El 2 de octubre de 2016 se llevará a cabo un plebiscito donde el pueblo colombiano decidirá poner fin a un conflicto que lleva 50 años y que tiene más de 7 millones de víctimas, con más de 220.000 asesinatos en manos de la guerrilla, los paramilitares y de las fuerzas armadas.
El tratado de paz está trazado en un acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado, con un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Las víctimas sabrán qué pasó con sus seres queridos y familiares, no sólo por medio de la justicia sino también con la creación de una comisión de la verdad que se encargará de buscar a las víctimas y desaparecidos durante el conflicto que serán reparados y se garantiza que no se repetirán los crímenes de los que fueron víctimas, no sólo porque se pone fin al conflicto sino porque habrá verdad justicia y reparación. Esta es la primera vez en la historia que un grupo guerrillero acepta responder por los delitos ante un tribunal de justicia nacional; todos los responsables de los crímenes más graves serán sancionados y tendrán que reparar a sus víctimas.
Este es un acuerdo de justicia a cambio de contar toda la verdad, con la garantía de no volver a delinquir, los responsables cumplirán una sentencia de 5 a 8 de restricción efectiva de la libertad y cumplirán sanciones como la construcción de infraestructura, contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y quien no cuente la verdad irá a prisión hasta 20 años, el objetivo es que nunca más se repitan los crímenes cometidos en el conflicto armado y que las víctimas sean plenamente reparadas.
La historia
En 1982, Belisario Betancur, de origen conservador, con el apoyo de la Alianza Popular, asume la presidencia de Colombia. A diferencia de sus antecesores, Belisario planteó la necesidad de iniciar un proceso de paz y estructurar una reforma política que diera lugar a iniciar el diálogo con la guerrilla y otros grupos ilegales y/o proscritos. Por primera vez, un presidente consideró las causas objetivas de la violencia en Colombia: el tema de la tierra y la desigualdad. Betancur creó dos comisiones (la Comisión de Paz y la Cumbre Política Multipartidaria) y puso en marcha un proyecto de amnistía.
En este proceso de diálogo participaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Autodefensa Obrera (ADO). Durante este período nace una nueva fuerza política (UP) Unión patriótica, como un partido político legalmente constituido con representación de algunos de los grupos que se acogieron al diálogo y otros sectores marginados de la vida política nacional. Sin embargo, desde el principio de su gestión, Betancur careció de un amplio apoyo político y para algunos sectores de su propio partido conservador, era inadmisible pensar en establecer diálogos con sectores o grupos de tendencia comunista, en pleno contexto internacional de la guerra fría, por lo que el acuerdo no prosperó.
Sin embargo, hay que reconocer que en su gobierno hubo un cambio importante en la dirección del discurso político del país. Se introdujeron dos elementos al discurso político nacional: el primero reconoció que la oposición armada es un actor político y que es necesario abrir un diálogo con ella. El segundo planteó que Colombia, como otros países en América Latina en esta época, también requería un proceso de apertura democrática. El nuevo planteo implicaba un viraje radical. Para Betancur, el paso fundamental del proceso de democratización colombiano era la negociación con la guerrilla sobre la base de su eventual participación en un sistema político reformado.
Durante su gobierno se alcanzaron algunos acuerdos del cese al fuego, se abrieron mesas de discusión sobre los grandes problemas del país y se plantearon grandes reformas políticas sobre puntos tales como la situación agraria, urbana, legislativa y sobre los derechos humanos. Pero lo que no se logró alcanzar fueron acuerdos definitivos en ningún campo, los pactos de tregua no duraron y no se alcanzó la paz.
Se abrirá un nuevo período cuando Virgilio Barco (1986- 1990), bajo el lema “Mano tendida, pulso firme” desarrolló una serie de programas encaminados a la rehabilitación de las zonas de violencia, tales como el Plan Nacional de Rehabilitación y el establecimiento de los consejos municipales y departamentales que debían fomentar la participación de la ciudadanía. En el fondo, el objetivo principal no era negociar una solución al conflicto armado, sino legitimar el Estado y deslegitimar la guerrilla. Para Barco podía haber negociaciones, pero ya no entre dos partes, sino entre un Estado que conscientemente representaba a la ciudadanía y unos grupos guerrilleros que cada vez eran menos legítimos.
En 1990 llega al poder César Gaviña, en un momento de gran crisis política y de extraordinaria revuelta social, particularmente después del asesinato del candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, y los asesinatos de dos candidatos de la izquierda, entre ellos el candidato del M-19, Carlos Pizarro, después de haber entregado sus armas. Ni la nueva Constitución de 1991 ni un período de grandes reformas políticas y de participación democrática, pudieron parar la ola de mayor violencia. Otros de los intentos fue el informe de los 100 días durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), quien intentó darle nuevamente un carácter político al conflicto, pero sin poder llegar a un acuerdo.
El 7 de enero de 1999, en el municipio de San Vicente del Caguán, Andrés Pastrana, presidente de Colombia, instalado en una mesa quedó literalmente plantado con una silla vacía, preparada para el comandante de las FARC, Manuel Murulanda Vélez. Este evento se conoce como “La silla Vacía”. Poco después se conoció que no llegó a la cita porque su presencia allí enviaría el mensaje equivocado de que la paz estaba cerca.
Pastrana fue el padre del “Plan Colombia” que es un acuerdo bilateral que fue suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en 1999, con tres objetivos específicos: generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos. Dicho acuerdo resultó ser una pantalla para cubrir la implantación de fuerzas armadas estadounidenses en Colombia, donde las operaciones militares fueron dirigidas desde Washington con el fin de proteger los yacimientos de petróleo e impedir toda negociación con las guerrillas. Con más de 300 infraestructuras estratégicas en Colombia, Estados Unidos, destinó en febrero de 2002 unos 100 millones de dólares para garantizar la protección de dichos sitios contra la guerrilla. Estas operaciones han costado la vida a miles de campesinos.
Estados Unidos saca muchos beneficios del conflicto armado, como la alianza de Colombia para seguir con el TLC (Tratado de Libre Comercio), la extracción de petróleo, carbón y oro, minerales estratégicos, y la adquisición de materias primas a bajo costo y se asegura la inversión de capitales extranjeros. Uribe asume su primer mandato (2002-2006) con un Palacio bombardeado por las FARC, promete combatir la guerrilla y pone en marcha con recursos de Estados Unidos el “Plan Colombia”.
Entre los años 2000 y 2005, recibió US$2.800 millones de dólares, que junto a la asistencia del Departamento de Defensa promedió los US$4.500 millones de dólares. En el 2005, la Administración Bush pidió fondos adicionales al Congreso de los Estados Unidos para el Plan Colombia y adiciona US$463 millones de dólares a través del ACI y US$90 millones a través del FMF. El fortalecimiento del ejército colombiano con el apoyo de Estados Unidos y con apoyo aéreo, hicieron que las FARC y otras fuerzas se replegaran selva adentro. Santos, quien fuera ministro de defensa de Uribe, y su sucesor en la presidencia de Colombia, prometió seguir con la misma política de seguridad, sin embargo en el 2012 dio un golpe de timón a su política contra la guerrilla y anunció que había instancias de apertura de negociaciones con las FARC para abrir un acuerdo de Paz.
Origen de la FARC
Los años comprendidos entre 1948-1958 se conocen dentro de la cultura y sociedad colombiana como “la violencia” y como el período de acuerdos políticos, entre liberales y conservadores como el del “frente nacional”. Los años de “la violencia” determinaron el destino de decenas de miles de familias campesinas las cuales fueron desplazadas de sus tierras de labranza por la violencia que se disparó en las zonas rurales de Colombia. Este desplazamiento forzado, trajo como consecuencia la apropiación ilícita de cientos de miles de hectáreas de tierra cultivables, las cuales pasaron a poder de los grandes terratenientes. Una de esas familias fue la del hoy conocido Manuel Marulanda Vélez, alias “tirofijo”. Marulanda era miembro del partido liberal y en conjunto con familiares y amigos se alzó en armas contra el Gobierno fundando un enclave guerrillero al sur del país. Muy pronto fue seducido por la ideología del partido comunista y junto con sus seguidores se adhirió al mismo, proclamando lo que llamó República Independiente de Marquetalia. Este hecho ocurrió alrededor de 1964, y muy pronto, en 1966, formalizó oficialmente el nacimiento de las FARC. Por aquellas épocas el Gobierno de turno en Colombia era conservador y la cantidad de desplazados seguía en aumento y el gobierno de los EE.UU. trataba de contrarrestar el avance de las ideologías revolucionarias del partido comunista en Latinoamérica. Todo ello fundamentó una ideología, que en un principio tuvo mucho de político y social. Su lema era: “la tierra para el que la trabaja”. Los asesinatos, secuestros, atentados a civiles y el narcotráfico de entonces, son la trágica y condenable historia reciente. Pero el monopolio de la violación de los derechos humanos no le pertenece solo a la guerrilla, sino que ante crecimiento de otros grupos guerrilleros se crearon grupos de autodefensa o grupos paramilitares de ultraderecha responsables de más de la mitad de la escalofriante cifra de más 220.000 colombianos asesinados desde que empezó el conflicto y más de 7 millones de víctimas.
El ejército de Colombia ha sido históricamente acusado de colaborar de dar apoyo logístico y brindar armamentos a los grupos paramilitares durante el gobierno de Uribe se demostró que mas 3000 ciudadanos civiles habían sido asesinados en manos del ejercito disfrazados de combatientes de las FARC para que fueran contados como bajas de guerra. El décimo intento de acuerdo de paz se inicia en la Habana Cuba con muchas desconfianzas pero con una necesidad que lleva a más de 7 millones de víctimas a lo largo de la historia desde que comenzó el conflicto.
Lo que está en juego en el tratado de paz
Con el acuerdo de paz, las FARC tendrán un tratamiento extraordinario para evitar severas condenas por parte de la justicia y tendrían “todo el apoyo del gobierno” para transformarse en un movimiento político legal. No es un dato menor que el presidente Juan Manuel Santos estuviese sentado en la misma mesa que el jefe de las FARC Timochenko, con un tratamiento de iguales condiciones tanto para las FARC como a los militares y a otros miembros que hubieran participado directamente o en forma indirecta del conflicto. Este requerimiento era uno de los puntos que exigió las FARC para despejar la idea de sumisión, y poder comenzar las negociaciones en la Habana.
También dio lugar a que el gobierno se comprometiera a promover una ley de amnistía “lo más amplia posible” por delitos políticos y conexos. Además el tribunal que los juzgue no sea uno del estado sino uno ad hoc que surge de este acuerdo y cuyos magistrados serán elegidos mediante un proceso definido por por la guerrilla y el gobierno. Este tribunal para la paz tendrá como fin “restaurar” la relación entre victimarios y sus víctimas más que una justicia punitiva cuyo fin es castigar. Por esa razón las penas que pagaran los que sean culpables será mediante la libertad vigilada con un grado de flexibilidad que permita reparar con sanciones como contribuir al desminado o a la sustitución de cultivos. Por su parte el gobierno logra que las FARC aceptaran someterse a un proceso judicial. Aunque las FARC querían que su participación en una comisión de Verdad sustituyera la necesidad de un juicio.
Otro punto clave es que la participación de las FARC en este sistema de justicia transicional estuviera condicionado a que la guerrilla dejara las armas. Y además, que se fijara un término perentorio para que comenzara ese proceso no mayor a dos meses luego de la firma del Acuerdo Final. Este punto es fundamental porque la guerrilla tenía la teoría de que la dejación de las armas sería simultánea al cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno. Como esa ejecución puede tardar hasta 10 años, existía el temor de que las FARC quisieran mantenerlas todo ese tiempo. Con este punto del acuerdo ese temor se disipa.
El tercer logro es que aunque no paguen cárcel, las FARC hayan aceptado una sanción de restricción de la libertad por un término igual al que pagaron los paramilitares en Justicia y Paz. La sanción de entre cinco y ocho años tiene una carga simbólica que seguramente hará que los colombianos acepten con sabor amargo.
Al aceptar la guerrilla ser juzgadas por un tribunal y condenadas así sea a una pena alternativa, las FARC admiten que no solo fueron unos rebeldes, que no solo fueron víctimas de las injusticias sociales y de la represión del Estado, que no solo fueron el ‘ejército del pueblo’ como se han tratado de presentar a sus bases durante todos estos años sino que también fueron victimarias, que cometieron delitos atroces y que por lo tanto se merecen ser juzgadas y condenadas. Al aceptar la guerrilla que quien no cuente “la verdad plena”, reparare a las víctimas y garantice la no repetición tendrá que pagar cárcel por 20 años está enviando la señal de que estará dispuesta a contar su verdadera participación en el conflicto. A mostrar y aceptar valientemente su cara más oscura. El día que lo haga, el discurso justificatorio y de superioridad moral que exhibieron al inaugurar los diálogos de paz en Oslo será un tema del pasado y tendrá que comenzar a construir una nueva identidad a partir de ese acto de humildad y de reconocimiento de culpabilidad para con sus víctimas. Será duro. Pero al haber dado este salto que pocos esperaban también obliga a su contraparte a hacer lo mismo. “Creemos imprescindible, entonces, que el resto de actores del conflicto, tanto los que han combatido, como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano, sin escatimar un ápice de verdad”, dijo Timochenko en su intervención después de la lectura del Acuerdo. Y es que el Acuerdo creó los incentivos para que, por ejemplo, los militares condenados a 40 años de prisión por los falsos positivos cuenten la verdad de lo ocurrido para ser cobijados por el Tribunal de Paz y pagar en cambio una pena de ocho años recluidos en una finca o haciendo trabajo comunitario. Cuando cuenten la verdad ineludiblemente terminarán involucrando a mandos más altos que a la vez tendrán el incentivo de confesar lo ocurrido.
De esta manera, la avalancha de verdades ocultas hasta hoy sobre los crímenes de Estado –sobre los falsos positivos, el asesinato de sindicalistas, el genocidio de la UP, la alianza del Ejército con los paramilitares- destruirá la imagen que han logrado construir los pilares del Establecimiento. Desde la imagen heroica que tiene el Ejército entre segmentos importantes de la sociedad urbana, cuya popularidad supera en las encuestas el 70 por ciento de aprobación, hasta la reputación de políticos y sus partidos, de la Iglesia, gremios, académicos, periodistas y empresarios que de manera indirecta participaron en la guerra. Porque si ven que la alternativa es pagar 20 años de prisión de pronto prefieren acogerse a contar la verdad y reparar pagando una pena alternativa más laxa. El día que esto suceda, si es que llega a suceder, y si se hace bien, probablemente se cierre el capítulo de la guerra y surja una nueva historia para Colombia.
Nicolás Honigesz