Los órganos de control de la OIT vienen insistiendo en la necesidad de modificar la ley sindical y en la falta de pronunciamiento del Ministerio de Trabajo ante la solicitud de personería gremial de la CTA.
Los órganos de control de la OIT vienen insistiendo en la necesidad de modificar la ley sindical y en la falta de pronunciamiento del Ministerio de Trabajo ante la solicitud de personería gremial de la CTA. El nuevo informe de la Comisión de Expertos será tratado en junio, en la 101° conferencia de la Organización Internacional del Trabajado.
Este mecanismo, por el cual la OIT se pronuncia y exige, y el Gobierno promete, incumple y dilata, se ha convertido en una rutina. Pero este año el informe trae algunos conceptos que merecen considerarse en razón de su significado y gravedad. Sobre el pedido de personería gremial dice: “Deplora el largo tiempo transcurrido sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado en relación con el pedido de personería gremial de la CTA”. El verbo utilizado -deplorar- es la calificación más fuerte que se utiliza en los organismos internacionales por la violación de un convenio por parte de un país y es indicativo de la gravedad del incumplimiento, en este caso por su perdurabilidad en el tiempo (7 años). Al intimar al Gobierno, lo hace con equivalente gravedad: “Urge nuevamente a que de inmediato se pronuncie al respecto”.
Al abordar los obstáculos legales, la Comisión viene señalando desde hace numerosos años (1989) la existencia de incompatibilidades entre varias disposiciones de la ley de asociaciones sindicales y el convenio 87 de libertad sindical.
Una gran parte de dichos cuestionamientos fueron ratificados por la Corte Suprema en los fallos ATE y Rossi (últimamente, también por numerosos pronunciamientos de los tribunales del Trabajo de todo el país), declarando la inconstitucionalidad de dichas disposiciones y afirmando que las conclusiones de la Comisión de Expertos de la OIT son obligatorias para los tribunales locales .
A pedido del Gobierno, una misión de asistencia técnica de la OIT estuvo en el país en 2010. En sus conclusiones, solicitó que se formara una comisión para redactar una ley que permitiera adecuar la legislación nacional a dicho convenio de libertad sindical.
El Ministerio de Trabajo nunca la convocó.
Nuevamente la OIT es drástica : “La Comisión pide firmemente al Gobierno que, tras un examen tripartito del informe de la misión que visitó el país en 2010 y teniendo en cuenta las sentencias judiciales declarando la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23551, tome las medidas necesarias para poner la legislación en conformidad con el Convenio y confía en que el Gobierno informará en su próxima memoria sobre avances al respecto.”
Pero lo más significativo (si no fuese por las consecuencias, sería irrisorio) fue la excusa que puso el Gobierno : “No fue posible profundizar estas consultas habida cuenta el diferendo institucional interno de la CTA, que persiste desde mediados del año pasado y que no permite avanzar en el camino propiciado por la misión de la OIT y compartido por el Gobierno”. Hace más de 24 años que la OIT observa la ley argentina y 7 que el Gobierno mantiene silencio ante el pedido de personería de la CTA. Resulta que ahora el Gobierno alega que no fue posible cumplir con la intimación de la Comisión por el “diferendo institucional” de la CTA surgido a partir de la elección de autoridades de setiembre del 2010.
Esta actitud es una vergüenza para nuestro país, pero es coherente con “el relato” del Gobierno, en el cual la verdad se aleja cada vez más de su discurso. La mentira y la dilación son su práctica. Lo lamentable es que este tipo de conducta ante un organismo de Naciones Unidas termina afectando a todos los argentinos.
(Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA: 10.03.2012)