El proceso desencadenado a partir de la presentación del proyecto de reforma del código de trabajo en Francia, impulsado por el Gobierno con el beneplácito del sector patronal, es una contundente muestra de las visiones en pugna en el continente europeo. Francia fue cuna de muchos de los más trascendentales avances en materia de reivindicaciones de derechos humanos, derechos políticos y sociales. Hoy vemos, como esa “cuna” está siendo disputada por quienes usan el cartel de socialismo para escudarse y defender medidas que dificilmente podrían pasar por socialistas y quienes aún están dispuestos a dar la pelea y defender reivindicaciones para las y los trabajadores. Esta disputa parte de una misma evidencia: la crisis económica que se ha potenciado desde el 2008, y el desempleo creciente que hoy cuenta más de seis millones de desempleados y que afecta principalmente a los jóvenes (la tasa de desempleo ronda el 10% y entre los jóvenes sube a alrededor del 25%).
Cuando se piensa en términos de política pública, se dice que para que un problema sea efectivamente considerado como tal y por tanto objeto de una política, es preciso que se instale en la agenda pública. En este proceso, la definición otorgada al problema es un momento clave de la solución que se propondrá. En la definición del problema, los conceptos utilizados no son inocentes y menos aún la causalidad que se le atribuye al mismo. No resulta extraño entonces que el gobierno aborde el problema del desempleo de la siguiente manera: el desempleo es causa de la rigidez de la legislación laboral que resulta onerosa para los empleadores y desincentiva el recrutamiento de nuevos trabajadores . Del problema así planteado se desprendería lógicamente la siguiente solución: al desempleo se lo combate con mayor flexibilización de las condiciones laborales, para abaratar los costos de la fuerza de trabajo y así dinamizar el mercado del empleo. Según esta fórmula, las organizaciones sindicales deberían aggiornarse y adaptarse a la realidad de cada empresa y abandonar las negociaciones colectivas por sector.
En este marco se entiende la reforma impulsada por el gobierno como una propuesta a la medida de los sectores patronales, ya que busca reducir los derechos laborales, pone en jaque la garantía de un máximo semanal de 35 horas para la jornada laboral, impone una baja a las indemnizaciones que abarata los despidos y busca atomizar las negociaciones sectoriales de las condiciones de trabajo, restringiendo el poder de los sindicatos y abriendo la puerta a que se adpoten condiciones menos favorables para los trabajadores de cada empresa que las que se negocian a nivel sectorial y nacional.
Por el contrario, desde el movimiento sindical, de los trabajadores y los jóvenes, la definición del problema es otra: se trata de un modelo económico que, privilegiando al sector privado, utiliza como variable de ajuste a los trabajadores, a través de despidos y quita de derechos, lo que genera recesión y por tanto, desempleo. A esta definición del problema, le corresponde claramente otra solución: un código laboral del siglo XXI, para trabajar menos, para trabajar mejor y trabajar todos, exigiendo otra redistribución de la riqueza y el aumento de los salarios y las pensiones, y donde se incorpore un nuevo status del trabajo asalariado con derechos atados a las personas y transferibles de una empresa a la otra.
En tiempos de crisis, la receta neoliberal se vuelve omnipresente, planteando que la única salida es el ajuste y que el sacrificio lo deben hacer los trabajadores. Sin embargo, la férrea lucha que están llevando a cabo las y los trabajadores franceses, desde la CGT junto a otras importantes organizaciones sindicales, con la importante alianza de jóvenes y federaciones estudiantiles, nos anuncia que no está todo dicho. Las manifestaciones que se están sucediendo desde la presentación del proyecto de ley para la reforma, con fechas claves como la movilización del 31 de marzo donde se contaron más de 1,2 millones de manifestantes en 250 ciudades y con muchos miles de trabajadores de paro, para exigir que se retire el proyecto de reforma, y las importantes movilizaciones del 12 y 14 de mayo, nos dan cuenta una vez más de la fuerza del poder popular y de la capacidad de respuesta, no sólo para ganar las calles sino para presentar soluciones acordes a problemas estructurales. De hecho, gracias a esta lucha el gobierno se ha visto obligado a reescribir el proyecto, para atemperar la reforma y a prometer a los jóvenes una serie de medidas (prolongamiento de becas, mayor imposición a los contratos de duración determinada, fortalecimiento de la formación) destinadas a atender a esta población. Las manifestaciones continúan y se recrudecen, más aún cuando desde el gobierno se ha recurrido al artículo 49.3 para aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto sin discusión. Algo así como legislar por decreto.
A esto se le suma la fuerte participación popular que ha llevado a nuevas prácticas de protesta, instalando la Nuit debout (noche de pie) a partir de la movilización del 31 de marzo, donde los franceses ganaron las calles de una gran cantidad de ciudades, en un estado de asamblea permanente para reclamar que se retire el proyecto de reforma del código de trabajo, pero también para denunciar la política neoliberal y de ajuste que está llevando a cabo el gobierno, y cuestionar la difícil situación social que se atravieza en temáticas como vivienda, refugiados y el tono fuertemente securitario que se ha adoptado en Francia luego de los atentados.
Francia está movilizada de punta a punta: trabajadores, estudiantes, y organizaciones sociales están en las calles manifestándose en movilizaciones, escraches, piquetes, paros que no dejan que se invisibilice el descontento del pueblo, y sobre todo, del 70% de la población de Francia que está en contra de esta reforma laboral y que insiste en que se retire el proyecto. El gobierno, por supuesto, no se queda de brazos cruzados y contraataca con represión, detenciones y procesos judiciales contra los manifestantes, y haciendo uso de mecanismos para evadir el debate y aprobar la reforma sin discusión.
En definitiva, lo que está en juego aquí es una disputa por el sentido, si el discurso neoliberal continúa ganando terreno en un país que supo tener los más avanzados derechos en materia social, o si las políticas vuelven a tener como principal objetivo el bienestar de los pueblos, en particular teniendo en cuenta el rol de la Unión Europea en el imperativo de que se controle el déficit fiscal a través de la reducción del gasto público. Y sobre todo, está en disputa el futuro concreto de millones de trabajadores y trabajadoras que aún resisten y que con su lucha están volviendo a hacer historia.