En las calles de la capital de Corea del Sur, Seúl, han tenido lugar en los últimos meses protestas masivas para exigir la renuncia del presidente Park Geun-hye y el fin de los ataques del gobierno a los derechos de los trabajadores.
El 16 de diciembre, la Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU), la segunda mayor federación sindical de Corea del Sur, organizó una huelga general parcial para protestar contra las propuestas de «reformas» sobre legislación laboral del gobierno conservador que haría más fáciles los despidos y la contratación de trabajadores temporales.
Algunos 74.000 trabajadores de 26 sindicatos miembros de la KCTU, incluidos los trabajadores de Hyundai y Kia, pararon. Otros 17.000 trabajadores sindicalizados salieron a las calles para unirse a las manifestaciones. La KCTU, uno de los sindicatos más militantes de Corea del Sur, había organizado previamente huelgas el 24 de abril y 15 de julio para oponerse a las nuevas leyes laborales. En la primera huelga participaron unos 260.000 trabajadores, y en la segunda 45.000.
Una protesta relativamente pacífica de unos 14.000 trabajadores tuvo lugar el 5 de diciembre. Siguió una manifestación de miles de personas el 14 de noviembre, a la que la policía respondió con una dura represión, rociando a los manifestantes con gases lacrimógenos y cañones de agua, hiriendo gravemente a varias personas.
En su llamamiento a la solidaridad con la KCTU, la organización Labour Start informa: «La policía ha detenido a nueve miembros y funcionarios del sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos y del Transporte en las últimas dos semanas, y encarcelado a cinco funcionarios del sindicato de Trabajadores de la Construcción».
La policía también allanó varias oficinas de la KCTU, así como de varios sindicatos afiliados y sucursales regionales, confiscando ordenadores, documentos internos y discos duros.
La primavera pasada, el gobierno despojó de su derecho a la negociación colectiva a 60.000 miembros del Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación e ilegalizó al Sindicato de Empleados Públicos de Corea, según informa Tim Shorrock en The Nation.
La KCTU está en el centro de la resistencia al ataque antiobrero del gobierno. En representación de 800.000 miembros y de los intereses de unos 9.400.000 trabajadores surcoreanos, supone el mayor obstáculo a las políticas autoritarias y neoliberales del gobierno Park y su partido Saenuri (Partido de la Nueva Frontera-NFP).
El presidente de la KCTU Han Sang-Gyun fue recientemente arrestado por la policía en el templo budista de Jogyesa, (en la foto inicial) donde se había refugiado. La policía había emitido una orden de arresto contra él en la primavera pasada debido a la presunta violación de la KCTU de las leyes de reunión y de tráfico durante las manifestaciones del Primero de Mayo del año pasado. Cuando 2.000 policías rodearon el templo y amenazaron con atacarlo, Han se entregó a las autoridades.
Es fácil entender por qué Han es uno de sus objetivos represivos. En 2009, Han dirigió una ocupación de una planta de motores de Ssangyong, en la que 900 trabajadores se encerraron durante 77 días para protestar por los despidos, lo que le supuso a Han tres años de cárcel. Tras ser liberado, Han se subió a una torre de transmisión eléctrica de 124.000 voltios, a 20 metros de altura, durante 171 días con otros compañeros para obligar a los candidatos en las elecciones presidenciales de 2012 a tomar posición sobre la disputa de Ssangyong, una batalla que aún continúa hoy.
Fue este coraje y militancia el que dio a Han la presidencia de la KCTU. Se presentó a las elecciones sindicales con la promesa de convocar una huelga general si era elegido. «Porque sin lucha, lo que queda de la organización sindical, el único medio de defender los derechos de los trabajadores, en última instancia, puede llegar a ser obsoleto», dijo Han en noviembre.
Las recientes protestas han sido convocadas por una coalición de unas 52 organizaciones conocidas como la Coordinadora de Poder Popular, organizada principalmente por la KCTU y la Liga Campesina. La coalición reúne a trabajadores, estudiantes, campesinos y sectores de la población urbana pobre opuestos no sólo a la agenda anti-sindical del gobierno, sino también a una serie de políticas a favor de las empresas y las iniciativas antidemocráticas para aplicar la reforma laboral.
Las «reformas» propuestas potenciarían enormemente a grandes conglomerados empresariales del país, o chaebols, con el fin de reducir la capacidad de negociación de los sindicatos de trabajadores, facilitar el despido y permitir una mayor «flexibilidad laboral».
Presentadas como una medida para «combatir el desempleo juvenil,» Park y el gobernante partido conservador de Corea del Sur han propuesto instituir un sistema salarial basado en el rendimiento en lugar del actual sistema basado en la antigüedad, comenzando por el sector público. Esta reforma también haría más fácil despedir a los trabajadores, aumentar los contratos temporales, y permitir a los empleadores a hacer cambios unilaterales en las normas de trabajo sin consultar a los sindicatos.
«La iniciativa de la reforma se presenta cuando Corea del Sur negocia una serie de acuerdos de libre comercio (TLC) que socavarán aún más la soberanía alimentaria del país y limitarán su soberanía al impedirle decidir sus políticas», explica Hyun Lee, un miembro del Comité de Solidaridad Corea-EE UU para la Paz y la Democracia.
Por ejemplo, el TLC entre Corea y EE UU firmado hace tres años ha «otorgado a las corporaciones extranjeras el poder de controlar las políticas nacionales de Corea del Sur a través del discutible sistema de controversias inversionista-Estado, que permite a las empresas extranjeras desafiar las leyes del país sobre la base de que puede interferir con la capacidad de la empresa para obtener beneficios «, según Hyun.
El desarrollo industrial de Corea del Sur aceleró rápidamente en la década de 1980. La economía se basa principalmente en las exportaciones y fue impulsada por los grandes conglomerados familiares como Samsung y Hyundai. La producción industrial incluye principalmente electrónica, acero, textiles y automóviles. Debido a un fuerte movimiento obrero forjado en la lucha contra la dictadura en los años 70 y 80, los salarios y las condiciones de trabajo eran relativamente seguras y mejoraban en paralelo al rápido crecimiento de la economía de Corea del Sur.
Esta situación cambió con la crisis financiera asiática de 1997. El capital extranjero se abalanzó y compró a saldo la propiedad de las empresas de Corea del Sur, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordó rescatar al país – a cambio de la aceptación de medidas de liberalización y de «ajuste estructural» impuestas por el FMI . Esto incluyó dos grandes reformas que debilitaron severamente a la clase obrera y sus organizaciones: la legalización de los despidos y la subcontratación de mano de obra.
Corea del Sur tiene ahora la mayor cantidad de trabajadores a tiempo parcial / precarios de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). La Confederación Sindical Internacional considera que Corea del Sur es uno de los peores países en relación con los derechos laborales. Según el Wall Street Journal, los trabajadores «están expuestos sistemáticamente a despidos injustos, intimidación, detenciones y violencia que a menudo conducen a lesiones graves y a la muerte.»
Debido a la aplicación de los acuerdos de libre comercio, tanto los trabajadores industriales como los agrícolas han visto aumentar su explotación por el capital transnacional. Las zonas agrícolas han sido devastadas por la naturaleza no competitiva de la agricultura nacional, provocando un éxodo de jóvenes de las zonas rurales a las ciudades para trabajar. Debido a la escasez de empleo a tiempo completo, la mayoría de los que llegan no tienen otra alternativa que la contratación por días o horas, y apenas ganan el salario mínimo.
Para imponer estas políticas draconianas, el Estado ha recurrido a la represión policial y a fuertes medidas punitivas para intentar sofocar la resistencia. El artículo 33 de la Constitución de Corea del Sur garantiza a los trabajadores el derecho a formar sindicatos, negociar colectivamente sus salarios y condiciones de trabajo, y participar en acciones colectivas para presionar por sus derechos. Los activistas dicen que estos derechos han sido pisoteados progresivamente con la reestructuración neoliberal.
LA KCTU ha acusado al Gobierno de «volver a la era de la dictadura», en particular por los recortes y prohibición del derecho de reunión del Gobierno Park. Se trata de una alusión directa al padre de Park, Park Chung-hee, el dictador que tomó el poder en un golpe militar en 1961, y cuyas políticas están siendo recicladas hoy.
Las recientes protestas también han sumado a un importante número de académicos y estudiantes en respuesta a los intentos del gobierno de restringir la libertad de expresión. El gobierno Park está tratando de imponer una política a las escuelas del país que las obliga a utilizar un solo libro de historia aprobado por el gobierno en lugar de los ocho libros diferentes utilizados hasta ahora. Los opositores al plan de Park sostienen que el nuevo libro está destinado a glorificar a los anteriores gobiernos de derecha y encubrir las violaciones de derechos humanos que perpetraron.
Aún así, Han Sang-Gyun, el presidente de la KCTU, aunque actualmente bajo arresto del gobierno, se ha comprometido a continuar la lucha. En un comunicado de prensa reciente, Han escribió: «Esta es una lucha histórica, que podemos y debemos ganar».
Las principales reivindicaciones de la KCTU son poner fin a las reformas del mercado laboral, abolir el empleo precario y exigir responsabilidades al gobierno y los chaebols. Pero en general, el objetivo es transformar radicalmente un sistema que produce invariablemente desigualdad de clases y opresión.
La KCTU, junto con la Coordinadora de Poder Popular, han aplicado una serie de tácticas para construir el movimiento de protesta y elevar su conciencia. Se han celebrado mítines en todas las regiones y se ha organizado una gira nacional de autobuses para difundir la campaña de organización en todo el país. En Seúl, se ha puesto en marcha una campaña publicitaria en los autobuses de la ciudad para explicar al público en general los problemas ocasionados por las reformas del mercado de trabajo.
Los trabajadores surcoreanos están mostrando cómo luchar contra la austeridad neoliberal y los ataques a los niveles de vida de la clase trabajadora. Necesitan nuestra solidaridad.