La violencia contra las organizaciones sindicales es una constante desde el golpe de Estado de 2009. Durante la 108º Conferencia de la OIT han intentado cercenar el derecho a huelga. La CTA-Autónoma demandó a la Organización Internacional del Trabajo que envíe una misión al país centroamericano para que informe sobre “las violaciones a los derechos humanos, a la integridad física, a la libertad sindical”.
Desde hace dos semanas se desarrolla en Honduras una protagonizada por médicos y maestros del sector público que exigen que se deroguen las leyes que pretenden la privatización de los servicios sanitarios y educativos y el despido masivo de trabajadores de esas áreas.
Para limitar el derecho a la protesta las autoridades han recurrido a la fuerza pública y a la amenaza de la ilegalización de la huelga, violando así las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La avanzada contra los derechos sindicales se está dando en la OIT -que celebra su centenario en Ginebra, Suiza-por parte del gobierno conservador del presidente Juan Orlando Hernández y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), quienes utilizaron los argumentos autoritarios de que la huelga general “tiene motivaciones políticas”.
En ese marco, la CTA, que desde el golpe perpetrado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya el 27 de junio de 2009, ha expresado solidaridad activa con los movimientos populares en ese país y exigido en propio suelo hondureño por el retorno a la democracia, ha hablado en defensa al derecho a huelga en Honduras.
Dijo el secretario gremial de la CTA-Autónoma, Daniel Jorajuria, ante la OIT: “El derecho de huelga es parte de la libertad sindical y junto a la negociación colectiva es un derecho universal incorporado por la Declaración de 1998. Este derecho no puede prohibirse a los sindicatos de segundo y tercer grado porque no solo atenta contra el Convenio 87 sino también porque inhibe a los trabajadores de crear un programa de acción y organización”.
Recordó el dirigente, que además es abogado especializado en derecho laboral, que “el Comité de Libertad Sindical ha reconocido el derecho de huelga como un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales”.
Jorajuria advirtió a los empresarios y al gobierno hondureño que “la prohibición impuesta a las federaciones y confederaciones de que se declaren en huelga no es compatible con el convenio”.
Además calificó como ilegal el intento de “imposición de mayorías especiales o cualquier tipo de acción para interferir en las organizaciones sindicales en el legítimo derecho de huelga”. Y subrayó: “Si es así, esto debe ser entendido como violación al Convenio 87 ya que limita el derecho de organizar su programa de acción y lucha”.
La CTA-A también se refirió al Código de Trabajo de Honduras que exige una mayoría especialpara la declaración de una huelga (dos tercios de la totalidad de los miembros): “El Comité de Libertad Sindical recordó que las recomendaciones de la Comisión de Expertos afirmaron que constituye una intervención de la autoridad pública en la actividad de los sindicatos”, argumentó Jorajuria.
Ante el ataque de empresarios y gobierno a la huelga de maestros y educadores, el secretario gremial de la CTA-A sostuvo que “el arbitraje obligatorio, como lo dijo el Comité de Expertos en reiteradas oportunidades, atenta contra el derecho de huelga y contra derecho del movimiento sindical a organizar libremente su actividades”.
Cabe recordar que el Comité de Expertos lamentó que el gobierno de Honduras no haya rectificado su actitud y acatado las recomendaciones de 2014 para poner en sincronía el Código de Trabajo con los convenios de la OIT.
Por estas razones es que Daniel Jorajuria solicitó “una Misión de Encuesta que elabore un informe sobre las violaciones a los derechos humanos, a la integridad física, a la libertad sindical en Honduras”.