La empresa Newmont Corporation, una de las mayores productoras de oro del mundo, se vio obligada a suspender sus planes para la realización de un proyecto minero.
La empresa Newmont Corporation, una de las mayores productoras de oro del mundo, se vio obligada a suspender sus planes para la realización de un proyecto minero de 4.800 millones USD tras una decisión por parte de las autoridades peruanas el pasado mes de agosto.
El anuncio fue aclamado como una importante victoria por los movimientos y activistas sociales, quienes durante 10 meses estuvieron participando en huelgas y manifestaciones en contra de este proyecto.
Las comunidades del departamento de Cajamarca, en el norte de Perú, estaban preocupadas por las repercusiones que el proyecto podría tener en la economía, las condiciones de vida y el medioambiente de la región.
El principal punto conflictivo era la destrucción de cuatro lagunas que habrían tenido que ser trasvasadas como parte del proyecto para facilitar la tarea de extracción del oro y del cobre del subsuelo. Por su parte, Newmont prometió construir una serie de embalses artificiales para reemplazar los lagos naturales.
Perú es uno de los países mineros más ricos del mundo y los nuevos anuncios de las grandes minas a cielo abierto han provocado recientemente numerosos conflictos sociales. Se estima que el proyecto de Conga habría sido la mayor inversión de este tipo en la historia del país.
Miles de personas se involucraron en las protestas contra la mina de Conga, entre ellas trabajadores rurales, comunidades indígenas, iglesias, sindicatos, estudiantes y organizaciones comunitarias.
En noviembre los residentes locales participaron en una huelga general a raíz de la cual se cerraron escuelas y empresas, se bloquearon carreteras y se interrumpieron los transportes públicos.
Los enfrentamientos con la policía se cobraron la vida de cinco manifestantes durante una acción pacífica en julio, y en Cajamarca y otras dos provincias se declaró el estado de emergencia. La violencia condujo a la condena internacional de las autoridades peruanas por parte de organizaciones como Human Rights Watch y la Confederación Sindical Internacional, entre otras.
Al dirigirse a los medios de comunicación locales, Roque Benavides, presidente ejecutivo de Buenaventura, empresa peruana socia de la transnacional Conga, lamentó que debido a la suspensión del proyecto no se pudieran crear los 4.500 puestos de trabajo previstos, aunque garantizó que la empresa trataría de evitar cualquier confrontación con las autoridades regionales y nacionales.
Algunos analistas ponen en tela de juicio el supuesto potencial para la creación de puestos de trabajo: “Los proyectos mineros que las grandes corporaciones han venido llevando a cabo a lo largo de los siglos en Cajamarca han dado lugar a enormes masas de gente pobre y sin trabajo, obligadas a vivir en asentamientos precarios en los pueblos más cercanos, bajo las peores condiciones de vida”, afirmó Juan Aste Daffós, investigador de economía minera y gestión medioambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima.
Según un estudio realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la región de Cajamarca pasó de ser la quinta a la segunda región más pobre en los últimos 20 años, a medida que los grandes proyectos mineros se fueron intensificando en la zona.
Este mismo estudio señala que en las zonas mineras es donde se registra el mayor porcentaje de malnutrición infantil crónica: Huancavelica (46,4%), Huánuco (31,3%) y Cajamarca (29,9%) encabezan la lista, mientras que el promedio a escala nacional se sitúa en el 15% de la población infantil.
(CSA: 13.09.2012)