Este 29 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por un año su misión en el Sahara Occidental, manteniendo sus funciones sin la supervisión de la situación de los derechos humanos en el territorio. “Se trata de la única misión especial de Naciones Unidas sin competencias en la supervisión de los derechos humanos y por todos son conocidos los abusos de las autoridades marroquíes contra la población saharaui”, afirmó Carolina Ocar, Secretaria de Comunicación de la CTA al enterarse de la noticia. En su viaje a los campamentos de refugiados saharauis donde, junto con Silvia León, Secretaria de Organización de ATE, participaron del VIIº Congreso de Mujeres Saharuis, entrevistaron a Inés Miranda Navarro, la abogada española, miembro de la Asociación Internacional de Juristas, que lleva a cabo la defensa de los saharauis contra la violación sistemática de los derechos humanos del Gobierno de Marruecos.
En la mañana del 2 de mayo, la policía marroquí irrumpió violentamente en la casa del activista y expreso político Saharaui ATIQ BARRAY, procediendo a su detención, siendo hasta el momento desconocido su paradero.
En la misma mañana, otros cuatro jóvenes saharauis fueron apresados y encarcelados por las fuerzas policiales marroquíes, en la ciudad de Dajla ocupada, se trata de: – MOHAMED SIDI SALEM, MANSUR SBAAI, WANNATI RABANI, SIDAHMED MABRUK.
A raiz de estas detenciones se organizó una manifestación delante de la Comisaría Central de la ciudad, donde familiares y activistas han exigido la libertad inmediata de los detenidos.
Por otra parte, este sábado murió una ciudadana saharaui al pisar una mina el coche en el que viajaba una familia de cuatro miembros en la localidad saharaui de Skeikima. La explosión del coche Land- Rover que ocupaban cuatro personas causó la muerte de Amheiyiba Mohamed Saleh y produjo heridas de diversa gravedad a los otros ocupantes del coche.
-¿En qué consiste su trabajo?
– Nuestro trabajo consiste en tres aspectos fundamentales: por un lado, la observación en el territorio, mediante la verificación de la situación de los derechos humanos en la población saharaui y del tratamiento que le da la potencia ocupante, Marruecos. Un segundo aspecto es la observación en los juicios contra los presos políticos saharauis en el territorio ocupado, así como en las ciudades marroquíes, allá donde los tribunales marroquíes celebran juicios políticos contra los presos saharauis y, en una tercera fase que es la divulgación y la acción internacional mediante denuncias ante instituciones y organismos supra estatales de la vulneración de los derechos humanos en el territorio.
-¿Cómo está esta situación en la actualidad?
– En la actualidad, hay 45 presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, nueve de ellos condenados a cadena perpetua por un juicio militar que se celebró en Rabat en el año 2013 (en febrero) como consecuencia de los acontecimientos del desmantelamiento violento del campamento de Gdeim Izik por parte de Marruecos. Ese desmantelamiento no recibió ningún reproche por parte de la comunidad internacional como tampoco recibió ningún reproche el juicio militar que se hizo contra los 25 detenidos, finalmente considerados responsables de la construcción y mantenimiento del campamento.
Estas denuncias, no sólo las planteamos ante las instancias supra estatales ya sea Parlamento Europeo, Unión Africana y al propio Consejo de Seguridad o a la Comisión de Derechos Humanos, sino también con los organismos estatales en España mantenemos en la actualidad una querella por genocidio contra gobernantes militares marroquíes por el genocidio cometido contra el pueblo saharaui tanto durante el momento de la ocupación en el año 1975 que fue de forma violenta, a través de bombardeos de fósforo blanco y napalm contra la población civil saharaui, como contra los hechos que posteriormente han venido aconteciendo. Hechos que son identificativos en el proceso de exterminación de la cultura e identidad de un pueblo que es la política y la acción que mantiene Marruecos habitualmente contra la población civil saharaui.
-¿En qué estado está la querella?
– Esta querella se mantiene desde el año 2007 en que fue iniciada y se mantiene en la actualidad viva. Y la última acción que hemos celebrado en este procedimiento ha sido la denuncia y la ampliación de la querella por las fuerzas comunes que se han descubierto en las zonas liberadas en el que testigos presenciales dieron cuenta de cómo un grupo de siete personas fueron asesinadas y masacradas por parte de la fuerza de ocupación marroquí en el año ’76 (febrero de 1976), cuando todavía aquello estaba bajo la jurisdicción y gobierno de España.
Los restos han sido perfectamente analizados e identificados y actualmente se han descubierto nuevas fosas perfectamente identificadas y estamos en proceso de reconocimiento de 60 restos que se han encontrado en esta última. Igualmente el trabajo de la Asociación Internacional de Juristas es de visitar permanentemente el territorio para la verificación de la situación de los derechos humanos y constatamos que diariamente la política y la acción que Marruecos mantiene con la población saharaui del territorio es de violencia.
-¿De qué manera se manifiesta esa violencia?
– No se permite la asociación a los saharauis ni en organizaciones de defensores de derechos humanos ni en organizaciones sindicales ni en organizaciones de ningún tipo en cuanto se consideran como población ocupada. La policía marroquí, la gendarmería, incluso las propias fuerzas militares están permanentemente en el territorio. Y además la agresión es diaria: entran en los colegios, dividen a los niños saharauis de los marroquíes y golpean a los niños saharauis recordándoles que tienen que mantener una política de marroquinización sino van a seguir siendo golpeados. Entran en las casas, golpean y masacran, se llevan a los jóvenes y a las mujeres, las desnudan para humillarlas, en las viviendas y en las calles.
-¿Qué es lo que Marruecos incumple?
– Marruecos como potencia ocupante de hecho tiene la obligación de respetar los convenios de Ginebra y de mantener a la población en el respeto y en el libre ejercicio de sus derechos, algo que hasta ahora en ningún momento ha verificado y que además con respecto a los observadores tendrían y tienen la obligación, de acuerdo con estos convenios, de facilitar el trabajo y no lo facilita con nosotros ni con otros organismos internacionales.
Para concluir, con respecto a los presos políticos saharauis, aunque en la actualidad son 45, y puedan parecer que son pocos, considerando la población saharaui que queda en el territorio es realmente alarmante porque Marruecos con esta función de no querer cumplir con los convenios de Ginebra mantiene permanentemente un traslado de población y ha ido incrementando la población colona en el territorio e incrementando el número de desaparecidos saharauis.
Si durante el tiempo de la ocupación en los primeros años (hablo hasta el año ‘91 en que se firmaron los acuerdos de paz y el alto al fuego entre Marruecos y el Frente Polisario) tenemos actualmente y así aparecen datados en la querella, perfectamente identificados 533, en la actualidad, las desapariciones van siendo permanentes. Un caso alarmante que ha trascendido a la comunidad internacional es el de los 15 desaparecidos, 15 jóvenes que salieron de Dajla hacia Canarias presuntamente y de los que no se sabe absolutamente nada. Es permanente la desaparición.
-No se sabe mucho de las desapariciones en el mundo.
– La desaparición y la forma de tortura es coger a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los periodistas saharauis, llevarlos al desierto, golpearlos, violarlos, vejarlos y después abandonarlos de nuevo en cualquier parte del desierto o en zonas cercanas a los núcleos poblacionales del territorio con lo cual ya la tortura se incrementa aún más. Ya no sólo la vejación física sino también la vejación moral que se practica permanentemente. Nosotros como observadores, como juristas, trasladamos todo este trabajo de campo a través de informes técnicos y objetivos observando siempre la legalidad internacional que debe ser contemplada y aplicada por Marruecos, que desde luego no lo hace, y que vulnera además su propio derecho interno porque el sometimiento a la jurisdicción militar de los presos políticos saharauis no sólo vulnera los convenios de Ginebra y la declaración universal de derechos humanos, sino que vulnera la propia Constitución marroquí (modificada en 2011) que prohíbe los tribunales de excepción.
-¿Cuál es el mensaje que deberíamos dar al mundo?
– Con todo ello, y por concluir, decir que entendemos que es necesario que la comunidad internacional ponga el acento en la situación de los territorios ocupados del Sahara Occidental; es necesario que, por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se proceda a la ampliación de las competencias de la misión en Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, constituida en el año 2001, que exclusivamente se ocupa del alto al fuego y de la elaboración del censo de votantes para que se celebre el referéndum como resolución al conflicto de ocupación y al proceso de descolonización, y que se incluya en estas dos competencias una tercera: la observancia y la vigilancia de los derechos humanos de la población saharaui que están totalmente desamparados ante la agresión permanente por parte de Marruecos.
Y tenemos que hacer que los derechos de este pueblo se respeten porque efectivamente están totalmente desprotegidos, desamparados y no queda otra opción que decir que es España, como responsable directo, quien tendría que actuar, quien tendría, en primer lugar que condenar la vulneración, la situación a la que ha sometido en el año ‘75 con la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid al Sahara occidental y que lamentablemente la actuación que está teniendo en esta última época democrática con todos los gobiernos que han pasado por el reino de España, ha sido no de olvidar al pueblo saharaui sino mantener políticas activas en contra del proceso de autodeterminación y de independencia del pueblo saharaui. Y consideramos que ese derecho fundamental debe ser defendido por España no sólo para pueblos que quedan más lejos de nuestra frontera sino para pueblos con el que tengan una responsabilidad directa, como el pueblo saharaui. Debe ser España quien enarbole esa bandera ante la comunidad internacional de defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui igual que del resto de los pueblos.