Lagarder Danciu, el principal activista español –de origen rumano– sobre el problema de los sin techo, está a punto de ser expulsado de su país por ser considerado una “amenaza social”. Sería un pésimo antecedente sobre persecución judicial a los luchadores populares.
Unas doscientas personas, pocas pero entusiastas, celebraban un nuevo aniversario de la muerte del General Francisco Franco, el pasado 20 de noviembre, en la Plaza de Oriente de Madrid. Pelo al ras, camisas pardas, brazo derecho en alto: nada fuera de la norma en esa clase de actos. De pronto, alguien se hace espacio entre la modesta muchedumbre con un cartel que dice “Franco, asesino”. La consecuencia, por esperable, no deja de provocar estupor: lo molieron a palos. “Los policías me corrieron de ahí para que no siguieran pegándome, pero no detuvieron a ninguno de ellos”, cuenta el protagonista de esta historia, ni más ni menos que Lagarder Danciu, uno de los activistas más notorios de España, a quien las imágenes virales de la tunda, tomadas por un periodista, lo hicieron un poco más famosos, esta vez, a nivel global.
Lagarder es un gitano rumano emigrado a España a los once años y, más allá del incidente con los nostálgicos de Franco, es también la advertencia más destacada sobre uno de los principales problemas de ese país europeo: las personas sin hogar que viven en la calle. “La situación de las personas sin techo de España es de emergencia social, muchos han muerto en la calle por falta de servicios sociales básicos. Los partidos PP y PSOE han privatizado los servicios que hoy día están en manos de grandes empresas”, destaca en diálogo con Sangrre. “En las calles de España cada seis días muere una persona sin techo y las autoridades no hacen nada para parar estos asesinatos de gente empobrecida y expulsada del sistema”. Él mismo vive voluntariamente en la calle desde 2015, para dar testimonio sobre esta problemática.
Pero no fue esa golpiza, aunque dolorosa, lo más grave que le ha pasado a Lagarder en los últimos meses. Pesa sobre él la amenaza de ser expulsado de España por ser considerado “una amenaza social”. El motivo, una detención el pasado 6 de diciembre durante las celebraciones del Día de la Constitución, en Málaga, cuando intentó visibilizar la contradicción entre esos festejos y los derechos consagrados en esa Carta Magna, hija del Pacto de la Moncloa, que el propio estado no se molesta en hacer cumplir. “Nos estamos muriendo en la calle”, se lo escucha gritar mientras la policía lo detiene. De concretarse, la extradición del activista rumano sería un serio precedente para toda Europa, ya que se trataría del primer ciudadano comunitario expulsado por causas políticas de un país que integra la comunidad. “Soy un peligro para el gobierno por haber logrado visibilizar la miseria de la calle, la pobreza severa de España que afecta a 3.5 millones de españoles. Soy un peligro para los políticos ya que con el activismo de calle pongo en evidencia su torpeza y la falta de humanidad. Los políticos son responsables directos de la pobreza de España y ahora pretenden callarme con la expulsión para que sigan humillando al pueblo español. No voy a callar, seguiré protestando ante las injusticias”, desafía vía Twitter. “No es cuestión solo de España, en Europa hay más de doce millones de personas sin techo y en Estados Unidos otros millones. Es el capitalismo que se sustenta en la pobreza. Sin pobreza el capitalismo deja de existir”.
Lagarder es un internauta inquieto y sus cuentas en las distintas redes sociales, bajo el nombre de Largarder Activista, tienen decenas de miles de seguidores. Las administra desde un teléfono celular cuyo servicio costean los integrantes de una organización sin techo de la ciudad de Cádiz. Ha trabajado como educador en varias instituciones españolas y hasta ha colaborado con la propia policía como traductor. Sobre su peculiar decisión de convertirse en homeless cuenta que “estaba a punto de ser desahuciado –desalojado– de mi casa y así es como he decidido unirme a la gente de la calle y hacer visible la situación de pobreza severa que sufrimos. Estoy en la calle para documentar y narrar las historias de la gente de la calle y pedir al gobierno soluciones para las más de 50.000 personas sin techo. A nadie le gusta vivir en la calle, somos gente expulsada por este sistema individualista que ignora nuestros derechos”.
Ahora, Largarder se encuentra a la espera de la resolución de su caso, que ya ha provocado manifestaciones públicas de apoyo, como la realizada el pasado 17 de diciembre en el centro de la ciudad de Málaga. “La situación judicial está en su fase de inicio ya que la Brigada de Extranjería de Málaga ha iniciado la orden de expulsión. Mi abogado ha presentado recurso y estamos a la espera de la decisión del juzgado, que más que seguro va a archivar la orden de expulsión, ya que no tiene base jurídica alguna. Este gobierno utiliza las instituciones como cortijo –en el sentido de coartada– para reprimir a los activistas que luchamos en defensa de los derechos humanos”. Su parecido con casos similares, de resonancia internacional, ocurridos recientemente en Argentina no es mera coincidencia.
No obstante su acuciante situación, Largarder continúa su campaña de esclarecimiento sobre uno de los principales problemas de las grandes urbes contemporáneas. “La solución es sencilla: la autogestión, que se dejen a las propias personas que padecen pobreza participar. El asistencialismo y la caridad cronifica la pobreza y de aquí el problema. La autogestión es el camino perfecto para acabar con el sinhogarismo, pero el capitalismo no quiere que nos organicemos, teme a una sociedad igualitaria y sin pobres”, concluye.
por Sebastián Scigliano