El 13 , 14 y 15 de Agosto Paraguay se prepara para tres jornadas históricas de lucha con el apoyo de la Corriente Sindical Clasista ,gremios de docentes, trabajadores de la salud, Gremio de transporte entre otros , estudiantes, partidos políticos, , la Federación Nacional Campesina y múltiples organizaciones sociales. que reclaman la derogación de la ley de Alianza Publico Privada, aumento de salario mínimo y una reforma agraria.
Las jornadas de lucha que se darán en todo el país coinciden con el primer año de gestión del presidente Horacio Cartes y con la aplicación de la ley de Alianza Publico Privada, aprobada por el congreso de Paraguayo
A inicios de este año se dio lugar una huelga histórica “el marzo Paraguayo” donde sectores de campesinos, estudiantes, pequeños comerciantes, y todo el arco sindical dieron lugar a una paro general y una extraordinaria movilización que obligo al gobierno de Paraguay, en horas de esa misma tarde y frente a la llegada de miles de manifestantes que coparon la ciudad de Asunción, a reconocer el éxito de la jornada de lucha y a tener que armar mesas de dialogo con los distintos sectores. Mesas de dialogo que no lograran avanzar con resultado alguno mientras que las políticas neoliberales comienzan a profundizar la desigualdad estructural de dicho país
Pero …¿Que es la alianza Publico Privada?
La APP fue anunciada por el gobierno como la posibilidad de modernizar los servicios e infraestructura en manos del estado y la llegada de inversiones y la generación de puestos de trabajo. Está ley contempla la participación de empresas privadas en el mejoramiento de la infraestructura pública y la prestación de servicios que están a cargo del estado. La norma busca básicamente que el sector privado pueda invertir en obras o servicios que hoy están exclusivamente en manos del Estado y habilita a la concesión de absolutamente todos los bienes, servicios y recursos públicos con la sola decisión del Poder ejecutivo, sin que los pliegos o contratos sean evaluados ni aprobados por el legislativo. Pero para ello la ley no nombra en sus artículos la palabra “concesión” por lo que por ley no tendría que ser aprobado por las dos cámaras.
El términos explícitos, la ley abarca “proyectos de infraestructura y de gestión de servicios, incluyendo proyectos viales, ferroviarios, portuarios, aeropuertuarios, proyectos de hidro-vías, de dragado y mantenimiento de la navegabilidad de los ríos; los de infraestructura social; infraestructura eléctrica; proyectos de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano; abastecimiento de agua potable y saneamiento; entre otros proyectos de inversión en infraestructura y servicios de interés público. También podrán comprender la producción de bienes y la prestación de servicios que sean propios del objeto de organismos, entidades, empresas y sociedades en las que el Estado sea parte”.
Todo esto por plazos de 30 años que pueden extenderse a 40 si las empresas alegan que aún no tuvieron la tasa de retorno suficiente o exijan reparaciones por supuestos perjuicios o “hechos fortuitos” ajenos a la “voluntad del participante privado”, de acuerdo al artículo 34.
El Estado asume todo el riesgo al quedar comprometido a otorgar compensaciones en caso de que las firmas sufran pérdidas o se presenten controversias judiciales. Para ello se crea un fondo de garantía cuyo principal aportante es el Estado, que además deberá reponer anualmente esos fondos con dinero del Presupuesto General de la Nación, que mediante la llamada ley de “responsabilidad fiscal” pasó a tutela exclusiva del Ejecutivo.
En ley aparece de manera explícita que el Estado será el fideicomitente, es decir el que dispondrá un fondo con dinero público para indemnizar a las empresas en caso de que exijan reparaciones o se deba enfrentar un litigio. En segundo término se contempla un mínimo porcentaje de aporte privado y eventuales multas que se llegaren a cobrar a los concesionarios.
Mediante esta ley, el Paraguay también renuncia a su soberanía jurídica. En caso de diferendos, el artículo 41 sólo hace mención a un “arbitraje” sin determinar de quién o de qué se trata. Este “árbitro” no sería otro que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial que sistemáticamente falla a favor de las transnacionales y en contra de los Estados. Incluso las leyes nacionales quedan subordinadas a los contratos, puesto que se deja sentado que las disposiciones legales regirán para las iniciativas público-privadas “en cuanto fueran aplicables”.
La situación en Campesina en Paraguay
De acuerdo con Dirección de Estadísticas y Censos, el 1% de los propietarios reúne el 77% del área productiva y el 40% de los agricultores poseen apenas el 1% de las tierras. Las estadísticas adjudican a 351 propietarios 9,7 millones de hectáreas. Se estima unos 300.000 campesinas y campesinos sin tierra propia para una población de 6.500.000 habitantes. En América Latina, Paraguay es el país con mayor población rural con el 43% del total, y es el país con la mayor desigualdad en la distribución de ingresos y que posee la más alta concentración de la tierra en el continente.
A partir del golpe parlamentario de 2012 la situación del campesinado fue empeorando porque desde entonces las multinacionales del agronegocio tienen vía libre para sus variedades de semillas transgénicas de soja, arroz, maíz, trigo y otros. Esto deriva en una mayor migración hacia las ciudades más grandes de Paraguay, pero también a otros países como Argentina, España o Brasil. Existen comunidades enteras desaparecidas, mayor criminalización de las luchas sociales, a partir de la aplicación de ley APP, le faculta al presidente declarar zonas de militarización casi con exclusividad, por lo que actualmente,se encuentran tres departamentos bajo custodio militar, dos de ellos, San Pedro y Concepción, con fuerte presencia de movimientos campesinos que se resisten al ingreso de los monocultivos, así también se suavizó la legislación ambiental para dar vía libre a la deforestación y la fumigación masiva con agrotóxicos.
Los trabajadores
Las 6 centrales obreras del Paraguay lograron coordinar en marzo de este año una huelga general con movilización hacia la cuidad de Asuncion,; logrando resolver la atomización de la clase obrera en una acción conjunta; y la articulación con distintos sectores del campo popular y principalmente con los campesinos (actor fundamental y principal) y los estudiantes. La Huelga de marzo marco un comienzo de una unidad de lucha reivindicativa y económica que hoy es convertida en una lucha política donde pone en aumento la conflictividad con una potencia de alcanzar lo esencial de la política: la organización del poder del estado. La ultima gran avanzada de los sectores mas oprimidos , trabajadores, campesinos, organizaciones sociales y una estructura partidaria fueron los que permitieron hacer llegar a Lugo a la presidencia en el 2008 y romper la hegemonía partidaria del partido Colorado. El pueblo paraguayo tiene memoria de sus victorias y de sus derrotas.