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La Conferencia sobre el Cambio Climático que se celebró entre el 2 y el 15 de diciembre de 2018 en Katowice, Polonia, tuvo como principal tarea entregar –luego de más de dos años de negociaciones- el denominado «libro de reglas», un conjunto de criterios y definiciones para hacer operativo el Acuerdo de París, firmado en la COP 21 en 2015.
Las negociaciones se desarrollaron con muy pocos políticos de alto nivel presentes y bajo la presión directa del Secretario General de las Naciones Unidas que irrumpió dos veces en la sede de la COP para exigir resultados luego de una minicrisis desatada en plena negociación, cuando Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Kuwait, manifestaron que no respaldaban las conclusiones del Informe Especial sobre los impactos asociados a un aumento de temperatura de 1,5ºC, elaborado -a pedido de los todos los países signatarios del Acuerdo de París- por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)
En un escenario mundial bastante distinto al de 36 meses atrás, donde los nuevos nacionalismos de derecha están dinamitando el multilateralismo, los procesos como la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que tienen una gran inercia para la toma de decisiones (porque requieren del consenso de las partes) son los primeros afectados.
Entonces… ¿qué se acordó en la COP 24 de Katowice?
En este contexto complicado, los países lograron consensuar las principales reglas que establecen cómo los gobiernos medirán, informarán y verificarán sus esfuerzos de reducción de emisiones, un elemento clave, porque permitirá estandarizar los inventarios de emisiones y las promesas de reducción de todos los países, facilitando así su seguimiento y evitando la “contabilidad creativa”.
Si bien el tratamiento algunos temas fue diferido, se cerraron algunas otras cuestiones, aunque no de la mejor manera. En lo que respecta al financiamiento (un tema medular) el consenso se logró utilizando un lenguaje permisivo y ambiguo que desdibujó lo acordado en París con relación a los 100 mil millones que deberían movilizarse para 2020 ya que, al permitir contabilizar fuentes no adicionales, se perdió el objetivo originalmente buscado desde Cancún (2010). Lo que sí quedó claro es que sigue alentándose la participación de capitales privados bajo diferentes modalidades, reforzando la actual tendencia propiciada desde la ONU.
Otra de las cuestiones acordadas en Katowice fue la metodología para monitorear el cumplimiento del Acuerdo de París. Para ello se decidió establecer un comité de cumplimiento de expertos «de naturaleza facilitadora… no contencioso y no punitivo» que podrá investigar los países que no presentan sus NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional) o brinden datos inconsistentes pero… ¡sin imponer sanciones! Otra muestra de soft law que caracteriza los acuerdos ambientales internacionales (o por decirlo lisa y llanamente, hagan trampa con los números, si los descubren… no hay consecuencias)
¿Y las demandas de Transición Justa del Movimiento Sindical?
Cumpliendo con lo acordado entre las distintas centrales durante la COP 23 de Bonn (2017), la CSI elaboró una propuesta de Declaración sobre Transición Justa y Trabajo Decente, que insta a los países a que, al momento de definir los contenidos e implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), de los planes nacionales de adaptación y las estrategias nacionales de desarrollo a largo plazo, se comprometan a abordar seriamente el impacto que tienen el cambio climático y las políticas sobre el clima, respecto a los trabajadores, sus familias y las comunidades.
Esta declaración finalmente formó parte de una de las propuestas que la presidencia polaca de la COP realizó a los países y fue firmada por algo más de 50 Estados (Aproximadamente el 25% del total, entre ellos: Argentina, Perú, Uruguay Méjico, España, Canadá, Francia., Inglaterra, Japón, Bélgica, Portugal, Palestina, Nigeria, Holanda, Estado del Vaticano, Grecia, Nepal, Polonia.) El texto de la “Declaración de Silesia” puede descargarse aquí: https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration.pdf
La Declaración quedo plasmada en los documentos oficiales de la COP, donde se indica que la COP “toma nota de la Declaración de Solidaridad y Transición Justa de Silesia, que reconoce la necesidad de tener en cuenta los imperativos de la transición justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente y empleos de calidad”
El hecho de que la presidencia de la COP ejercida por un gobierno ultra conservador como el polaco haya promovido la Declaración de Silesia y en cierta forma, operado demagógicamente sobre inquietudes válidas relacionadas con el empleo de miles de trabajadores y trabajadoras, no nos tomó por sorpresa y no debería ser motivo para descalificar el contenido de la Declaración. Lo sucedido en Polonia es una muestra más que el concepto de Transición Justa, al igual que el de Desarrollo Sustentable, ya forman parte del vocabulario que el Capitalismo Verde ha hecho suyo y que emplea como Caballo de Troya. Está en nosotros, la clase trabajadora, desenmascararlo dejando claro el verdadero significado y alcance de esos conceptos porque, estar en la mesa de negociación para no ser parte del menú, tiene sus límites.
¿Cómo sigue el proceso para operativizar el Acuerdo de París?
Ante la necesidad de ir cerrando temas, algunas de las cuestiones que estaban impidiendo el avance de las negociaciones fueron sacadas de la agenda, para ser tratadas en próximas reuniones de la COP.
En esa línea, en la próxima COP 24 (2019) que se realizará en Chile (debido a que Bolsonaro retiró la candidatura de Brasil) los países continuarán insistiendo en delinear y consensuar un paquete de reglas vinculadas a la implementación de mercados de carbono, a pesar que ya hace más de una década este tipo de mecanismos -orientados a la mercantilización de los Bienes Comunes- no han logrado progresos para revertir la crisis climática.
En lo que respecta al aumento de la ambición de las promesas de reducción de emisiones planteadas en las NCD presentadas, los diplomáticos acordaron que la cuestión sea resuelta, a más tardar, durante la COP 26 (2020) que se llevará adelante en el Reino Unido o Italia (vale recordar que las promesas realizadas hasta la fecha por todos los países, no bastan para estabilizar la temperatura y nos encaminan a un mundo con un aumento de temperatura promedio de entre 3 y 4 ºC, haciéndolo inviable para una porción muy alta de la humanidad, especialmente los más pobres).
Justicia climática, responsabilidades comunes pero diferenciadas, equidad…
Desde que Trump anunció en 2017 que EEUU se retiraría del Acuerdo de París, la pregunta que todos se hacían era si el proceso en el marco de la ONU podría seguir funcionando. Concluida la COP y a pesar de los magros resultados, todo indicaría que, al menos, los engranajes siguen moviéndose, sin embargo, en un escenario donde los principales líderes europeos (Macron, May y Merkel) están más enfocados en sus problemas domésticos que en el clima, donde el primer paso de Jair Bolsonaro fue renunciar a ser anfitrión de la próxima COP 25 y donde Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Kuwait, cuestionan las bases científicas y las conclusiones de un Informe emanado por el IPCC, es difícil esperar que, en el corto plazo, los tiempos y las ambiciones de la burocracia climática se sincronicen con los del mundo real y que la actitud mezquina de los líderes de los principales países desarrollados cambie.
Por otra parte, el Acuerdo de París y todo el andamiaje que se está elaborando para hacerlo operativo, en algunos aspectos, ha comenzado a reescribir parte de la Convención, reinterpretando el alcance de los principios claves como los de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas. A más de una década de haber irrumpido el discurso del “desarrollo verde”, está cada vez más claro que los intereses de las empresas se anteponen al bien común y en este contexto, el proceso en el marco de Convención de Cambio Climático sigue creando lagunas legales, promoviendo mecanismos que evitan que los países asuman su responsabilidad climática, retrasan la toma de decisiones, anulan los derechos y promueve las situaciones de injusticia.
La “comunidad climática” sigue apostando al maquillaje y atacando los síntomas en vez de enfrentar la enfermedad, confiando en la aparición de alguna tecnología milagrosa que permita enfriar el planeta y en la mano invisible del mercado, cuando en realidad, todo muestra que es imposible encontrar la salida de esta crisis climática perpetuando el modelo económico que la generó.
¿Qué podemos esperar en Argentina?
Con la llegada de Cambiemos, los postulados del desarrollo y la economía verde pasaron a ser política de Estado y todos los “yeites” asociados fueron adoptados y reproducidos en ámbitos nacionales e internacionales, como muestra de la “modernización” y de la “apertura al mundo” de nuestro país.
En esa línea, en Polonia, el Secretario de Ambiente Sergio Bergman aprovechó para hacer alarde de la incorporación de Argentina a la “recargada” Coalición por la Alta Ambición (una coalición que agrupa países desarrollados y en desarrollo que procuran mejorar los esfuerzos globales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París) y se ocupó de dejar claro el apoyo de Argentina a la financiarización de la naturaleza cuando resaltó la necesidad de transmitir más ambición al mercado y a la economía, para no quedarse solo en las buenas intenciones, resaltando que “el sector privado está comprometido en que sus finanzas tengan una vinculación con la sustentabilidad climática” y argumentando que “tiene que ser para ellos un buen negocio ser sustentable”. A confesión de parte, relevo de prueba, diría un abogado.
Así las cosas, el Gobierno plantea dos estrategias generales que operan bajo principios contrapuestos: por una parte, la puesta en marcha por parte del Estado de una serie de acciones políticas orientadas a dar cumplimiento a compromisos climático internacionales (reducir emisiones y generar estrategias de adaptación) mientras que por otro lado, las elites económicas y políticas promueven que “la crisis climática” constituye una oportunidad para aprovechar expansiones productivas y propiciar cambios culturales para la transformación hacia una “economía verde”.
Lo cierto es que el cambo climático se está transformando en una Política Pública multisectorial y territorial con líneas de acción específicas que están teniendo influencia, no sólo en la reorientación de muchas de las actividades productivas, sino además en las formas de organización social.
Limitar el calentamiento terrestre a 1,5 °C requiere transiciones rápidas y de gran alcance que tendrán asociadas transformaciones socioeconómicas sin precedentes. En este contexto, frente al individualismo y la cultura emprendedora, es imprescindible la defensa del bien común y los bienes comunes, implementar políticas que prioricen los intereses colectivos y permitan gestionar las riquezas comunes más allá de las exigencias de rentabilidad del capital, por todo esto, los aportes de la PLADA (Plataforma de Desarrollo de las Américas de la Confederación Sindical de las Américas) como hoja de ruta, no pueden estar ausentes en la discusión.
*Por Joaquín Turco, asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales y trabajador del ENRE
The Conference about Climate Change that was held between December 2 and 15, 2018 in Katowice, Poland, had as the aim to accomplish –after more than two years of negotiations— the called “rules book”, a group of definitions to make operational the Paris Agreement, signed in the COP 21 in 2015.
The negotiations were carried out with very little high level politics presents and under direct pressure of the General secretary of the United Nations who burst in two times in the COP headquarters to demand results after a little crisis occurred in the middle of the negotiation, when United States, Russia, Saudi Arabia and Kuwait, said they didn’t support the conclusions of the Special Report about the impacts associated to a temperature raise of 1,5ºC, elaborated -upon request of every signatory country of the Paris Agreement- by the Intergovernmental Panel of Experts on Climate Change (IPCC)
In a very different world scenario from 36 months ago, when the new right wing nationalisms are dynamiting the multilateralism, the processes like the Framework Convention on Climate Change, which have a great inertia for the decision making (because they require the consensus of all parts) are the firsts affected.
So… ¿What was agreed at the COP 24 in Katowice?
In this complicated context, the countries agreed the main rules which establish how the governments will calculate, inform and verify their emissions reduction efforts, a key element, because it allows to standardize the emissions inventory and the promises of reduction in all countries, facilitating its monitoring and avoiding the “creative accounting”.
Even though the treatment of some themes was differed, other issues were closed, but not in the best way. Regarding the financing (a central theme) the consensus was achieved using a permissive and ambiguous speech which blur what had been agreed in Paris regarding to the 100 billion that should be moved till 2020 because when allowing to count no additional sources, the original objective searched since Cancun (2010) was lost. What was clear is that is still being promoted the participation of private capitals under different modalities, reinforcing the current tendency in United Nations.
Other issue agreed in Katowice was the methodology to monitoring the compliance of the Paris Agreement. It was decided to establish an experts committee of compliance “of enabler nature… not litigious and not punitive” which can investigate the countries that don’t present its NDC or give weak data but ¡without imposing penalties! Another sample of soft law that characterizes the international environmental agreements (or to put it literally, cheat with the numbers, if they discover you… there are no consequences)
¿And the demands of Just Transition of the Trade Union Movement?
Going on with what was agreed between the different centrals during the COP 23 of Bonn (2017), the ITUC make a proposal of Declaration about Just Transition and Decent Work, which urges the countries to, at the moment of defining the contents and implementation of the Nationally Determined Contributions (NDC), of the national plans of adaptation and the development national strategies in the long term, commit to tackle seriously the impact of climate change and the policies about the climate, regarding to the workers, their families and the communities.
This declaration finally was part of one of the proposals that the polish presidency of the COP presented to the countries and was signed by more than 50 States (Approximately 25% of the total, between them: Argentina, Peru, Uruguay, Mexico, Spain, Canada, France, England, Japan, Belgium, Portugal, Palestine, Nigeria, Holland, Vatican City, Greece, Nepal, Poland.) The text of the “Silesia Declaration” can be downloading here: https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration.pdf
The declaration was part of the official documents of the COP, and it indicates that the COP “take note of the Silesia Declaration of Solidarity and Just Transition, which recognize the need of keep in mind the imperatives of the labor force just transition and the creation of decent work and quality jobs”
The fact that the presidency of the COP practiced by an ultra conservative government like the polish had promoted the Silesia Declaration and in a certain way, operated demagogically about valid concerns regarding with the job of thousand workers, didn’t take us by surprise and shouldn’t be reason to disqualify the content of the declaration. What happened in Poland is one more sample that the concept of Just Transition, like that of Sustainable Development, already are taken over by the vocabulary of the Green Capitalism and used as a Troy Horse. Is our responsibility, as working class, to unmask them making clear the true meaning and range of these concepts because to be in the negotiation table and not as part of the menu, has its limits.
¿How will continue the process to make the Paris Agreement operative?
Before the need to close themes, some of the issues that were blocking the advance of the negotiations were removed of the schedule, to be treated in the next reunions of the COP.
In this line, in the next COP 24 (2019) which will take place in Chile (due to Bolsonaro’s retirement of the candidature of Brazil) the countries will continue to insist on delineating and agreeing a pack of rules associated to the implementation of market of carbon, despite that more than a decade ago this mechanisms – orientated to the commercialization of the common goods— didn’t make any progress to revert the climate crisis.
Regarding the increase in the ambition of the emissions reduction promises proposed in the NCDs presented, the diplomatics agreed that the issue must be solved, at the latest, during the COP 26 (2020) which will be carried out in the United Kingdom or Italy (it is good to remember that the promises realized till now by all the countries, are not enough to stabilize the temperature and will bring us to a world with a average temperature increase between 3 and 4 ºC, making them not viable for a portion of the humanity, especially the poorest ones).
Climate Justice, common but differentiated responsibilities, equity…
Since Trump announced in 2017 that EEUU will leave the Paris Agreement, the question that everyone asked themselves was if the process in the frame of the UN could still working. Finished the COP and despite the poor results it left, everything indicated that, at least, the gears were still moving, however, in a scenario where the main European leaders (Macron, May and Merkel) are more focused on their national problems that in the climate, where the first step of Jair Bolsonaro was to renounce hosting the next COP 25 and where the United States, Russia, Saudi Arabia and Kuwait, questioned the scientific bases and the conclusions of an Inform emanated for the IPCC, is difficult to wait that, in the short term, the times and ambitions of the climate bureaucracy will synchronize with the ones of the real world and the mean attitude of the main developed countries leaders change.
On the other side, the Paris Agreement and the entire framework that exists in order to making it operative, in some aspects, had started to rewrite part of the convention, reinterpreting the range of the key principles like common but differentiated responsibilities. More than a decade after the discourse of «green development» burst in, it’s clear that the interest of the companies is put ahead of the common good and in this context, the process within the framework of Climate Change Convention still creating legislative gaps, promoting mechanisms which prevent that the countries assume its climate responsibility, delay the decision taking, nullify the rights and promote unjust situations.
The “climate community” still betting to make up and attacking the consecuences instead of confronting the disease, trusting in the apparition of some miraculous technology which would allow to cold the planet and the invisible hand of the market to solve it all, when in fact, all evidence show that is impossible to find the exit to this climate crisis perpetuating the economic model which generates it.
¿What can we expect in Argentina?
With the arrival of Cambiemos alliance to the government in December 2015, the postulates of development and the green economy became state policy and all of its failures were adopted and reproduced in nationals and internationals fields, as an example of the “modernization” and “opening to the world” of our country.
In that line, in Poland, the Environment Secretary Sergio Bergman took advantage to make a show Argentina incorporation to the Coalition for High Ambition (a coalition which group together developed countries and developing ones who try to improve their global efforts to achieve the objective of the Paris Agreement) and clear up the support of Argentina to the financialization of the nature when emphasized the necessity of transmiting more ambition to the market and the economy, to avoid good intentions only, emphasizing that the “private sector is committing to having its finances linked to climate sustainability” and argued that “it has to be a good business to be sustainable for them”. When there’s a confession, you need no proof, a lawyer would say.
At this point, the government has two strategies which operate under opposing principles: by one side, the launching by the State of some politic actions which aimed to accomplish international climate agreements (reduce emissions and generate adaptation strategies) while on the other side, the economic and political elites promoted that the “climate crisis” is a chance to take advantage of productive expansions and make cultural changes for the transformation towards a “green economy”.
The true is that the climate change is transforming in a multisectoral and territorial Public Policy with specific action lines which are having influence, not only in the reorientation of many productive activities, but also in the social organization forms.
Limit the terrestrial warming to 1,5 ºC require fast and wide range transitions associated to socioeconomic transformations without precedents. In this context, facing the individualism and the entrepreneur culture, is indispensable the defense of the common good and the common goods, implementing policies that prioritize the collective interests and allow managing the common wealth beyond the profitability demands of the capital, for all these reasons, the contributions of the PLADA (Development Platform of the Americas of the TUCA) like our road map, can’t be absents in the discussions.
*By Joaquín Turco, Asessor of the International Relations Secretary and worker of the ENRE (national agency of energy control)