Más de 50 organizaciones de la sociedad civil apoyan la campaña por los derechos de las personas apátridas, que coincide con el 60ª aniversario de la convención de las Naciones Unidas sobre la apatridia de 1954.
La Red Europea sobre Apatridia (ENS, sus siglas en inglés) — una alianza de organizaciones no gubernamentales, iniciativas académicas y especialistas en la materia — ha lanzado una petición online para exigir a los gobiernos que protejan adecuadamente a las más de 600.000 personas que viven en Europa sin una nacionalidad oficial.
De acuerdo con la ENS, a pesar de que la convención ha recibido la adhesión de numerosos países, sólo un puñado de ellos ofrece la protección apropiada a las personas apátridas.
Chris Nash, Coordinador de la ENS, ha explicado a Equal Times que las personas apátridas suelen sufrir abusos contra los derechos humanos y son extremadamente vulnerables a la explotación.
“Los estudios demuestran que cuando los Estados carecen de un procedimiento de determinación de la condición de apátrida que permita identificar y regularizar su situación, estas personas suelen quedar atrapadas en un limbo.
“Corren un gran riesgo de sufrir diferentes abusos contra los derechos humanos, como las detenciones a largo plazo o la indigencia, entre otras; pero, sobre todo, carecen del derecho a trabajar y a ser autosuficientes, lo cual les obliga a no hacer nada o a trabajar ilegalmente”.
La ENS se encarga de sacar a la luz la lucha de las personas apátridas que sufren de manera directa estos abusos.
“No soy un delincuente”
Rashid tiene 25 años y nació en Maungdaw (Myanmar). Tras el asesinato de su padre, un activista de los derechos de los musulmanes, en 1992, huyó con su madre a Bangladesh, donde vivió durante veinte años, primero en un campo de refugiados y después en varios pueblos.
El año pasado Rashid llegó a Holanda para pedir asilo, pero le han denegado todas sus solicitudes. Sus dificultades se deben, en parte, a que el gobierno de Myanmar le niega la nacionalidad por pertenecer a la etnia rohingya. Jamás ha poseído un documento de identidad válido.
Rashid vive hoy en un albergue para sintechos pero, como es inmigrante ilegal, le pueden obligar a marcharse en cualquier momento.
“No puedo ir a ninguna parte. No puedo volver a Bangladesh porque allí sólo tenía un permiso temporal para permanecer en el campo de refugiados. No puedo volver a Myanmar porque me ha retirado la nacionalidad”, lamenta.
“He venido a pedir ayuda a Holanda y solo por eso me tiene detenido con otros delincuentes. Pero yo no he hecho nada malo, no soy un delincuente”.
Holanda, como casi todos los países de la Unión Europea, se ha adherido a la convención de la apatridia de 1954. Estonia, Chipre, Malta y Polonia aún no la han ratificado y están dejando a las personas apátridas que viven dentro de sus fronteras en una situación especialmente vulnerable.
En 2011, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Asylum Aid (ambos miembros de la ENS) publicaron un informe sobre la apatridia en el Reino Unido que concluye: “La ausencia de un procedimiento terminante mediante el cual se pueda identificar y ayudar a quienes están en esta situación… Permite que las personas apátridas caigan por las rendijas de la política gubernamental y carezcan del apoyo que tan desesperadamente necesitan”.
El año pasado, el Reino Unido se convirtió en uno de los primeros países europeos en introducir un procedimiento de identificación de la apatridia que permite a los migrantes solicitar su reconocimiento oficial como apátridas y permanecer legalmente en el país — un ejemplo que Nash espera que sigan pronto otros Estados.
“La mayoría de los Estados europeos han dado ya el primer paso de ratificar la convención, pero el problema es que no han dado segundo paso, que consiste en implementar su obligación internacional de introducir un procedimiento de determinación de la apatridia que permita identificar a las personas apátridas que viven en su territorio y concederles el permiso de residencia para que puedan reconstruir su vida”.
“Necesitamos que muchos otros Estados europeos sigan el ejemplo británico”.