El Gobierno dominicano rechazó hoy por “improcedentes, carentes de toda base legal y atentan contra el principio de soberanía”, las “desatinadas” pretensiones de Amnistía Internacional de que el país revierta la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad.
El Gobierno dominicano rechazó hoy por “improcedentes, carentes de toda base legal y atentan contra el principio de soberanía”, las “desatinadas” pretensiones de Amnistía Internacional de que el país revierta la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores recuerda que la Constitución dominicana establece que “las decisiones que emanan del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes a todos los poderes del Estado, y por lo tanto deben ser aplicadas, ya que vivimos en un régimen de derechos”.
“Por el contrario, el Plan de Regularización de los indocumentados reducirá la vulnerabilidad de la población sin estatus migratorio y está fuera de toda duda el compromiso del Gobierno de respetar los derechos de toda persona en nuestro territorio”, insiste.
Además considera “inaceptable” que Amnistía Internacional acuse a la República Dominicana de discriminación y de violación de los derechos humanos, no obstante ser el Estado dominicano “fiel” a su compromiso con los derechos fundamentales de todas las personas.
“Amnesty International dice luchar por la democracia y el respeto a los derechos humanos, ambos indispensables en un Estado de derecho, pero propone que el país viole la separación de poderes y olvide los preceptos constitucionales”, dice la Cancillería en su comunicado.
De igual modo, defiende el derecho que tiene el país de regular a las personas que viven de manera irregular en territorio nacional.
“Es absurdo acusar de violación a los derechos humanos a un país que como el nuestro, garantiza el acceso a la educación, a la salud y al trabajo, sin importar el estatus legal de las personas. A la República Dominicana le asiste el derecho de procurar que los extranjeros en situación irregular normalicen su status de estancia en el país, y lo estamos haciendo con todas las garantías legales”, precisa el comunicado.
“Las escuelas y hospitales dominicanos son el mejor ejemplo de que a nadie se le discrimina en razón de su estatus migratorio”, añade.
El ministerio recordó que justo como planteó el presidente Danilo Medina ante la recién celebrada Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), “no es cierto que en la República Dominicana se le ha quitado la nacionalidad a nadie; no se le puede quitar lo que no tiene a ninguna persona”, repitió.
“Por el contrario, el Plan de Regularización de los indocumentados reducirá la vulnerabilidad de la población sin estatus migratorio y está fuera de toda duda el compromiso del Gobierno de respetar los derechos de toda persona en nuestro territorio”, insiste.
La Cancillería reiteró la decisión y plena disposición de diálogo y apertura del Gobierno dominicano con la comunidad internacional, pero señaló que el respeto a la soberanía y ordenamiento institucional son un punto clave para fomentar el entendimiento.