La ley 26.268 establece una legislación “antiterrorista” que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983. Específicamente incorpora al Código Penal el artículo 41 quinquies, que establece lo siguiente: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala». El juex de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, cuestionó en su momento la ley y dijo que fue por presión del GAFI.
