Las transnacionales agropecuarias controlan el 90% de las exportaciones.Campesinos e indígenas representan un tercio de la población pero el 80% de las tierras está en manos de apenas 200 familias de la oligarquía. La Masacre de Curuguaty desenmascara un poder sin límites.
“La lectura que nosotros hacemos desde el movimiento de campesinos con este nuevo gobierno es que estamos viviendo una etapa de transnacionalización definitiva. Este gobierno está al servicio de 200 familias de la burguesía local, subordinadas al capital de las multinacionales y sistemáticamente ataca a las poblaciones indígenas y campesinas con las instituciones del Estado, que actúan en función de estos intereses”, explicó Ernesto Benítez, dirigente campesino, en entrevista con América XXI. En Paraguay empresas transnacionales como Cargill, ADM, Bunge, Monsanto, Dreyfus y Bactcher, con sus socios locales, controlan el 90% de la exportación.
“Si hacemos un análisis un poco más profundo del momento en que estamos atravesando podríamos denominarlo doloroso. Hay una disputa de una fuerza hegemónica dominante que son los propietarios de los agro-negocios y por el otro lado está la población indígena campesina que trata de sobrevivir y está en resistencia. No estamos hablando sólo de dos modelos económicos sino de dos formas y visiones de ver y vivir el mundo”, explicó Benítez.
Según el Informe Final Anive haguã okio, realizado por la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay, entre 1954 y 2003 se entregaron tierras a personas que pretendían ser beneficiarios del programa de Reforma Agraria Integral. Sin embargo el 64% de esas tierras no fueron destinadas a campesinos que la necesitaban para su subsistencia y alimentación sino a amigos del dictador Alfredo Stroessner o a personas vinculadas con el Partido Colorado. De un total de 12.229.594 hectáreas, 7.851.295 fueron adjudicadas con graves irregularidades. De las más de cuarenta millones de hectáreas que tiene el país, sólo 24 millones son productivas por lo que el 32% de las tierras está en manos privadas (ex presidentes, ministros, funcionarios de gobierno, militares y policías en servicio activo, senadores y diputados, políticos, latifundistas y dictadores perseguidos por la justicia de otros países refugiados en Paraguay).
Benítez advierte que lo que está pasando en Paraguay con los campesinos es un “genocidio”. Y explica que “a lo largo de estos años fueron asesinados cientos de compañeros campesinos por parte de la policía, militares y civiles armados”. Pero no sólo se mata con las armas: el uso indiscriminado de agrotóxicos, utilizados para maximizar las ganancias del agro negocio trae como resultado malformaciones congénitas, abortos espontáneos y cáncer en niños y adultos. La otra consecuencia de la transnacionalización de la tierra y el monocultivo, según Benítez, es el éxodo del campo a la ciudad y el ecocidio: explica que en los últimos 20 años se eliminaron más de cuatro millones de hectáreas de bosques y a diario son arrasadas 1.500 hectáreas de bosque nativo. “Para nosotros la tierra y el territorio es elemental en la construcción de la nación, cuando perdemos la tierra uno ya no es lo que era: sin territorio no hay cultura”, resumió Benítez.
Masacre de Curuguaty
El 22 de junio de 2012 se produjo un golpe institucional. Luego de 22 intentos el Congreso paraguayo elevó a juicio político y dio por destituido a Fernando Lugo. La inconclusa gestión del ex-presidente quebró 61 años del partido Colorado.
Si bien durante su gobierno hubo muchos e importantes avances en derechos laborales y sociales, en otras esferas no logró resolver deudas históricas con el pueblo paraguayo como la reforma agraria, la reducción de la pobreza y el cuidado del medio ambiente. Afectado y acorralado por una correlación de fuerzas totalmente desigual en ambas Cámaras tuvo que resignarse a incumplir promesas de campaña.
La Masacre de Curuguaty tuvo su desenlace el 15 de junio de ese mismo año en una ocupación de tierras donde murieron seis integrantes de las Fuerzas de Seguridad y 11 campesinos. Fue utilizada por los parlamentarios como excusa para el juicio político que se realizó una semana después.
“Curuguaty es una tierra pública reclamada por la empresa Campos Morumbi, propiedad de la familia Riquelme, vinculada a la dictadura de Alfredo Stroessner”, dijo en diálogo con América XXI Armelio Sisco, abogado de los campesinos y presos políticos. Explicó además que Campos Morumbi no es una empresa sino una organización criminal y que las tierras ocupadas por los campesinos son públicas. Detalló que esas tierras “nunca tendrían que haber sido desalojadas y mucho menos en la manera en la que se llevó adelante el desalojo. Hubo una orden precisa y grupos militares con armas de guerra mataron a tres líderes: uno era Rubén Villalba, el otro era Ortiz y el tercero, Pindu”.
Pruebas desaparecidas
El 14 de junio de 2012 los campesinos advirtieron que en la toma se encontraba un infiltrado encargado de señalar dónde estaban los líderes campesinos para ser asesinados. La operación contó con el grupo especial de operaciones GEO, tropas de élite que utilizaron fusiles Galil con las que fueron asesinados los campesinos y los policías.
En la ocupación no se encontraban más de 50 campesinos entre mujeres y niños mientras que entre policías y grupos especiales superaban los 350 efectivos portando armas de alto calibre. En una clara emboscada una columna entró por el sur y otra por el norte.
Según Sisco el infiltrado realizó dos disparos con el fin de justificar el uso de la fuerza y comenzar la cacería de los campesinos. Fueron dos frentes: Lovera y Gamarra. A ambos lados había una disputa sobre quién llevaría el premio mayor: existía una rivalidad entre Fope (operaciones de las fuerzas de policía especializados) y el GEO, que son las tropas de élite. Sisco denuncia que esta evidencia de la fiscalía desapareció y sólo se dijo que fueron ejecutados a balazos de escopeta. “La balacera duró más de 11 segundos con ráfagas de ametralladoras por parte del grupo GEO. Los campesinos fueron heridos en la espalda y la cabeza y la policía de la misma manera pero en el sentido contrario”, detalló el abogado.
Luego de la masacre las numerosas pruebas del intento de encubrir la responsabilidad de la policía desaparecieron. Unos días después apareció muerto misteriosamente el piloto del helicóptero que sobrevolaba la zona justo en la víspera de su testimonio ante la Justicia. Tiempo más tarde un testigo clave, el camarógrafo Pablo Medina, corresponsal de ABC Color, y su asistente Antonia Almada, fueron asesinados en un camino rural de Curuguaty.
Sisco afirmó que “nos enfrentamos a un proceso totalmente viciado, con muchas falsificaciones y fraudes dirigidos a la criminalización de los campesinos. La prueba es que no hay un solo policía ni el director en el banquillo, sólo los trabajadores que quieren un pedazo de tierra para plantar. De ahí la importancia de la presión pública, la solidaridad internacional para que se haga justicia y los verdaderos criminales no queden impunes”.
Según el análisis del dirigente Ernesto Benítez se está intentando condenar a los campesinos de Curuguaty a 20 o 25 años de prisión “porque si llegaran a salir sobreseídos quedaría demostrado que esas tierras son del Estado y no privadas o tierras mal habidas que son a las tierras que hace 20 ó 30 años eran estatales y que fueron entregadas a sector privado por medio de la violencia, la matanza y la persecución de campesinos”.
Benitez denunció que “detrás de este caso están en juego más de 10 millones de hectáreas obtenidas en ese período. El poder económico se va adueñando de todo lo que tiene a su alcance: medios de producción, medios de comunicación, y hasta en el sistema educativo con universidades que buscan el pensamiento lineal, unidireccional y unidimensional en favor del capital transnacional y de la burguesía intermediaria que se alinean detrás del actual presidentes Cartes”.
Inés Hayes y Nicolás Honigesz