La CSA ha manifestado su más enérgica condena ante el cobarde asesinato el día 3 de marzo de la líder indígena Berta Cáceres, representante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y reconocida defensora de los derechos humanos y la justicia social y ambiental
Durante este ataque también fue herido Gustavo Castro, mexicano e integrante de la Organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de La Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).
La CSA envío carta al gobierno de Honduras a fin de manifestar la preocupación ante las denuncias de manipulación de la investigación del asesinato de Berta Cáceres a fin de criminalizar a la COPINH o vincularlo a un asunto personal y ocultar con ello el contexto político de este ataque a quien fuera una de la líderes en la resistencia frente a la impunidad de las empresas transnacionales que pretenden adueñarse de los territorios y bienes comunes en Honduras, motivo por el cual fue perseguida, enjuiciada y amenazada de muerte en repetidas ocasiones al punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para que pueda gozar de protección especial por parte del gobierno de Honduras.
La CSA ha manifestado de forma reiterada su preocupación y protesta ante la generalizada situación de violencia e impunidad que se vive en Honduras del cual son víctimas en particular las/os defensoras/es de derechos humanos, entre quienes figuran los dirigentes sindicales y los dirigentes indígenas.
Los miembros del COPINH así como la familia de Berta Cáceres y el dirigente Gustavo Castro se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, al punto que la CIDH decidió este 5 de marzo solicitar la adopción de medidas cautelares a fin de salvaguardar su vida e integridad física, y que se tomen las medidas necesarias para asegurar la seguridad de Gustavo Castro en su proceso de salida del país.
El Estado hondureño es el principal responsable en poner fin a la situación de violencia e impunidad generalizada del país, a proteger la integridad física y la vida de las/os defensoras/es de los derechos humanos y a garantizar el respeto de los derechos de los pueblos originarios frente a los intereses corporativos de las empresas transnacionales.
La CSA exige al gobierno de Honduras a que se investigue, identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y de todas/os las/os defensoras/os de derechos humanos que han sido víctimas de la violencia; a garantizar la vida y la integridad física del compañero Gustavo Castro en su proceso de salida del país; a garantizar los derechos de los pueblos originarios frente a los intereses corporativos de las empresas transnacionales; y a poner fin a la persecución y criminalización de quienes defienden los derechos humanos y la justicia social y ambiental.