El día 24 de Julio tuvimos el privilegio desde la secretaria de Internacionales de la CTA de tener de invitado al Dr. Gonzalo Berrón, sociologo del consejo directivo de Transnational Institute de Holanda y activo miembro de la campaña “Desmantelar el poder de las Transnacionales” Gonzalo Berrón, investigador asociado del TNI, ha desempeñado un destacado papel en la coordinación de movimientos latinoamericanos que luchan contra los acuerdos de libre comercio. Gonzalo en el conservatorio expuso los temas de la campaña y de como se trabajo para llegar a esta resolución que obligue a las transnacionales a responder por las
Las sociedades transnacionales (STNs) acentúan su control sobre los recursos naturales del planeta, dictan su voluntad a los Estados más débiles y explotan a las poblaciones.Directa o indirectamente, tienen una enorme responsabilidad en el deterioro del medio ambiente y en el crecimiento sistemático de las violaciones de derechos humanos. Por su capacidad de estar a la vez en todas partes y en ninguna, escapan prácticamente a todo control democrático y jurídico.
No pasa ni un solo día en que no se oiga hablar de acontecimientos ligados a las sociedades (o empresas) transnacionales (STNs): compras y fusiones que conllevan despidos, corrupción, guerra, contaminación, y la violación sistemática de las libertades sindicales etc., con todas las consecuencias que esto implica. El contexto económico, político e ideológico actual sin duda ha favorecido que aumente la potencia de las STNs, confiriéndoles un poder sin precedentes en la historia.
El pasado 26 de junio 20 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) votaron a favor de una histórica resolución para crear un Tratado Internacional que obligue a las empresas transnacionales (ETN) a responder por las violaciones de derechos humanos de las que sean responsables. Este paso -a la espera aún de que se concrete en una norma vinculante- supone la ruptura de la deriva que estaba tomando la comunidad internacional hacia la voluntariedad en el cumplimiento de los derechos humanos por parte de estos sujetos privados globales.
Para los pueblos indígenas, uno de los sectores más afectados por la actuación de las grandes corporaciones, la existencia de un Tratado de estas características supondría un avance considerable en la exigencia de sus derechos, especialmente los que tienen que ver con sus territorios y sus bienes naturales.
¿El fin de la voluntariedad para las transnacionales?
Como recuerda el Documento para la Consulta Global “Ideas y Propuestas para avanzar hacia un Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales”, la comunidad internacional “ha eludido hasta ahora su obligación de crear normas jurídicas específicas de cumplimiento obligatorio para las ETN en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a pesar de la gravedad de las actividades transgresoras de dichos derechos que éstas realizan con total impunidad”.
Uno de los últimos intentos en este sentido se produjo en 1998, cuando la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos adoptó una resolución para crear un Grupo de Trabajo que estudiara la actividad y los métodos de trabajo de las empresas trasnacionales en relación con el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo. Dicho grupo elaboró un proyecto de regulación para las ETN que, aunque fue aprobado por la Subcomisión en 2003, fue finalmente rechazado por la Comisión de Derechos Humanos en 2005. En lugar de avanzar en su desarrollo -y ante una enorme presión por parte de las grandes corporaciones- se aprobó finalmente una resolución que derivó en la creación de un Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas: John Ruggie.
Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, fueron aprobados por consenso por el Consejo de Derechos Humanos en 2011. Posteriormente, la Secretaría General de la ONU se encargó de recordar que de los Principios Rectores “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”, además de reiterar su carácter no vinculante.Votación Tratado La propuesta para la creación de un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante se aprobó con el voto en contra EEUU y los países de la UE, es decir, los estados donde las principales ETN tienen sus casas matrices
Sin embargo, en 2013, una Declaración liderada por Ecuador, suscrita también por el Grupo Africano, el Grupo de Países Árabes, Pakistán, Kirguistán, Sri Lanka, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Perú, recoge las preocupaciones de los países del Sur global respecto a las flagrantes violaciones de los derechos humanos provocadas por las operaciones de las ETN que, en varios países, han dado lugar a graves afectaciones a comunidades y poblaciones locales, incluidos diferentes pueblos indígenas. En dicha declaración se afirma que “los Principios Rectores no tendrán ninguna consecuencia efectiva a menos que se cree un marco basado en instrumentos legalmente vinculantes para que puedan regularse y sancionarse las acciones ilegales de las corporaciones transnacionales”.
Todo ello se concretó, durante la reciente celebración de la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (junio de 2014), en la propuesta presentada por Ecuador y Sudáfrica para “la creación de un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante que obligue a las grandes transnacionales y a otros inversores a cumplir las normas que protegen los derechos humanos”, que fue finalmente aprobada con 20 votos a favor y 14 en contra (votaron en contra EEUU y los países de la UE, es decir, los estados donde las principales ETN tienen sus casas matrices).
Este paso hubiese sido imposible sin la presión de los movimientos sociales de todo el mundo en forma conjunta también de las organizaciones de trabajadores tanto nacionales como internacionales, que se coordinaron para demandar la creación de un instrumento de esta naturaleza. Efectivamente, la Treaty Alliance consiguió involucrar a más de 610 organizaciones(entre ellas la CTA) de 95 países y considera la decisión adoptada como una victoria sin precedentes para las víctimas de las violaciones de derechos humanos y los pueblos, si bien recuerda que seguirá siendo necesaria la movilización social global para lograr la aprobación del Tratado. Este avance es solo un comienzo y una oportunidad historica que lleva mas de 40 años de búsquedas para cambiar las reglas de juego, pero no es una tarea sencilla y dependerá de la capacidad de las organizaciones de trabajadores, sociales y en general de instalar la disputa desde lo local al plano internacional , en forma conjunta para revertir una situación permite la acumulación indiscriminada de riqueza en unos pocos en detrimento de la pobreza ,explotación de millones de trabajadores, arrasando con comunidades enteras, y dejando consecuencias irreparables tanto en lo ambiental como en lo social.