La consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” se transformó en una sombra para el presidente de México. Dentro y fuera de su país es la cara visible de una institucionalidad quebrada.
Iguala es una localidad de aproximadamente 120 mil habitantes. Los libros de historia la describen como la primera ciudad donde se reconoció la independencia de México de los españoles y en la que se creó la bandera. Se encuentra en el Departamento de Guerrero, al norte del país. Su valle y sus montañas han sido convertidos en una gran fosa clandestina.
El 26 de septiembre de 2014 Iguala pasó a la historia como “La noche del horror”: los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa demuestran la metodología del Narco Estado mexicano. En la cuna de la independencia de México, la suerte de los campesinos y pobladores depende de quienes deciden, por mano propia, quién vive, quién muere o quién desaparece.
En el norte de México, entre las regiones de Altamirano, Teloloapán, Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Tecman y Zihuatanejo, se conforma la región conocida como el “Pentágono de la Amapola”. Es la zona elegida por el crimen organizado para la plantación de la amapola que fue desplazando a los cultivos de canabis a partir de la legalización de la marihuana en varios Estados de Estados Unidos. En esta región se produce más del 42% del total de opiáceos del país. Los 25 mil km2 utilizados para las plantaciones están en constante disputa entre fracciones del crimen organizado. La zona se encuentra estratégicamente ubicada, cercana a la frontera con Estados Unidos para facilitar el traslado y la comercialización.
La ciudad de Iguala es el epicentro del “Pentágono”. Su centro comercial se caracteriza por las casas de compra y venta de divisas, empeños y la compra y venta de oro, actividades utilizadas como pantallas para las transacciones del tráfico de droga y su lavado. Con esta convivencia entre el poder político y el crimen organizado enquistado en las fuerzas de seguridad, Iguala se convirtió en un corredor seguro para el narcotráfico.
En 2012 asumió la intendencia de Iguala José Luis Abarca, quien había comenzado su actividad comercial como vendedor de sombreros en el mercado local para terminar convertido en un empresario joyero e inmobiliario. Abarca se unió al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y garantizó una fuerte inversión de recursos financieros para apoyar su candidatura y la de otros candidatos en el distrito. Su esposa, Ángeles Pineda de la Abarca, y su familia son conocidos en la región por sus vínculos con el Cartel de los Beltrán Leyva, el “Chapo Guzman” y más tarde con “Los Guerreros Unidos”. Con la asunción de los Abarca, conocidos popularmente como “la familia imperial”, Iguala se convirtió en una ciudad sitiada: las tres entradas y salidas de la ciudad eran custodiadas por retenes de la policía local. Allí se profundizaron los asesinatos y las desapariciones.
En esa misma zona el 5 de octubre pasado fueron asesinadas cinco personas que viajaban en un transporte. Entre las víctimas hay dos normalistas de Ayotzinapa, Jonatan Hernández Morales y Filemón Tacuba Castro, fusilados a la vera del camino luego de ser interceptados cuando volvían de sus prácticas como docentes. Sus compañeros denunciaron, como hace dos años, a los tres niveles de Gobierno por “la campaña de terror y hostigamiento hacia la Normal de Ayotzinapa”.
Desde hace más de 50 años el Estado de Guerrero se encuentra militarizado por las Fuerzas Armadas de México. Sus batallones son quienes controlan las rutas y caminos mediante un mecanismo minucioso de información de quienes entran y salen de cada una de las ciudades. Las múltiples denuncias y casos de investigación por desaparición y asesinatos en la región recaen en su mayoría en forma directa sobre el Ejército. Las víctimas son líderes sociales como Hernández Cardona, desaparecido en mayo de 2013, así como de los movimientos campesinos y estudiantiles como Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados en 2011 en manos de la policía.
La noche del terror
Durante la noche del 26 de septiembre de 2014 los jóvenes normalistas de Ayotzinapa tenían a su cargo la logística de organizar los ómnibus para los estudiantes de todos los Normales de Guerrero para trasladarse a una manifestación el 2 de noviembre en la Ciudad de México. Pero las fuerzas de seguridad tenían otros planes para los estudiantes. Dos colectivos de la empresa Estrella de Oro con unos cien estudiantes en su interior partieron en búsqueda de otros buses rumbo al norte. En el cruce de Huitzuco otros ocho estudiantes tomaron un colectivo con pasajeros de Costa Line. El chofer colaboró con los estudiantes con la condición de que primero les permitiera dejar a los pasajeros en la terminal de Iguala. Al llegar a la terminal el chofer cerró sus puertas y dejó encerrado a los estudiantes en el bus. Lograron llamar a sus compañeros en su auxilio por lo que los dos colectivos de Estrella de Oro desviaron su ruta para rescatar a los jóvenes que habían quedado encerrados en el bus. Ya en la terminal los estudiantes dejaron uno de los micros y tomaron otros tres.
Al salir de la terminal tres de los cuatro autobuses salieron por el mismo camino perseguidos por una patrulla con policías encapuchados que comenzaron a disparar. A la salida de la ciudad de Iguala los buses fueron interceptados en el cruce de un retén de la policía. Al bajar todos los estudiantes la policía comenzó a disparar y Aldo Gutiérrez Solano cayó malherido con un impacto de bala en la cabeza. Sus compañeros rápidamente llamaron a una ambulancia pero el operador contestó que seguramente se trataba de una broma o de una fiesta y cortó la comunicación.
Los normalistas del tercer autobús se entregaron a la policía y fueron pateados y golpeados en el piso mientras llegaban alrededor de otras siete patrullas para llevárselos detenidos. Un oficial les ofreció una negociación: llevarse a todos detenidos, secuestrar los micros y hacer de cuenta de que “aquí no pasó nada”, pero un grupo de estudiantes se negó y el policía les advirtió que si no se retiraban del lugar volverían a buscar al resto de los estudiantes que no habían sido detenidos. Los estudiantes, lejos de amedrentarse ante las amenazas, llamaron a los reporteros locales y a los maestros quienes acudieron al lugar y se improvisó una conferencia de prensa en el lugar del hecho, pero en plena conferencia llegaron vehículos particulares que comenzaron a disparar. En esa segunda balacera murieron Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava y fue herido en el rostro Edgar Andrés Vargas. Fue, además, la última vez que se vio con vida a Julio César Mondragón, quien fue encontrado más tarde sin vida a causa de la tortura, sin los ojos y sin su piel, que le fue arrancada de su cara.
El bus 1531, que se dirigía a la Escuela Normalista en Tixa, fue perseguido en la ruta Nacional 95 por dos patrullas de policías que comenzaron a disparar con armas de fuego. Los impactos de bala dieron en la parte trasera del vehículo y en los neumáticos y provocaron su detención debajo del puente del Chipote. En sentido contrario llegó una tercera patrulla con la intención de bloquear el avance del autobús. Los policías comenzaron a intimidar y golpear los vidrios y una vez rotos tiraron gases hacia el interior lo que provocó que los estudiantes salieran del transporte. Fueron golpeados, esposados y atados y puestos en el piso al costado de la ruta. No hay datos fehacientes de la cantidad de normalistas que viajaban en el autobús, pero tuvieron que llegar otras tres patrullas más, aparentemente de Huitzuco, en las que fueron transportados los normalistas y donde se los vio por última vez vivos.
Simultáneamente y en el extremo opuesto de la ciudad de Iguala la policía atacó a disparos otro bus creyendo que eran los estudiantes del Normal pero que en realidad trasladaba a un equipo de fútbol de tercera división llamado los Avispones de Chilpancingo. El saldo de esa noche fue: seis ejecuciones, los 43 desaparecidos, 40 heridos, incluido Aldo Gutiérrez con muerte cerebral, y 110 personas perseguidas y atacadas.
“La verdad histórica”
La versión oficial anunciada como “la verdad histórica” estableció que entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 los 43 estudiantes fueron perseguidos por policías municipales de la localidad de Iguala, que los detuvieron y los entregaron a un grupo criminal. La investigación oficial señala que los estudiantes fueron asesinados y luego incinerados en un basurero al ser confundidos con miembros de un cártel rival, pero los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (Cidh) concluyeron en un informe que no existen evidencias científicas que respalden la hipótesis de la incineración.
Los presuntos sicarios señalados por la Procuraduría General de la República (PGR) pertenecientes al cartel de “Guerreros Unidos” arrestados dicen haber llevado a los normalistas al basural de Cocula en una camioneta de caja abierta con los 43 cuerpos apilados y que al llegar al basural más de una docena de ellos ya estaban muertos por asfixia. Y que los que estaban vivos fueron ejecutados y una vez muertos los apilaron e incinerados durante horas además de que sus restos fueron puestos en bolsas y arrojados en el río.
En una confusa declaración, Abarca y su esposa afirmaron que estaban convencidos de que los estudiantes normalistas eran un grupo del crimen organizado llamado “los rojos” enfrentados al cartel “los Guerreros Unidos”. Y que los jóvenes llegaban a Iguala para sabotear un acto público que se estaba realizando en la ciudad. El argumento quedó desacreditado rápidamente porque el acto público terminó a las 19,40 y los normalistas entraron a la ciudad pasadas las 20.
Ausentes presentes
No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios según la cual 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula. En ese lugar sólo hubo fuegos de pequeñas dimensiones y no se puede determinar la fecha en la que ocurrieron. De acuerdo con expertos convocados por las familias de los jóvenes desaparecidos en los alrededores del basurero no había combustibles suficientes para cremar cuerpos.
El equipo de Antropología Forense de Argentina, cuya presencia en México también fue solicitada por los familiares, peritó el basurero de Cocula y concluyó que es imposible que los normalistas hayan sido quemados en ese lugar. Los investigadores afirmaron que en el lugar se recuperaron 19 restos óseos sin poder determinarse si son humanos o de animales, además de las irregularidades y dificultades que el gobierno federal presentó para llevar a cabo la investigación.
La investigación del grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) en su segundo informe estableció que “no hay evidencia de que los jóvenes fuesen a boicotear ningún acto político, como se dijo inicialmente, en un intento de explicar la acción contra ellos. El Giei no encontró ninguna evidencia de que los normalistas formasen parte o estuvieran infiltrados por ningún grupo del crimen organizado.
Concluyó además que la acción produjo cerca de 180 víctimas directas y hasta cerca de 700 familiares afectados, se dio en nueve escenarios diferentes con disparos de armas de fuego y violencia durante 4 o 5 horas y con participación directa de dos cuerpos de policía municipal de Iguala y Cocula. También detectó la probable participación de agentes de otros cuerpos de seguridad de Iguala y de la zona.
También existen declaraciones recogidas por la Procuraduría General de la República (PGR) que afirman que los Normalistas fueron llevados a la comandancia de la Policía de Iguala y que más tarde fueron trasladados a Cocula. Esto se podría haber corroborado con la cámara de vigilancia de la comandancia, pero nunca se encontraron las grabaciones. Las autoridades municipales dijeron que sólo funcionaban cuatro de las 26 cámaras de vigilancia instaladas apenas un año antes de los hechos investigados. Una de esas cámaras que aún estaba en funcionamiento en septiembre de 2014 es la que se encuentra en el puente el Chipote donde fue detenido el autobús 1531, pero las grabaciones una vez entregadas al tribunal, desaparecieron.
La “Noche del Terror de Iguala” es la máxima expresión del monopolio de la violencia por parte de un Narco Estado, que involucra a todas las esferas de los espacios del poder real. En la Noche de Iguala estuvieron involucrados y fueron responsables la intendencia, la policía municipal, la policía Federal, el Ejército, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de Guerrero y la secretaría de la Gobernación. En un Estado penetrado por el narcotráfico la institución dominante es la empresa criminal. Los funcionarios de ese Estado están coludidos con el narco, pero el pacto no por una cuestión de corruptelas personales o grupales sino porque el narco es el patrón de ese Estado. El Narco Estado funciona como un gran engranaje criminal donde el poder estatal termina donde comienza el negocio criminal.
Con la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, madres, padres, hermanos y compañeros de los desaparecidos siguen golpeando las puertas de los cuarteles para buscar a los 43 normalistas y recorren el valle de Iguala que se ha convertido en una fosa de tumbas abiertas.
Inés Hayes y Nicolás Honigesz
AmericaXXI Revista