Por: Inés Hayes y Nicolás Honigesz
Miles de personas apoyan a los docentes y se movilizan en respuesta a la masacre de Oaxaca. El Gobierno busca liquidar el principal gremio de la educación y avanzar con privatizaciones.
Cuando en la memoria inmediata todavía se reclama por los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la represión y la masacre volvieron a sentirse en Nochixtlán, Estado de Oaxaca. El domingo 19 de junio, cuando miles de docentes se encontraban reclamando por la derogación de la reforma educativa, la policía comenzó con la matanza: 13 personas fueron asesinadas y 25 continúan desaparecidas; hubo un centenar de heridos y otros tantos detenidos.
La lucha de los docentes mexicanos ha creado consenso y apoyo en los distintos sectores de la sociedad: trabajadores, estudiantes y el pueblo en su conjunto se sumaron a las movilizaciones de los docentes que no sólo saben educar en las aulas sino poner el cuerpo en las calles. Desde el mismo 19 de junio, miles de mexicanos se encuentran movilizados en repudio de la Masacre de Oaxaca y en apoyo a los reclamos de los docentes. Las medidas incluyen cortes permanentes en las principales rutas, accesos a la región y algunos de los puntos de la frontera con Guatemala. Pobladores de toda la zona realizan vigilias y relevos en cada uno de los cortes en apoyo activo a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Cnte).
Organización para la lucha
La Cnte tiene alrededor de 200 mil afiliados en México, 80 mil de ellos en Oaxaca, y es uno de los gremios latinoamericanos que durante años ha mantenido su lucha por mejores reivindicaciones y beneficios sociales contra las denominadas políticas neoliberales. Como contracara, luego de la Masacre de Oaxaca el gobierno de Enrique Peña Nieto redobló la apuesta: responsabilizó a los docentes y a “grupos violentos” por los hechos y anunció que la reforma educativa no está en la agenda y que no negociará ninguna ley.
Es evidente que desde el Ejecutivo se intenta dilatar el conflicto para generar un desgaste y luego el desmantelamiento de uno de los sectores más combativos del sindicalismo mexicano. Se trata de una operación política que combina dos factores: campaña de prensa y represión, para construir un consenso que legitime el uso de la violencia estatal.
Lo del 19 de junio no fue un episodio aislado: la represión y la violencia policial es la contracara de la violencia institucional ejercida desde el Gobierno con medidas que socavan los derechos de los trabajadores, como la reforma educativa de 2013 que abre la puerta al despido de miles de trabajadores docentes.
Desde ese año los educadores vienen realizando un plan de lucha contra esa reforma del gobierno de Peña Nieto que arremete contra la educación pública, laica y gratuita. Los sindicatos denuncian que las medidas adoptadas no son modificaciones de orden magisterial, sino que implican una reforma laboral y significan en los hechos la privatización de la educación.
La meritocracia como herramienta de control, al igual que en Perú, Chile y otros países que padecieron estas reformas, da lugar a que los docentes deban ser evaluados por distintos exámenes y en base a la calificación obtenida puedan ser re-asignados a otro establecimiento, suspendidos o despedidos. De resultar “idóneos”, obtendrán contratos de plazo fijo o por tiempo determinado (de cuatro años). Mediante este mecanismo se violan, con complicidad judicial, lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución (a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna), la libertad sindical, los convenios internacionales y se pierden los derechos laborales adquiridos.
Desde que se implementó la reforma educativa, fueron evaluados 130 mil docentes sobre un total de 1,2 millones y más de 20 mil trabajadores de la educación fueron obligados a jubilarse antes de tiempo.
Privatización de la educación
La nueva ley educativa establece la implementación de los Consejos de Participación Social, que se instalan en cada escuela y tienen por objetivo que “todos participen en las decisiones”, incluso los empresarios, “para dirigir el plantel docente y no docente”. La otra herramienta legal es la llamada “autonomía de gestión”. Este concepto contempla que cada escuela se pueda dirigir de manera independiente. Pero esa autonomía está sujeta al Consejo de Participación, que se transforma en un ente gerencial de la escuela. De esta manera, cada Consejo de Participación puede “definir cuotas elevadas, pagos de uniforme, de libros de texto que no son gratuitos, cursos adicionales para los estudiantes e incluso contratar personal adicional de apoyo –no docente– de empresas privadas. Los Consejos tienen la facultad, incluso, de evaluar, contratar y despedir docentes y personal no docente.
El antecedente de 2009, para avanzar con las reformas en materia de electricidad, es muy esclarecedor: el ex presidente de México, Felipe Calderón, asaltó militarmente el Sindicato Mexicano de Electricistas. Fue el principio para debilitar al único verdadero oponente para abrir las puertas a la privatización del sector eléctrico. Hoy la reforma educativa es la pantalla para la privatización de la educación. Los poderes fácticos a los cuales responde el gobierno de México no tienen interés en la educación ni en un supuesto recorte de presupuesto; lo que está en disputa es la educación como mercancía y la oportunidad de hacer de ella un negocio.
Estado terrorista
Según cifras oficiales, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102.696 homicidios en el país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo referencia a 151.233 hasta agosto de 2015. Aunque la cantidad anual de estos delitos se ha reducido desde 2013, la cifra sigue siendo alta. Al 30 de septiembre de 2015 el Estado mexicano reportaba 26.798 personas “no localizadas” o desaparecidas a nivel nacional, y en algunas entidades federativas existe una tendencia a la alza. Los datos estadísticos oficiales arrojan que en sólo seis casos la justicia mexicana dictaminó sentencia.
Algunos datos del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son incontrastables: el 14 de junio de 2014, en Tlatlaya, Estado de México, se asesinó a 22 personas, algunas de ellas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por miembros del ejército; la muerte de civiles a manos de elementos de la Policía Federal en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; el supuesto enfrentamiento en los límites entre Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, en junio de 2015 en el que perdieron la vida 42 civiles y un policía, entre otros. En los tres casos mencionados la primera versión de las autoridades –sin que haya una investigación de por medio– fue que las muertes de civiles eran el resultado de “enfrentamientos entre elementos de la fuerza pública y civiles”. Con el paso del tiempo y la investigación, los testimonios y los indicios apuntaron a una presunta responsabilidad directa de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas, quienes alterando las escenas de crimen intentaron presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos.
Por otra parte, el informe determinó que el 77% de los detenidos por las Fuerzas de Seguridad fueron torturados antes de ser entregados al poder judicial. Según el documento, los niveles de impunidad y la falta de acceso a la justicia por parte de la población hicieron que México se convierta en uno de los países con mayor inseguridad jurídica y más alto grado de impunidad del mundo.
Inés Hayes y Nicolás Honigesz
Un Plan Colombia para México
El gobierno de Enrique Peña Nieto dio continuidad a la política de Seguridad Nacional implementada por Felipe Calderón, que permite la militarización policial y la creación de “fuerzas especiales de lucha contra el narcotráfico”. En el presupuesto para 2017, Estados Unidos destinó una partida de 135,5 millones de dólares para la Iniciativa Mérida (un tratado internacional entre México, países de Centroamérica y Estados Unidos para “combatir el crimen organizado y el narcotráfico”). También se lo conoce como Plan México, por su paralelismo con el Plan Colombia, estructurado según los lineamientos del modelo de guerra antidrogas, bloqueo y uso del ejército de Estados Unidos.
Aunque el Plan México no incluye la presencia del ejército estadounidense, sigue el mismo modelo. Peña Nieto nombró como asesor en seguridad al general colombiano Oscar Naranjo Trujillo, ex jefe de la Policía Nacional de Colombia. Naranjo tiene una historia contradictoria: por un lado se lo presenta como el “mejor policía del mundo” (desarticuló a los cárteles de Cali y Medellín, y en 1993 dirigió la operación que terminó con la vida de Pablo Escobar), y por otro su hermano, Juan David Naranjo, está preso en Alemania por tráfico de drogas.
Hasta el momento, el plan ya se cobró la vida de más de 150 mil mexicanos y 27 mil de ellos están desaparecidos. Según los educadores, es claro que la intención no es combatir el narcotráfico, sino militarizar el país para ejercer un control social y represivo que acorrale la participación popular, las protestas, o cualquier expresión o manifestación que atente contra los intereses del capital.
Nota: Ines Hayes y Nicolás Honigesz
Fotos: Walter Piedras