Artículo de opinión de Adolfo Aguirre*, publicado en la Global Labour University (GLU, por sus siglas en inglés). La Universidad Global de los Trabajadores incluye a una red de sindicatos, universidades, la FES y la OIT con el objetivo de ofrecer formación universitaria y establecer relaciones de trabajo más sólidos entre los sindicatos, la OIT y la comunidad científica.
La pandemia y el rol decisivo de las centrales sindicales en América Latina
A pesar de que en 2020 se perdieron 495 millones de puestos de trabajo a tiempo completo y aún se estima que otros 150 millones puede correr la misma suerte al final de la pandemia de Covid-19 19, el Grupo de Empleadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) atacó el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Quieren aprovechar el contexto pandémico para borrar derechos y explotar la fuerza de trabajo.
Para los empresarios la pandemia mundial de coronavirus no solo fue una oportunidad para maximizar sus ganancias sino también para despedir, precarizar y avanzar sobre los derechos laborales. Fue así que en la 109 Conferencia Internacional del Trabajo pretendieron desconocer las negociaciones tripartitas, llegaron a afirmar que los Estados no tienen derecho a obligar a las partes a negociar. Es la voracidad insaciable del capital.
La pandemia ha hecho más visible las desigualdades en el mundo y ensanchó la brecha entre ricos y pobres. También mostró la esencialidad de la clase trabajadora aunque sus derechos y salarios no estén a la altura de su rol. Durante 2020, el PIB en América Latina y el Caribe perdió 7,1%, la mayor caída de los últimos cien años, y la tasa de desocupación trepó al 10,5%, de acuerdo a estudios de la CEPAL y la OIT.
También, según estadísticas de estas organizaciones, el ranking de los sectores en los que la contracción fue más preocupante fueron justamente los concentran casi la mitad del empleo en la región: hotelería (19,2%), construcción (11,7%), comercio (10,8%), transporte (9,2%) e industria (8,6%).
A pesar de este contexto, muchos son los logros que hay para resaltar del rol sindical y popular en el panorama latinoamericano en un tiempo histórico en los cuales hay una disputa entre los que intentan desguazar el Estado y quienes quieren fortalecerlo y ampliar derechos.
En Argentina, el movimiento sindical y social en unidad de acción frenó la continuidad en manos privadas de la concesión de la red de aguas y de los ríos Paraguay-Paraná, donde circula el 80% de nuestras exportaciones. Ahora estará por un año en manos del Estado. Este espacio plural y amplio se está concentrando en proyectos y propuestas para defender la soberanía marítima, incidir en la industria naval y retomar el control estatal de la red troncal fluvial para garantizar la protección de los recursos naturales y así tener más producción y trabajo argentino. Apuntamos a desarmar la tecnología del saqueo que se impuso en la década del ’90 y ser parte de la construcción de la tecnología de la justicia social.
En Uruguay, la central obrera PIT-CNT junto al Frente Amplio lograron una hazaña que fue alcanzar un referéndum para poder derogar 135 artículos de la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC) que impuso el gobierno neoliberal de Luis Lacalle Pou. Casi 800.000 firmas se consiguieron en tiempos de confinamiento y restricciones de circulación. Fueron 130.000 rúbricas más de lo que exigía la norma de consulta popular. Esta gesta se logró en un contexto sanitario inédito, sin embargo, evidenció la fuerza militante ante una norma que cercenaba derechos adquiridos. Esto se completó con comités de solidaridad en todo el mundo, como el que se conformó en Argentina para que la ciudadanía uruguaya residente en el exterior también pudiera participar.
Rompiendo con el período dictatorial
En Chile, tras dos años de lucha callejera contra el ajuste de Sebastián Piñera, las mayorías populares alcanzaron la victoria en las elecciones para escribir una nueva Constitución que reemplace la impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet. Las fuerzas progresistas tienen mayoría en la Asamblea Constituyente que presidió en los primeros seis una mujer mapuche, Elisa Loncón, otra cima destacada del cambio que vive el país, ya que los pueblos originarios han sido criminalizados y encarcelados por el Estado. El pueblo se hartó de 30 años de neoliberalismo y produjo, a pesar de la represión estatal, la ruptura con el período dictatorial. A 50 años de aquella experiencia maravillosa del gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende, que aún admiramos, Chile despertó para refundar al país.
Colombia está ante dos escenarios antagónicos entre las necesidades del pueblo y los intereses excluyentes de las elites y el bloque autoritario que encabezan Álvaro Uribe e Iván Duque. La masividad de la protesta social que lleva ya tres meses se ha visibilizado mundialmente y ha demostrado la fuerza organizativa de las centrales obreras, sus organizaciones de base, de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, estudiantiles, de jubilados y pensionados. Por eso, la respuesta represiva ha sido de extrema dureza porque el poder no quiere perder privilegios. El Paro Nacional logró la marcha atrás de una reforma tributaria regresiva pero las masacres continúan.
Perú ha consumado, tras los intentos de no reconocimiento de la voluntad popular, la asunción del maestro rural y dirigente del gremio magisterial más grande de ese país. Pedro Castillo representa a los sectores históricamente postergados en un país con una crisis política que ha llevado a tener cuatro presidentes en apenas cinco años y hoy deberá gobernar con un congreso unicameral disgregado en once bloques partidarios. «Este Gobierno ha llegado para gobernar con el pueblo y para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados», dijo en su discurso de asunción. Hay esperanza. El eje de desarrollo que pueden generarse entre Argentina, Chile, Bolivia y Perú para potenciar los productos del futuro, como el litio, genera mucha expectativa. La historia demuestra que los gobiernos progresistas son los que potenciaron la integración y la complementariedad económica.
Batalla difícil
En el resto de la región el sindicalismo disputa una dura batalla contra gobernantes antiobreros como Jair Bolsonaro en Brasil, Mario Abdo Benítez en Paraguay o Guillermo Lasso en Ecuador.
En este contexto es importante subrayar las palabras del Papa Francisco en la 109 Conferencia de la OIT. Le remarcó a gobiernos y patronales que el Covid-19 “ha provocado un aumento de la pobreza, el desempleo, el subempleo, el incremento de la informalidad del trabajo, el retraso en la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, el aumento del trabajo infantil. Ha llegado el momento de eliminar las desigualdades”.
Dijo que “la propiedad privada es un derecho secundario, que depende del derecho primario que es la destinación universal de los bienes”.
El Papa también dejó un mensaje para las organizaciones sindicales porque “son como los profetas bíblicos, dan voz a los que no la tienen, denuncian, desnudan a los poderosos que pisotean los derechos de los trabajadores más vulnerables. Deben vigilar los muros de la ciudad del trabajo, como un guardia que vigila y protege a los que están dentro de la ciudad del trabajo, pero que también vigila y protege a los que están fuera de los muros”.
*Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-Autónoma y Coordinador General Nacional de la Coordinación Nacional de Trabajadores/as de la Industria (CNTI).
Publicado en: https://globallabourcolumn.org/2022/02/24/the-pandemic-and-the-decisive-role-of-trade-unions-in-latin-america/