Terminada la primera semana de una Conferencia que comenzó conmovida por los atentados de Londres, luego fortalecida por las palabras del presidente Uruguayo Tabare Vázquez defendiendo la Negociación Colectiva y el Derecho de Huelga y la retirada del gobierno argentino de la sala, luego se fue diluyendo por la negativa de los empleadores de avanzar en derechos y más justicia social.
En la Comisión de Migración Laboral, la CTA-A estuvo representada por su secretario Gremial Daniel Jorajuría, quien de arranque planteó que esta comisión abordará un tema que ya abarca a casi 250 millones de personas y si no paramos las desigualdades seguirá creciendo. Jorajuría lamentó profundamente que no estén presentes y no se pueda escuchar la voz de los migrantes que mucho podrían haber aportado a la solución.
«Vengo de una Central donde este tema ha estado siempre en su agenda. Cambió su nombre para incluirlos sindicalmente, soy migrante en la Argentina, represento la CTA-A donde tengo un cargo de conducción. Trabajamos junto a la CCSCS, en los Organismos Sociolaborales del Mercosur para lograr los acuerdos de residencia y los acuerdos multilaterales de la seguridad social y el plan de libre circulación entre los países de la región», dijo Jorajuría.
Luego agregó: «sabemos que ellos son los que más sufren la discriminación, la xenofobia, la explotación, el trabajo forzoso y la violencia laboral. Por esta razón hemos trabajado con las centrales sindicales de los países que tienen mayoría de migrantes en la Argentina, Bolivia y Paraguay firmando acuerdos de cooperación y solidaridad, fundamentalmente para la inserción laboral en un marco de igualdad y no discriminación». Este pedido lo entregó por escrito a la comisión los acuerdos.
Asimismo en la comisión ratificó el pedido del derecho a la libre circulación de las personas, el derecho a migrar, a no migrar, a permanecer o a retornar libremente, y agregó: «ante cualquier intento de restricción o penalización decir: que nadie es ilegal, que ningún trabajador es ilegal. En cualquier parte del mundo que se encuentre un trabajador es un trabajador y punto, con toda la protección que estas normas le dan».
Por último hizo un llamado a la OIT para que instrumente todos los mecanismos necesarios para que se garantice en el mundo la ratificación de los convenios 97 y 143. «Que frente al Pacto Mundial sobre Migrantes de Naciones Unidas para el año 2018, la OIT juegue un papel fundamental llevando toda la normativa que hemos alcanzado en este ámbito y no sufrir ningún retroceso».
Por su parte, Victor Aramayo de FESPROSA participa en la Comisión de Empleo y Trabajo Decente para la transición a la paz. Durante la reunión intervino sobre la Cooperación Internacional en Situaciones de Crisis, proponiendo que la asistencia para el desarrollo y que la inversión no se limite sólo al sector privado, sino incluir al sector público ya que éste es el primero que reacciona y se compromete ante las crisis, ya sea por desastres naturales, económicos y/o guerras con migraciones o desplazamientos internos.
Esta posición fue apoyada por Colombia, Costa Rica , España y República Dominicana. «Que toda ayuda internacional debe ser canalizada por los gobiernos con participación de los beneficiarios en su distribución», afirmó.
Asimismo hizo referencia a la fusión publico-privada, poniendo como ejemplo «la cobertura universal de salud» que pretende implementar el gobierno argentino, caracterizándolo como una estafa a la población, desarrollando este concepto».
A su vez, Maria Fernanda Boriotti, Secretaria General de FESPROSA, en la Comision de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo sostuvo que en el actual contexto complejo a nivel mundial, los procesos de ajuste de los gobiernos traen aparejadas políticas de flexibilización laboral, mayor precarización,y acciones antisindicales.
En esta linea explicó que el caso de Argentina es un ejemplo sostenido en el tiempo, con violación del convenio 87 y 98 de la OIT, desoyendo las condenas y advertencias. También hizo hincapié en reiteradas intervenciones, sobre la omisión en la Conferencia del derecho a huelga.
En referencia al impacto de estas políticas de ajuste en el sector salud, planteó la direccionalidad hacia la perdida de la salud como derecho, y la necesidad de impulsar las resoluciones de la reunión tripartita de abril pasado, sobre «la mejora del empleo y las condiciones de trabajo en el ámbito de los servicios de salud», ya que incluyen los ejes centrales de esta comisión: salud y seguridad en el trabajo; trabajo equitativo; igualdad de genero; diálogo social; negociación colectiva y libertad sindical.