El 28 de diciembre de 2011 se publicó en el boletín oficial la ley 26.734, conocida también como Ley «Antiterrorista”. La sanción de la norma ha merecido el firme rechazo de un amplio espectro de juristas, organizaciones sociales y sindicales, y, en general, de todo aquél que se encuentre comprometido con la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas.
El 28 de diciembre de 2011 se publicó en el boletín oficial la ley 26.734, conocida también como Ley «Antiterrorista”. La sanción de la norma ha merecido el firme rechazo de un amplio espectro de juristas, organizaciones sociales y sindicales, y, en general, de todo aquél que se encuentre comprometido con la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas.
Al respecto el Departamento Jurídico y la Asesoría Letrada y el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) sostuvo que “lo más grave es la peligrosidad que la vigencia del nuevo texto legal representa para ciertos grupos sociales” y que desde el punto de vista jurídico “no es exagerado afirmar que las modificaciones y agregados introducidos por la ley 26.734 violentan el Estado de Derecho por irrespetar representar una amenaza al contenido de los derechos esenciales”.
Y amplia: “La peligrosidad está dada en las potencialidades represivas implícitas en el nuevo tipo agregado al Código Penal ya que arremete contra garantías constitucionales sobre las que se asienta el Estado Social y Democrático de Derecho”.
En el texto también aduce que “ley 26.734 habilita de algún modo al poder público a convertirse en agresor en vez de garante de los derechos ciudadanos básicos cuya custodia le ha sido asignada a reservada”.
“La ausencia -continúa el escrito- de especificación de la conducta a la que se considerará acto terrorista deja abierta la posibilidad que algún juez escasamente tolerante a la protesta social encuentre en esta norma una vía idónea para canalizar sus inclinaciones autoritarias”.
Asimismo, muchos han levantado la voz porque el Gobierno argentino cedió ante las presiones ejercidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y aprobó esta ley.
Ante esta situación la CTA marchó en la calurosa tarde del jueves 29 de diciembre, a dos días de que se termine 2011, año en el que 15 personas fueron asesinadas por reclamar pan, tierra y trabajo. Una compacta columna de más de 6 cuadras de la marcha recorrió la Avenida de Mayo desde 9 de julio hasta Plaza de Mayo para exigir la nulidad de la Ley Antiterrorista.
“Para ser bien gráfico han aplicado la ley en Santa cruz, en la provincia de la presidenta porque han reprimido salvajemente a los compañeros estatales que se movilizaron contra una decisión del gobernador de enviar a la legislatura un paquete de medidas que incluye el aumento en la edad jubilatoria, el congelamiento salarial, la pérdida de las paritarias; se vuelve a hablar en los términos de 2001 pero ahora con una ley que les permite fajar a los trabajadores, es darle una cobertura legal al ajuste”, detalló Pablo Micheli, secretario general de la CTA.
“Significa legalizar la represión que estaba siendo tercerizada. Se busca evitar la organización en todas sus formas y multiplica las penas del Código Penal por eso hay cierto rum rum dentro de las propias filas del kirchnerismo”, añadió Darío Perillo, secretario de organización de la Central.
A su lado, César García, delegado despedido de Kraft dijo: “Nosotros lo vivimos en carne propia, tuvimos muchas causas penales a partir del conflicto de 2009 por los despidos: creo que esta ley va en la lógica de la presidenta que quiere meter en un corralito a los que protestan, esta legislación enmarca la judicialización de la protesta social, es una barbaridad que a un trabajador que protesta por algo tan justo como su trabajo le terminen aplicando esta ley antiterrorista”.
“Estamos acá para repudiar esta ley regresiva que duplica las penas. Con esta ley, por un corte de calle o por defender nuestro trabajo podemos ir presos”, dijo Mario Barrios, presidente de la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores (UST), recuperada por los trabajadores.
«Es una regresión en el estado de democracia ya que la actual situación legislativa ya era bastante complicada para el reclamo en la calle, para la protesta social y además involucra a la mayor parte de los trabajadores. Es un avance negativo y ya lo venimos sufriendo con la cantidad de trabajadores procesados por reclamar mejores condiciones laborales. Queda a la libre interpretación de los jueces de a quien consideren terrorista y a quien no”, explicó José Zas, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA.
Al ritmo de la marcha, Daniel Jorajuría, secretario gremial de la CTA agregó: “Es un cheque en blanco a los jueces que respecto a su ideología van a responder y todos sabemos quiénes son los que manejan la justicia y cómo nos puede ir a los trabajadores si dejamos pasar esto por eso vamos a llevar esta situación hasta las últimas consecuencias para volver a eliminar esta ley”.
Desde el palco en Plaza de Mayo, el secretario general de la CTA, Pablo Micheli, puso en claro que «esta ley es la legalización de la represión sobre la protesta social. A partir de ahora todos estamos sospechados de terroristas». Y agregó: «La CTA tiene que estar en la calle contra esta ley y seguiremos con otras acciones. Pedirle a Cristina que la vete es ya imposible pero ojalá la Corte Suprema de Justicia sí la anule».
(03.01.2012)