Las tres centrales sindicales y los Comité del Frente Amplio en Argentina se reunieron para avanzar en la cooperación para el referéndum por la derogación de 135 artículos de la LUC que se realizará el 27 de marzo. Participó desde Montevideo el dirigente del PIT-CNT, José Olivera. Habrá acto en Buenos Aires la primera quincena de marzo.
En el anfiteatro Eva Perón de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTAA) se realizó este martes un encuentro entre los Comités del Frente Amplio, referentes de organizaciones de uruguayos y uruguayas residentes en Argentina y dirigentes de la CTA-Autónoma y la CTA-de los Trabajadores (la CGT envió su adhesión). Desde Montevideo, vía zoom, participó el dirigente de la central obrera uruguaya, el PIT-CNT, y coordinador de la campaña por la derogación de 135 de la retrógrada Ley de Urgente Consideración (LUC), nave insignia del proyecto neoliberal del presidente Luis Lacalle Pou.
Este encuentro de trabajo sirvió para analizar la forma más adecuada para que la ciudadanía oriental pueda viajar a su país de origen y ejercer así el derecho al voto. También se analizaron propuestas para el gran hito del 27 de marzo y se agradeció la solidaridad de la clase trabajadora argentina.
Señaló Olivera que es “central la anulación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración”, generar “las condiciones para enfrentar este proyecto concentrador, excluyente, neoliberal, de ultraderecha” y tener la “oportunidad de recuperar la iniciativa programática, para un proyecto emancipador frente al proyecto conservador y creemos que este triunfo es posible”.
Reveló el dirigente que “una encuestadora que trabaja para la derecha, para el gobierno admite que es posible que obtengamos un triunfo el 27 de marzo”, al tiempo que expresó que “el voto de las hermanas y hermanos uruguayos residentes en la otra orilla es de vital importancia, más en una elección que se puede definir por un margen estrecho”.
Destacó además que “esta iniciativa es ciudadana, excede al FA y al PITCNT, hay organizaciones sociales que se suman a esta campaña, inclusive militantes de la coalición gobernante, son más de 40 organizaciones sociales las que están en esta campaña que permitieron que este debate sea un debate ciudadano. Esta hazaña que construimos desde el proceso de recolección de firmas cambió el escenario político del país”.
“El gobierno está usando todo el peso del estado, incluido el aparato represivo contra la campaña por la derogación de los 135 artículos. No nos debería extrañar que generen un dificultad para que las uruguayas y uruguayos en Argentina no puedan ingresar al país”, denunció.
Asimismo, Hugo Godoy, secretario general de ATE y adjunto de la CTA-A sostuvo: “Esta Iniciativa de las tres centrales es una verdadera satisfacción, es una continuidad a la tarea como la que lanzamos con la epopeya que fue la levantada de firmas, a la que contribuimos con nuestro granito de arena para un contundente triunfo. Con el mismo entusiasmo de abrazarnos en la solidaridad y en la pelea política, estamos seguros que habrá un triunfo de la consulta popular que abrirán nuevos triunfos de un gobierno popular en Uruguay porque ningún pueblo de América Latina y el Caribe se salva solo”.
Para Adolfo Aguirre, secretario de relaciones internacionales de la CTA-A “estamos construyendo datos positivos a favor de pueblos y derechos a favor de trabajadores y trabajadoras. En marzo habrá dos hitos en la región: el 11 la asunción de Gabriel Boric en Chile; el 27 referéndum para mostrar que el pueblo uruguayo no quiere ni ajuste ni represión”.
También participaron del encuentro el director de relaciones internacionales de la CTA-T, Andrés Larisgoitía, su par de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Eduardo Pereyra, y Mercedes Cabeza, secretaria de organización de ATE.
Cabe recordar que en julio del año pasado el pueblo uruguayo superó las 800.000 firmas para alcanzar una consulta popular para derogar 135 artículos de la LUC, que La LUC representa pérdida de derechos adquiridos, ya que reduce la presencia estatal, debilita el rol de las empresas públicas, restringe del derecho de huelga, impide el acceso a la tierra, mercantiliza la educación pública, precariza el derecho a la vivienda, fragiliza los derechos de la niñez y adolescencia.