Por Inés Hayes y Nicolás Honigesz-
Concentración económica y destrucción del empleo
Habrá otros ocho millones de desempleados en los próximos cuatro años. Jóvenes y mujeres son los más perjudicados. Crece la flexibilización laboral mientras los ricos son cada vez más ricos.
Detrás de las cifras están las personas. La brecha mundial de empleo, que mide el número de puestos de trabajo destruidos desde el estallido de la crisis en 2008, se sitúa hoy en 61 millones de personas. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para recuperar los puestos laborales demolidos sería necesario generar 280 millones de empleos nuevos para 2019.
Los jóvenes y las mujeres son los más golpeados en todo el mundo por las políticas de ajuste. En 2014 cerca de 74 millones de personas de entre 15 y 24 años buscaban trabajo. Desde entonces la tasa de desempleo de los jóvenes casi triplica a la de los adultos.
A diferencia de otras épocas históricas en las que la formación profesional podía garantizar el acceso a algún tipo de trabajo, en la actualidad el aumento del desempleo en los jóvenes es común a todas las regiones del mundo y prevalece a pesar de la mejora en el nivel de educación alcanzado, situación que atiza el malestar social. Para poder ingresar a trabajar como “telemarketer”, muchos jóvenes en España tuvieron que omitir en sus currículos sus títulos de grado, maestrías e incluso doctorados. Según un informe del Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, dos de cada tres titulados trabajan en empleos para los que están “sobre-capacitados”.
El panorama de la precarización laboral tampoco es alentador: “el número de trabajadores con empleos vulnerables en el mundo ha aumentado en 27 millones desde 2012 y actualmente se cifra en 1.440 millones”, dice el informe de la OIT. Según el documento, tres cuartas partes de los trabajadores del mundo no tienen un empleo estable y formal que no esté sujeto a contratos temporales. En América Latina el 69% de los trabajadores está en esa situación, mientras que en Europa ese porcentaje es del 17%.
El director del Departamento de Investigaciones de la OIT, Raymond Torres, explicó que “los sistemas educativos no conectan lo suficiente con las necesidades del empleo”. En palabras de la organización, África Subsahariana y Asia Meridional registran más de la mitad del empleo “vulnerable” en el mundo, con tres de cada cuatro trabajadores precarizados. Acorde a las previsiones, a finales de esta década uno de cada 14 trabajadores vivirá en condiciones de extrema pobreza.
Las desigualdades en los ingresos han aumentado: en los países sobre los que se disponen datos, el 10% más rico gana un 30 o 40% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre gana alrededor del 2% de la totalidad. “Sólo la cuarta parte de los trabajadores a nivel mundial tiene un contrato que no es temporal o de corta duración”, dijo el director del Departamento de investigaciones de la OIT. La proliferación de los denominados “mini contratos” y “contratos cero hora” es uno de los factores que explica el aumento del empleo inestable. “Son contratos que no garantizan ni siquiera una estabilidad en el horario de empleo. El trabajador tiene que responder a una demanda de la empresa en el caso de que haya trabajo para realizar, debe estar disponible, pero tampoco goza de la garantía de que todas las semanas va a tener el mismo volumen de trabajo”, detalló Torres.
Si bien la OIT no tiene cifras comparativas sobre los contratos “cero hora”, sólo en Inglaterra la Oficina Nacional de Estadística informó que en 2014 697 mil personas fueron empleadas bajo este sistema. En América Latina el crecimiento de la informalidad también es un dato preocupante: más de la mitad de la fuerza de trabajo del continente lo hace en la precariedad. En Perú más del 91% de los trabajadores no tiene contrato estable. En los países de Europa del Este los trabajadores precarizados representan el 12% del total y en África Subsahariana esa cifra alcanza al 72%.
Tentáculos transnacionales
Las empresas trasnacionales influyen directamente en las políticas fiscales, en la inversión pública y en las legislaciones sobre los derechos básicos y elementales como el trabajo y el hábitat, poniendo en jaque las soberanías nacionales y los sistemas democráticos.
Actualmente las grandes empresas están sujetas a leyes impositivas que les permiten transferir sus ganancias y sus ingresos imponibles a países y localidades donde los impuestos son muy bajos o inexistentes. En las últimas décadas han creado mecanismos legales y financieros que les permiten maximizar sus ganancias con el menor costo de producción. Un ejemplo: la empresa Nokia, de fabricación de teléfonos celulares, fue instalada en Alemania con subsidios del gobierno alemán; luego de obtener ganancias millonarias cerró sus puertas, dejó a más de 4.500 trabajadores en la calle y se trasladó a Rumania. La nueva planta de producción recibió subsidios del gobierno rumano y condiciones excepcionales para contratar a 2.300 trabajadores pero años después cerró sus puertas y se trasladó a Asia. En 2015 Microsoft compró Nokia pero unos meses más tarde anunció que ponía fin a sus actividades con dicha empresa y más de ocho mil trabajadores fueron despedidos.
En este proceso uno de los mayores problemas se concentra en las condiciones laborales signadas por la tercerización y la flexibilización laboral. Jorge Castro, trabajador tercerizado de Telefónica Argentina, lo resumió así: “no hay ningún trabajo que haga el trabajador tercerizado que no pueda hacer un trabajador de planta permanente: se escalan los mismos postes, se visitan los mismos usuarios y se realizan las mismas actividades. La diferencia es que nosotros no tenemos vacaciones ni aguinaldo y nuestros contratos se renuevan cada tres o seis meses con salarios muy por debajo de los de un trabajo formal. En Telefónica tenemos compañeros que hace 20 o 25 años están en esta condición de precariedad. Tienen una modalidad de subcontratación en la que Telefónica arma pequeñas empresas con testaferros que las explotan y luego las vacían”, explicó.
Javier de Vicente, secretario de Acción Internacional de la Unión Sindical Obrera (USO) de España, señaló que “el control de los mercados y la concentración económica de las multinacionales es cada vez mayor: ofrecen menos empleo directo con una práctica creciente en la subcontratación. Esas pericias eran utilizadas en una primera etapa en países subdesarrollados, o regiones con escasa protección laboral, pero desde hace más de una década esa fotografía está presente en Europa entre las filas de nuestros trabajadores”.
Según el informe de la organización internacional Oxfam, la riqueza de las 62 personas más poderosas del planeta ha aumentado en más de 500 mil millones de dólares, hasta alcanzar la cifra de 1,76 billones de dólares. El informe también muestra cómo la desigualdad afecta de manera desproporcionada a las mujeres: de las 62 personas más ricas del mundo, 53 son hombres y tan sólo nueve son mujeres. Nueve de cada 10 socios estratégicos del Foro Económico Mundial están presentes en al menos un paraíso fiscal y se estima que los países en desarrollo pierden cada año al menos 100 mil millones de dólares como consecuencia de la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes empresas.
Existen más de 70 paraísos fiscales en el mundo, entre ellos Andorra, Barbado, Liechtenstein, Bahamas, Luxemburgo, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Seychelles. Estados Unidos hospeda grandes sumas de activos de extranjeros en condiciones de fuerte secreto. La inversión empresarial en paraísos fiscales se ha multiplicado casi por cuatro entre 2000 y 2014.
Desde Buenos Aires,
Inés Hayes y Nicolás Honigesz
Mismo fenómeno en el campo
Cargill, ADM, Bunge, Monsanto, Dreyfuss y Bactcher controlan el 90% de la explotación de las riquezas en Paraguay. En Argentina el 93% de las exportaciones de los granos fueron realizadas, según el economista Horacio Rovelli, por más de 10 firmas grandes como Cargill, Nidera, Noble Grain, Louis Dreyfuss, Topfer, ADM, Bunge Cerval, entre otras. Todas estas corporaciones controlan por completo el comercio de cereales y oleaginosas y son acopiadoras de cosechas, es decir, de más de ocho millones de toneladas de granos. En términos generales, la agricultura en América Latina está en manos de transnacionales como Singenta, Cargill, Monsanto, Chiquita Brands, Del Monte, Bayer, Bunge, Stora Enso, Ence. Se calcula que actualmente hay 10 transnacionales que manejan el 90% de la alimentación a nivel global: Kraft (US), CocaCola (US), Pepsico Inc. (US), Kelloggs (US), Nestle (Switzerland), Procter & Gamble (US), Mars (US), Unilever (Britain, Dutch), Johnson & Johnson (US) and J & J (US). Las transnacionales no sólo se apoderaron del denominado “mercado libre global”, sino que condicionan las reglas de juego de los Estados en términos jurídicos, políticos, laborales y económicos.
REVISTA AMERICA XXI – INES HAYES Y NICOLAS HONIGESZ