Pocas decisiones en política pueden atribuirse al azar. Podemos decir que cada paso que un gobierno da en una determinada dirección configura un panorama que, visto en el largo plazo, representa una orientación ideológica determinada. Por eso, en materia económica, política y social podemos relevar los dichos de nuestra canciller Malcorra y la presencia del primer mandatario Macri el próximo 1 de julio en la Cumbre de Presidentes de la Alianza al Pacifico en Puerto Varas, en carácter de observador como uno de esos pasos.
Si bien la decisión del bloque de aceptar a nuestro país como observador considerada en forma aislada podría tomarnos por sorpresa, no es más que la decantación de un proceso lento pero calculado, un acontecimiento de un conjunto de pistas que, por ejemplo, Malcorra ya nos ha develado desde su asunción en sus discursos públicos. Bajo la vaga aspiración de «reinsertarse en el mundo» hoy vemos que se esconden múltiples intenciones:
1) Readecuar el MERCOSUR a una definición estrecha y abandonada que lo interpretaba como una unión aduanera clásica en pos del libre comercio. Esto significa desbaratar cualquier contenido acuñado hasta hoy que vincule al MERCOSUR con la integración en términos políticos, sociales y culturales más allá de lo económico en clave neoliberal.
2) Interpretar las posibilidades económicas abiertas por el MERCOSUR en términos de beneficio individual y no de fortalecimiento como bloque para negociar respecto de otros bloques en el mundo.
3) Abrir caminos hacia todas aquellas iniciativas, rechazadas en el pasado, fundadas en una idea de economía de libre mercado, tutelada por intereses neoliberales que sobradamente han mostrado su desinterés por las consecuencias del aperturismo extremo al comercio exterior sobre las poblaciones.
Antes de seguir, es necesario analizar algunas de las últimas declaraciones de nuestra Canciller. Ante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, la canciller Susana Malcorra afirmó que «la inserción para nosotros parte sin lugar a dudas del Mercosur, que es central para nuestra capacidad de insertarnos en el mundo. Advertimos una necesidad de fortalecimiento, de crecimiento y de eliminación de barreras que han sido autoimpuestas». Si bien en la retórica esto podría parecer válido, se vuelve confuso si tenemos en cuenta que la única manera de ser miembro pleno de la Alianza al Pacífico es abandonar una de las premisas fundamentales del MERCOSUR: según la decisión del 32/00 del Consejo del Mercado Común del Mercosur los países miembro deben negociar conjuntamente todo acuerdo comercial extra zona. Así las cosas, no hay posibilidad de que el ingreso a la Alianza del Pacífico sea a través del MERCOSUR, sino sólo en contra de él. Malcorra sentencia sobre la Alianza del Pacífico, «estamos interesados en adquirir el rol de observador. Estamos expandiendo los mecanismos para entender cómo funcionan organismos complementarios». Pero no se trataría entonces de una iniciativa complementaria sino antagónica al MERCOSUR, tal como lo conocemos hoy.
La segunda manera en la que podemos salir de este atolladero de contradicciones es poner estos gestos y declaraciones en el contexto de un cambio de época que derive en un cambio de orientación del MERCOSUR. Es que ya existe el antecedente del pedido de Uruguay para negociar en forma unilateral acuerdos económicos en contexto de las negociaciones MERCOSUR – UE. A este panorama se le agregan los recientes dichos del nuevo ministro interino de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra, sobre «actualizar y flexibilizar el MERCOSUR», así su concepción del Mercosur como una unión aduanera que terminó siendo un obstáculo a acuerdos bilaterales de comercio. No podemos obviar estos hechos como parte de un giro copernicano en política exterior por parte de los principales Estados Miembro del MERCOSUR. Un acuerdo entre ellos para aunar fuerzas y redireccionar este mecanismo de integración podría acabar en su flexibilización y en un reposicionamiento geopolítico que eche por tierra los avances en torno a consolidarlo como una iniciativa política, cultural, social y comercial propia desde el Cono Sur. En este sentido sí podemos aceptar que la «reinserción en el mundo» ocurra a través del MERCOSUR, pero se trataría ya de un MERCOSUR de nuevo tipo, adaptado a los intereses más nefastos de liberalización económica.
Entonces, una reorientación de la política comercial exterior como la que propone el gobierno de Macri es proclive a deshacer los avances logrados en materia de integración y complementariedad como bloque que significa el MERCOSUR. Es un ataque a la integración.
Quizás lo más desalentador es que, ateniéndonos a los fríos datos económicos, un ingreso a la Alianza al Pacífico no representa beneficios comerciales a corto plazo dado que Argentina ya posee acuerdos de liberalización con la mayoría de los Estados miembro, mientras aquellos que no han firmado con nosotros tal tipo de acuerdos, representan en total menos del 10% de las exportaciones argentinas. Cabe añadir que los productos exportados son en su mayoría materias primas y bienes de bajo valor agregado.
En suma, el balance emerge como netamente negativo: el caso extremo de un abandono del MERCOSUR no parece factible, pero en cambio veríamos una transfiguración del MERCOSUR orientada hacia la liberalización y la flexibilización económica, que haga posible el acercamiento buscado hacia iniciativas del cariz de la Alianza del Pacífico y nos deje a las puertas de posibles acuerdos con mercados asiáticos del tono del TTP para vender materias primas.
Desde la perspectiva de los trabajadores, la situación es por lo menos preocupante. Los resultados macroeconómicos de los países miembro de la Alianza del Pacífico como México o Colombia son poco alentadores para los trabajadores del Cono Sur. Hay una clara oposición entre las aspiraciones del gobierno nacional (junto con los gobiernos que lo secundan: Cartes, Temer, quizá también Tabaré Vázquez) y aquello que vemos como sano para el desarrollo del pueblo: la mejora de las condiciones de vida a partir de mayor justicia social basada en la redistribución de ingresos (producto de la captura de renta extraordinaria por parte de los Estados) sumada a un mayor tutelaje de los derechos fundamentales de los trabajadores.