En el marco de un nuevo debate entre funcionarios y especialistas en torno a la presentación del anteproyecto para un nuevo régimen penal juvenil por parte del Poder Ejecutivo, que propone bajar la edad de imputabilidad a 15 años, desde la Secretaría de Relaciones Internacionales dialogamos con Vanesa Salgado, integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, investigadora del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani (FSOC UBA) y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma, quien participó como expositora en la tercera Jornada de Debate del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en la Cámara de Diputados de la Nación, que discutió específicamente la edad de responsabilidad penal y los plazos.
Contanos sobre esta última jornada de debate en torno a la iniciativa del gobierno nacional de modificar el régimen penal juvenil reduciendo la edad de punibilidad a 15 años,
¿Cuál es el marco en el que se da este debate? ¿Qué busca el gobierno poniendo el foco en la criminalización de lxs jóvenes?
En primer lugar, lo que cabe destacar es cómo el debate sobre el régimen de responsabilidad penal juvenil vuelve a aparecer en un contexto electoral en Argentina. Esto no es nuevo, es reiterado. Y nosotros sostenemos desde el Foro por la Niñez y el espacio No a la Baja en Argentina, así como en el ámbito académico del que formo parte, a través del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA); sostenemos que un debate tan sensible para la sociedad y un tema tan complejo no puede nunca serle funcional a ningún oportunismo electoral de ningún oficialismo ni oposición.
Evidentemente vuelve a buscarse meter esta ley regresiva en materia de derechos para los adolescentes de nuestro país en un clima electoral, intentando dar respuesta a un reclamo de seguridad que vendría de la mano de endurecer las médicas, hacerlas más drásticas y de mayor castigo para los adolescentes.
Es complejo el planteo porque es absolutamente falaz en todos sus argumentos. En primer lugar, el problema de la Argentina no es el delito. Y dentro del delito que tiene la Argentina fundamentalmente contra la propiedad privada, el 96.5% lo producen los adultos, no los menores de 18 años. Dentro del universo de los menores de 18 años, por su parte, los menores de 16 años cometen el 1% de los delitos. Entonces no hay ninguna estadística o dato que permita sostener que una medida de política de seguridad vendría de la mano de perseguir a las poblaciones de adolescentes. El sistema penal nunca brinda seguridad, castiga. Es engañoso y mentiroso pensar que de la mano del sistema penal se pueden realizar políticas de prevención del delito. No, para eso están las políticas sociales. El sistema penal entra en acción una vez cometido el delito. Y en este debate que se está dando hoy en el parlamento argentino, el anteproyecto del Poder Ejecutivo sobre el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, es lo suficientemente capcioso, confuso, mezcla estos conceptos en propuestas que dan a suponer que el sistema penal podría venir a garantizar derechos a los adolescentes en nuestro país.
¿Qué es la Campaña No a la Baja? ¿Cómo surge y quienes la integran?
Surge en el marco también de un año electoral parlamentario, 2017, y a partir de un caso que tuvo lugar en Argentina en el verano de ese año, que fue el caso Brian donde ocurrió un homicidio. Siempre lo que se usa es la casuística para generar la alarma social que permita imponer la idea de que el problema en nuestro país es que los adolescentes delinquen en edades cada vez más tempranas y de formas cada vez más brutales generando un enemigo interno ficticio al que combatir. Todos argumentos falaces, nada de eso es real.
Sobre esa embestida en 2017, se conformó la Campaña No a la Baja de la cuál somos parte como Foro y fuimos uno de los impulsores de esta iniciativa a la cual se han sumado universidades, colegios, centros de estudiantes de diferentes provincias del país, sindicatos, diferentes organizaciones sociales y de DDHH que trabajan con niñxs y adolescentes. Se trata de un espacio muy horizontal y muy amplio al cual invitamos a sumarse a todos aquellos que estén de acuerdo con que bajar la edad de punibilidad no soluciona ningún problema, que ningún problema social se soluciona con el sistema penal y que además sería sumamente injusto para con nuestrxs adolescentes, teniendo en cuenta que en la Argentina el 48% de los niñxs y adolescentes viven bajo la línea de pobreza, es decir 1 de cada 2. Además de la forma perversa en que se pone en agenda el tema poniéndolos como victimarios y no como las reales víctimas de esta situación en su vulneración de derechos.
¿Cuál es la posición que expusiste en la Cámara de Diputados?
Ayer en la audiencia que se celebró en forma conjunta entre la Comisiones de Familia, Penal y de Presupuesto del Congreso, expusimos un posicionamiento que en primer lugar deja sentado que el proyecto del Poder Ejecutivo no tiene consenso, porque en el año 2017 el Ministerio de Justicia llamó a audiencias temáticas muy similares a las que ahora hace el parlamento y ahí se dejó muy claro el consenso alcanzado respecto a que hacía falta reforzar todo el sistema previo al sistema penal, es decir la promoción y protección de derechos. Y que no se podía justamente gobernar a través de políticas penales cuando la responsabilidad del estado es estar presente con políticas sociales.
En el tema de la baja de la edad de punibilidad, en concreto, de 42 expositores el 86% en aquél momento sostuvieron tajantemente el no a la baja, entre los cuáles se encontraba UNICEF, por ejemplo. Y sin embargo el gobierno salió a decir que este anteproyecto presentado en 2019 surge del consenso de las audiencias realizadas en 2017. Ayer dejamos en claro en nuestra exposición que eso es falso, ninguna de las posturas mayoritarias que se pusieron sobre la mesa en 2017 a través de los expertos y los inspectores del sistema, fueron tenidas en cuenta.
También sostuvimos, en segundo lugar, que la razón para poner la niñez en la agenda de la Argentina hoy no es el delito y su posición como victimarios, sino la que da cuenta de su carácter de víctimas por la privación de derechos elementales que sufren. Dijimos también que un debate genuino y democrático sobre un nuevo régimen penal juvenil que vale decir, todos queremos, porque el actual es heredado de la dictadura y claramente queremos uno producto de la democracia; pero para que eso sea posible, el debate tiene que darse con lxs adolescentes dentro. El derecho a ser oído que rige en nuestro país a través de la Ley 26.061 (DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) y la ratificación de la Convención (sobre los Derechos del Niño de ONU) no es opcional, no podemos elegir escucharlos o no, estamos obligados a hacerlo. El Estado lo está y el mundo adulto de forma corresponsable está obligado a escuchar y tener en cuenta su opinión en todo lo que atañe a sus decisiones y trayectoria de vida, como lo es la posibilidad de ser tocado por el sistema penal. Por eso dijimos claramente que a este debate le faltan los adolescentes, fue nuestra denuncia, además del reclamo de que el debate debe ser oportuno y no oportunista. Con este tema sensible no podemos permitir que nadie haga campaña electoral.
¿Cómo se inserta este debate en el contexto regional? Sobre todo teniendo en cuenta la experiencia uruguaya donde el referéndum pudo torcer el brazo a la baja hace 4 años y la promesa de Jair Bolsonaro durante su campaña electoral de imponer la baja en Brasil.
En el contexto regional sin dudas observamos un carácter regresivo en materia de derechos, también es cierto que hay países vecinos donde la edad de punibilidad es más baja que aquí, pero ahí hay una trampa a tener en cuenta, porque algunos países cuya edad de punibilidad es más baja incorporan también topes de penas. Es decir, la escala de penas es más pequeña. El anteproyecto argentino no solo busca bajar la edad de 16 a 15 años, sino que el tope de penas que propone es muy escaso o prácticamente nulo según el caso: para un chico de 15 años es de 15 años, la misma cantidad de años de vida que tiene puede pasarla en el encierro un adolescente en caso de ser condenado por ejemplo por un robo con arma apta, como un cuchillo. Del mismo modo, no incorpora ningún tipo de tope de penas para los adolescentes que ya son punibles con el régimen actual, de 16 y 17 años, permitiendo que sean penados con condenas de hasta 50 años de reclusión carcelaria. Expresa la prohibición de la cadena perpetua, pero admite penas de hasta 50 años.
Con esto queremos decir que no se trata únicamente de mirar la edad de punibilidad, sino también las penas. Y en ese sentido el proyecto argentino es uno de los peores de la región, por la forma en la que están previstas las sanciones y penas sería más riguroso que en los demás casos.
Además, el Comité de los Derechos del Niño de ONU exhorta claramente a los Estados a subir las edades de punibilidad. Muestra su preocupación al respecto por los países de América Latina donde la edad es muy baja. Las observaciones y recomendaciones del Comité indican subir la edad de punibilidad, buscando la forma de elevar esos estándares. Lo que tendríamos que estar debatiendo en Argentina, si queremos un debate democrático y progresivo en materia de derechos es cómo subimos la edad de punibilidad, y no bajarla.
*Por Prensa Secretaría de Relaciones Internacionales CTA Nacional