La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos presentó hoy el informe preliminar sobre la violencia estatal contra las manifestaciones pacíficas en Colombia. Ricardo Peidro, secretario General de la CTA-Autónoma, denunció que “en Colombia se cometieron delitos de lesa humanidad” durante las protestas recientes.
El gobierno de Colombia incurrió en “desaparición forzada de persona”, “delitos contra la vida”, “tratos inhumanos y crueles”, “amenazas, torturas y detenciones arbitrarias”, “abusos sexuales a mujeres, LGTBIQ y disidencias”, denunciaron este martes, durante un acto en la sede nacional de la CTA-Autónoma, Leonardo Pérez Esquivel, Laura Velasco y María José Cano, integrantes de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos en Colombia, que por espacio de once días recorrió quince ciudades de ese país y recabaron más de 500 denuncias sobre los atropellos institucionales contra el derecho a la legítima protesta. Según organizaciones de Derechos Humanos, la represión, en el marco de casi dos meses de Paro Nacional contra el ajuste del gobierno de Iván Duque, ha dejado 70 muertos, al menos 800 heridos, más de 1.000 detenciones arbitrarias y decenas de desapariciones.
Según el informe, “el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del paro nacional y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano”.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Ricardo Peidro, secretario general de la CTA-A, quien destacó que “este informe se enmarca en una tradición histórica de nuestra Central, que es la solidaridad internacional, porque en momentos difíciles esta salva vidas”. También valoró que esta delegación integrada por organizaciones del campo popular de la Argentina “viaje a Colombia en un momento muy difícil, cuando arreciaba la muerte y la represión y las balas eran la respuesta a la protesta social”.
El dirigente destacó las acciones de la CTA-Autónoma y otras organizaciones que se manifestaron “al consulado y embajada de Colombia en el país, algo que también se replicó a instancias de la CSA (Confederación Sindical de las Américas) en todo el mundo y que es de vital importancia porque las compañeras y compañeros se sienten acompañadas y abrazadas por los pueblos del mundo”.
“En Colombia no hay respuesta a la desaparición forzada, se trata de crímenes de lesa humanidad y así deben ser tratados”, denunció Peidro. Y concluyó: “Este informe es el puntapié inicial para seguir avanzando con esa solidaridad que abraza y salva vida, por eso nuestro reconocimiento a cada compañera y compañero que fue parte de esta misión”.
Laura Velasco, legisladora porteña por el Frente de Todos, subrayó: “Necesitamos que el mundo sepa lo que ocurre en Colombia. Nuestra intención es poder dar respuesta y trascender el cerco mediático sobre la violación de DDHH por parte del gobierno de Duque, con desapariciones forzadas, violaciones y mutilaciones. La violencia se manifiesta también al evitar escuchar el reclamo de la comunidad que se organiza desde el pasado 28 de abril para pedir por sus derechos. Hay sectores de todo tipo dentro de las protestas, no son una parcialidad”.
La también dirigente de Somos Barrios de Pie sostuvo que: “Tenemos un desafío y un compromiso con el pueblo colombiano. Durante el último año solamente se registró un 7% más de pobreza, mientras que el gobierno colombiano decidió aplicar una reforma tributaria regresiva. Estas medidas impopulares fueron la gota que rebasó el vaso. Previamente, desde que se firmaron los acuerdos de paz, más de 1000 líderes sociales fueron asesinados, lo cual en la sociedad ha impactado fuertemente. Tenemos el compromiso de hacerle llegar nuestro informe a los pueblos latinoamericanos, pero también a la comunidad internacionales toda y así lograr la reforma que solicita el pueblo colombiano en salud, educación y políticas públicas”.
A continuación, Leonardo Pérez Esquivel, integrante de la Junta Interna del Archivo General de la Nación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTAA), dijo: “Acabamos de tener el fallo del Tribunal Permanente de los Pueblos que ha corroborado con testimonios, desde 2020 hasta la actualidad, la construcción de un modelo de democracia formal con terrorismo de estado, con la ejecución de una política de desaparición forzada, para meter terror, con un genocidio en continuado en Colombia por parte de la minoría dominante compuesta por terratenientes, banqueros, narcotraficantes y transnacionales que ha armado una estructura de dominación”.
Agregó que “la represión ha tenido como eje la aniquilación de toda forma de protesta por la justicia social, es una estrategia de décadas, que además es ejecutada por la policía, el ejército y por el paramilitarismo, que nunca se ha desarmado”.
Finalmente, María José Cano, directora del Departamento de Derechos de los Pueblos de ATE Nacional, expresó: “En el transcurso de esos casi 11 días pudimos constatar alrededor de 500 denuncias que fueron presentados por organismos y por familiares directamente a nuestra Misión. Muchas personas de distintos territorios pedían que nos acerquemos para tomar sus denuncias. Hay un cerco para que no se conozca lo que ocurre en Colombia, por eso era vital nuestra labor para difundir la situación. Aún hoy nos siguen llegando denuncias y debemos seguir visibilizando lo que ocurre en Colombia, porque se siguen volando los DDHH de forma abrumadora. A través del ejército, de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas paramilitares, el gobierno de Duque sigue volando DDHH. Estamos sistematizado más de 500 denuncias en estos días, más cientos que ya habíamos traído de la Misión.”
“El Estado colombiano tiene que ser investigado por amenazar, intimidar y dañar a múltiples sectores del pueblo. Además, debe ser investigado por ejercer prácticas inhumanas contra la integridad de las personas que se manifestaban pacíficamente. El pueblo colombiano tiene derecho a acceder a todas las instancias para hacer valer su derecho a defensa”, agregó Cano.
Adriana Pinzón, desde Colombia, agradeció “la solidaridad y acción de la misión y sepan que el paro sigue y la barbarie sigue pero lamentablemente el cerco mediático y en las calles nos están matando”.
El informe de 13 páginas consta de siete capítulos y conclusiones. Allí se desarrollan las investigaciones de la misión en ítems como “Despliegue represivo del estado colombiano”, “Víctimas”, “Rol de la institucionalidad”, “Delitos cometidos”, “Violaciones de los DDHH en territorios recorridos”.
Asimismo, la misión recorrió las ciudades de Cali, Medellín, Pereira, Siloé, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá, entre otras.
El evento fue coordinado por Rafael Vargas, secretario de Derechos Humanos de la CTA-A.