vinculante que responsabilice a las corporaciones transnacionales por ataques a los derechos humanos. Este es un proceso que se debate desde hace años en Naciones Unidas y que ha recibido múltiples ataques e intentos de boicot por parte de la derecha.
El pronunciamiento del Parlamente Europeo, a pesar del voto en contra de la derecha, es un suceso que consigna un avance en la defensa de los derechos de los pueblos frente al poder corporativo. Adolfo Aguirre, Sec. de Relaciones Internacionales evaluó que «aun queda un largo camino por recorrer a nivel de la presión en las instancias internacionales de Naciones Unidas. Saludamos esta noticia y tenemos el firme compromiso de seguir trabajando para que las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidos por transnacionales encuentren justicia.»
Aún queda por ver si la Comisión Europea y el Consejo de la UE deciden ignorar una vez más las resoluciones del Parlamento o respetan el llamado de los pueblos que dice que ya es hora de pasar a la ofensiva y lograr un Tratado Vinculante que obligue a las multinacionales a respetar los DDHH y la soberanía de los países.
¿Por qué un Tratado Vinculante?
A nivel global, las corporaciones intervienen en operaciones que resultan en contaminación y degradación ambiental, acaparamiento de tierras, uso de trabajo esclavo, amenazan el acceso a medicamentos y los servicios públicos de salud, no respetan las normas laborales, y en casos de violencia contra personas y defensores de derechos humanos, entre otras. Las corporaciones deben responder por estos abusos. Existen actualmente una serie de vacíos regulatorios, algunos de ellos asociados a que las corporaciones operan a nivel internacional, mientras que las leyes que las regulan tienen un carácter nacional. En este contexto de impunidad, las corporaciones cooptan fácilmente a las instituciones nacionales e internacionales. Los tratados de inversiones y comercio firmados por los Estados garantizan a las empresas transnacionales amplios derechos, privilegios y la posibilidad de obtener ganancias; pero no existe una regulación internacional correspondiente para que los Estados garanticen que las operaciones de las corporaciones sean realizadas sin incurrir en abusos a los derechos humanos y ambientales. La introducción y reglamentación de obligaciones nacionales e internacionales es necesaria para que los Estados puedan por fin cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos y ambientales frente a las actividades dañinas de compañías transnacionales y otras empresas.
El nuevo instrumento jurídicamente vinculante debería ser un paso adelante en la promoción y protección de los derechos humanos, construido sobre esfuerzos previos, y establecer un marco complementario con los instrumentos internacionales existentes de derechos humanos. Un conjunto de obligaciones y mecanismos de aplicación son el próximo paso lógico y necesario en este proceso que comenzó hace ya algunas décadas. El tratado debe estipular la primacía de los derechos humanos sobre los derechos y privilegios de las corporaciones creados en el marco de los tendenciosos e injustos acuerdos de comercio e inversión. Debe establecer también un marco jurídico internacional sólido de rendición de cuentas de las corporaciones que garantice el acceso a la justicia a las comunidades e individuos afectados y que ponga así fin a la impunidad empresarial. La cooperación internacional entre Estados debe ser fortalecida a fin de responder a estos desafíos regulatorios a nivel global.
