Con la promulgación del decreto 70/2017, por el cual el Gobierno argentino modificó la Ley de Migraciones 25.871, se consumó un importante proceso de regresividad en materia de derechos humanos de los migrantes en la República Argentina.
Se endurecen los criterios de expulsión y de denegación de la residencia; se debilita el derecho a la defensa y se establece un trámite de expulsión exprés; se ignoran el arraigo y la vinculación familiar para dictaminar la expulsión; y se amplían los casos en que los migrantes pueden ser detenidos.
La ley 25.871 constituyó un gran avance en materia de derechos para las personas migrantes en la Argentina, y vino a cambiar el paradigma vigente hasta ese momento donde se consideraba a los migrantes como una amenaza para la Seguridad Nacional. Dicha ley fue construida como lo debe ser toda norma que legisla sobre los derechos y la dignidad de las personas: con el consenso de un amplio arco de sectores sociales, políticos y sindicales que trabajaron arduamente para lograrlo. Los trabajadores y trabajadoras fuimos una importante voz en ese proceso. La ley 25.871 constituyó un avance no sólo para la República Argentina, sino que se erigió en ejemplo y modelo de una legislación progresista para otros países de la región, siendo reconocida por innumerables organizaciones internacionales de derechos humanos. Fue también un importante paso que permitió avanzar en el proceso de integración regional entre países hermanos.
El decreto 70/2017 es la cristalización de un proceso de regresividad en materia de derechos que ha sido motorizado por el Gobierno nacional argentino desde su asunción y del cual venimos alertando hace ya tiempo. Nuestra preocupación es por la forma y por el contenido de la modificación. El contenido es repudiable, ya que tiene como primer objetivo volver a asociar migraciones y criminalidad, pero que responde a un paradigma más amplio que intenta estigmatizar al diferente, al extranjero, al pobre, al joven, y culpabilizarlos de la crisis económica y social que se está viviendo en la Argentina. Esta estrategia es harto conocida y por eso preocupa. La forma en que ha sido modificada la ley, esto es, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, recurriendo a una polémica tergiversación de datos y estadísticas y utilizando una campaña mediática para tratar de legitimar este decreto, constituye un atropello a los valores democráticos y un abuso de poder inadmisibles, máxime cuando lo que se intenta atacar son los derechos humanos.
Estos hechos preocupan a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, sobre todo en nuestra región, ya que constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos y de integración regional. Genera una importante amenaza contra el Acuerdo sobre residencia para nacionales de los estados partes del Mercosur del 2002, así como contra todos los avances que se han hecho para lograr la libre circulación de las personas en la región.
Preocupa además la situación mundial que estamos atravesando, donde a la crisis humanitaria se le responde con discursos fascistas y xenofóbicos y con el endurecimiento de las políticas migratorias. Por ello, desde la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, repudiamos los cambios introducidos en la ley migratoria argentina, denunciamos el accionar y el discurso discriminatorio del Gobierno argentino, y consideramos indispensable un pronunciamiento contundente de cada uno de los países de la región para defender a todos los y las trabajadores sin importar su nacionalidad.